Maritza Quispe

Las comunidades campesinas de Puno, afectadas por la sentencia emitida del TC, han convocado a un paro preventivo para este 23 de marzo de 2022.

"Si el Estado no está en la capacidad de adoptar medidas idóneas de protección hacia estos pueblos, no debería permitir actividades extractivas que pongan en peligro la vida y salud".

A la fecha, el manejo de la crisis sigue siendo motivo de preocupación para las organizaciones indígenas y la sociedad civil, debido a la ausencia de un enfoque de DD. HH.

La demanda busca tutelar el derecho a un medio ambiente sano y equilibrado frente a la inminente construcción de la Central Hidroeléctrica Chadín 2 en el Río Marañón.

El 10 de abril el Primer Juzgado Civil de Loreto emitió sentencia en la demanda presentada por los asentamientos humanos Iván Vásquez y 21 de setiembre, distrito de Punchana.

La autora analiza, a propósito de la nueva Ley de Hidrocarburos, la idoneidad del recurso de amparo para la exigibilidad del derecho a la consulta previa.

Existe un vacío normativo constitucional para defender a los pueblos indígenas en aislamiento voluntario y contacto inicial, los más vulnerables, amenazados e indefensos.

Informe jurídico demuestra la inconstitucionalidad de “Estados de Emergencia” que se han convertido en un arma para neutralizar las quejas de la población.

Es inconstitucional el estado de emergencia en una zona donde no ha existido perturbación de la paz social, afirma la abogada Maritza Quispe, en declaración para Ideeleradio.

El Parque Nacional Sierra del Divisor está habitado por diversos pueblos indígenas en situación de aislamiento. El 98% de este parque se superpone a una reserva indígena.