Por Jorge Agurto
23 de agosto, 2011.- A pesar que el Congreso anterior aprobó el 19 de mayo de 2010 una Ley de Consulta Previa que no fue promulgada por observación del ex presidente Alan García Pérez, el nuevo Congreso recién instalado se apresta a debatir hoy cinco nuevos proyectos sobre el mismo tema. ¿Es que tanto se aprecia el derecho a la consulta o es que la bancada prominera juega (¿en pared?) a postergarla de manera indefinida como sucede hasta hoy?.
La Ley de Consulta Previa aprobada el 19 de mayo de 2010 (1) es un texto que no cayó del cielo de la noche a la mañana. Fue resultado de un trabajo arduo, tenaz, esforzado, de muchos actores sociales e institucionales: organizaciones indígenas, Defensoría del Pueblo, congresistas, asociaciones no gubernamentales, etc.
Su texto final fue consecuencia de muchos "tira y afloja" entre quienes deseaban ver los derechos bastante desarrollados y quienes querían reducirlos al mínimo. Si bien el resultado no fue del agrado de todos por lo menos hubo consenso en que contenía lo esencial y lo básico (2).
Como lo ha remarcado muy bien don Melchor Lima, dirigente de la Confederación Campesina del Perú (CCP), las ocho observaciones del expresidente Alan García no fueron jurídicas sino políticas.
La más grosera de ellas fue sostener de un plumazo, así por que sí, que las comunidades campesinas no son indígenas. Esto, a pesar de los numerosos informes oficiales donde el propio Estado peruano sostiene supuestos avances en el mejoramiento de la condición social de los indígenas peruanos apoyándose en cifras referidas a las comunidades campesinas.
¿Cambio o continuismo?
El nuevo gobierno y el nuevo congreso asumieron el compromiso de restaurar las heridas y las brechas provocadas por la intolerancia y la falta de diálogo intercultural en la expedición de normas y medidas que afectan directamente a los pueblos y comunidades originarias del país, como ocurrió con el paquete de decretos legislativos expedidos a la bruta por Alan García y que sustentó la política vejatoria del "perro del hortelano".
El "baguazo" que enlutó al país y dejó una secuela de 35 fallecidos no debería repetirse nunca más. Y hubo un gran consenso ciudadano en que la expedición de una Ley de Consulta Previa era urgente y necesaria, para evitar se repitan normas inconsultas que luego desencadenen en enfrentamientos inútiles entre peruanos.
La alianza Gana Perú liderada por el Comandante Ollanta Humala y su Partido Nacionalista fue uno de los sectores políticos que con mayor disposición asumió el compromiso de expedir la Ley de Consulta Previa una vez en el gobierno. Son numeros los momentos en que personalmente él, como líder político, o voceros de su agrupación, destacaron su compromiso con los sectores excluidos.
| "Esta intención fallida es incomprensible para una bancada oficialista que se supone goza de las influencias suficientes para concertar una propuesta política de su mayor interés y prioridad" |
Sin embargo, la intención de poner a discusión la Ley de Consulta Previa directamente en la sesión plenaria de la semana pasada fue obstruída eficazmente por la votación opositora de distintas bancadas políticas -incluyendo aliados como Perú Posible- quienes votaron a favor que el tema se trate por el procedimiento ordinario de Comisiones. Esta intención fallida es incomprensible para una bancada oficialista que se supone goza de las influencias suficientes para concertar una propuesta política de su mayor interés y prioridad.
Por la Ley de Consulta propia
Ahora, el panorama se complica. Son cinco los proyectos de ley (3) que lejos de efectuar aportes sustanciales al texto consensuado el 2010 provocarán un nuevo y tedioso trabajo de las comisiones involucradas -de Pueblos y de Constitución- que deberán elaborar dos nuevos dictámenes para llegar a una sesión plenaria en la que deberá votarse por uno u otro o buscarse una fórmula conciliadora para un texto común. Todo este trabajo -y uno previo con la sociedad civil, mucho más amplio aún- ya lo hizo el Congreso anterior.
Lo preocupante es que de todo este enredo el principal responsable político es el gobierno de Gana Perú. Tanto el Ejecutivo como la bancada parlamentaria de esta agrupación son los grandes responsables y serán los principales perdedores políticos si una de sus principales promesas o compromisos de campaña quedan anulados por desidia, desinterés o por falta de capacidad y experiencia política.
El Ejecutivo tiene entre sus manos la potestad de anular por su propia iniciativa las observaciones que formuló el Ejecutivo anterior y así liberar el texto que aprobó el 19 de mayo de 2010. Del mismo modo, tiene la prerrogativa de enviar el mismo texto como un proyecto de Ley del Poder Ejecutivo que el Congreso puede debatir con carácter de urgencia sin pasar por el dictamen de comisiones.
Pero nada de esto prosperará si es que Gana Perú no asume su rol de gobierno promotor de un cambio comprometido con los pueblos y comunidades indígenas, y logra superar en los hechos las obstrucciones políticas que, sin duda, los agentes de la bancada prominera (4) promueven con sigilo y astucia para bloquear cualquier norma que afecte sus intereses meramente lucrativos.
Notas:
(1) Ver texto sustitutorio de la Ley de Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas u Originarios reconocido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
(2) Ver: Jorge Agurto: Autógrafa de la Ley de Consulta: ¿Defenderla o combatirla? en Servindi: http://servindi.org/actualidad/26186
(3) Los proyectos están suscritos por diversos parlamentarios encabezados por Yonhy Lescano (Alianza Parlamentaria), Tomás Zamudio (Gana Perú), Javier Diez Canseco (Gana Perú), Claudia Coari (Gana Perú) y Juan Carlos Eguren (Multipartidario).
(4) Es conocido que 22 candidatos al Congreso de diversas bancadas políticas -muchos de ellos actuales congresistas- recibieron capacitación y financiamiento de la ONG prominera "Reflexión Minera" que preside el influyente empresario Roque Benavides, quién también preside la compañía aurífera Buenaventura.
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