Estado, territorio y pueblos indígenas en Colombia

Presentación de arcos en el Resguardo Indígena de Caño Mochuelo en Casanare. Foto: Derechos Indígenas

9 de setiembre, 2013.- Una mirada sucinta y comprensiva sobre la situación jurídica, social, económica y cultural de los pueblos indígenas, con algunas luces pero con sombras y con acuerdos inter-culturales que aún están pendientes.

Por Marcela Velasco*

Críticas al Estado

Es frecuente que el Estado colombiano reciba críticas de parte de la comunidad internacional sobre su relación con los pueblos indígenas.

En su informe más reciente, Amnistía Internacional advierte que más de una tercera parte de los pueblos indígenas de Colombia están amenazados con “exterminio” y se enfrentan a una situación difícil como resultado del desplazamiento forzoso, las incursiones violentas y la imposición de megaproyectos, todo esto empeorado por las firmas de tratados de libre comercio.

Por su lado, en el Día Internacional de los Pueblos Indígenas celebrado el 9 de Agosto, el Secretario General de las Naciones Unidas Ban Ki-moon les recomendó a todos los gobiernos “honrar los tratados que sostienen con los pueblos indígenas, sin importar cuando se hayan firmado”.

Estas críticas destacan la violencia estructural y el mal funcionamiento de las instituciones como problemas de fondo en la relación entre el Estado colombiano y los indígenas.

El conflicto por la tierra

Niños indígenas Nukak Maku en Guaviare. Foto: Santiago La Rotta.

Para los pueblos indígenas la dimensión central del conflicto es el territorio.

El territorio es un espacio político, cultural y económico que contiene relaciones sociales específicas, formas distintas de uso y apropiación de los recursos naturales. También incluye visiones, imaginarios e identidades construidas por la gente que lo habita.

Los territorios indígenas de las distintas regiones de Colombia han sido incorporados (léase también colonizados o dominados) en diferentes épocas, obligando a sus gentes a adoptar estrategias de resistencia y adaptación para sobrevivir como culturas. Y no importa la época, el proceso ha sido violento y ha dado como resultados una disminución en el peso numérico de la población y un debilitamiento como pueblos indígenas.

Pese a estas condiciones adversas, los indígenas han logrado presionar cambios institucionales para proteger sus tierras. En el siglo XX se dieron dos momentos importantes de resistencia que le abrieron paso a los derechos territoriales en Colombia:

Primero fueron las luchas del terrajero Nasa Manuel Quintín Lame, cuyo legado organizativo para la siguiente generación fue el uso estratégico de las instituciones del Estado colombiano para obligar el cumplimiento de leyes justas y hacerle resistencia civil a las injustas. El propósito era mantener los resguardos indígenas, instituciones territoriales colonialistas pero adaptables a la supervivencia económica, política y cultural de los indígenas. En este empeño contó con el respaldo de movimientos sociales que defendían la interpretación de la ley a favor de las comunidades (1).

Las ideas de Quintín Lame fueron retomadas por el movimiento indígena de los años setenta bajo la consigna de “autonomía, tierra y cultura”. Este movimiento aprovechó las leyes de reforma agraria que abrían oportunidades políticas a los grupos indígenas y se encargó de revivir la institución del resguardo desplazando a los líderes patrocinados por terratenientes o entrando en conflicto con la iglesia católica y sus prácticas de aculturación.

Instituciones y pueblos indígenas

Río Guiza en el Resguardo Quaiquer Viejo, Nariño. Foto: UNHCR/ACNUR Américas

Por otra parte, hacia fines del siglo XX la comunidad internacional empezó a responder a las denuncias y exigencias de los movimientos anti-colonialistas que venían emergiendo desde los años cincuenta en el tercer mundo. El derecho internacional adoptó su ideario y lo plasmó en la exigencia a los Estados nacionales de adoptar las medidas necesarias para garantizar la autodeterminación de los pueblos indígenas dentro de la jurisdicción nacional.

En Colombia se conjugaron las demandas del movimiento indígena con las declaraciones internacionales firmadas por el gobierno y con la Constitución de 1991 para establecer una de las reformas más avanzadas de América Latina en materia de derecho territorial y autonomía indígena. El propósito era pacificar la sociedad colombiana mediante el aumento de las autonomías territoriales, incluyendo a los cabildos indígenas. La nueva institucionalidad quería echar las bases de un Estado Social de Derecho y relegitimar al Estado.

Brecha entre lo formal y lo real

Las reformas de los años noventa en Colombia fueron muy positivas para los pueblos indígenas:

La nueva Constitución reivindicó derechos de propiedad colectiva y la autonomía política para salvaguardar los medios de vida de pueblos indígenas, muchos de ellos amenazados por la explotación intensiva de los recursos naturales en sus tierras.

La reforma del Estado les garantizó la autonomía étnico-política, incluyendo derechos a transferencias para invertir en salud, educación, saneamiento y otros servicios sociales; asimismo, hubo un claro reconocimiento de los usos y costumbres de cada pueblo.

Sin embargo, existe una gran discrepancia entre la letra de la ley y lo que sucede en la realidad (2). Los informes de la ONU, de Amnistía Internacional y diversos estudios nacionales han registrado las frecuentes violaciones de los derechos humanos de miembros de las comunidades indígenas, como también la apropiación de las economías regionales por parte de grupos armados (3).

En este escenario, la autonomía ha sido ejercida sólo por aquellas comunidades que han podido resistir la violencia y han exigido que los gobiernos nacional y regional cumplan con sus responsabilidades. Pero, en un contexto de despojo y agresión contra pueblos debilitados por grandes cambios socioeconómicos, es difícil que se den estas condiciones y que se afiance la gobernanza multicultural (4).

La diferencia entre la intención de las reformas y el resultado real se explica también por la manera como las nuevas instituciones fueron territorializadas o adaptadas a las complejas realidades locales y regionales. En gran parte del país, las reformas se encontraron con un contexto de debilidad institucional, corrupción gubernamental y cambios económicos basados en el uso intensivo de la tierra, lo cual le ha dado espacio a los intermediarios que actúan contra los derechos de las comunidades.

Mientras tanto, no ha existido voluntad política del gobierno para respaldar los derechos territoriales y de autonomía de los indígenas.

Economía y comunidades indígenas

Los cambios en la economía también han afectado a las comunidades indígenas.

La economía colombiana se ha ido adaptando a un modelo extractivista y se ha reanudado el interés por tierras que antes eran consideradas periféricas y que ahora prometen grandes ganancias con la explotación de los recursos naturales. Como lo describe un reciente análisis del Colectivo Jenzera, se están cambiando las condiciones tradicionales de organización y de trabajo, sin ofrecerle alternativas a la gente.

Estos cambios en los usos de la tierra han producido transformaciones sociales importantes:

Han arribado nuevos pobladores que llegan a tomar decisiones sobre el uso de los recursos, los sistemas alimentarios y el manejo de la tierra.

Se han suplantado los liderazgos tradicionales y han surgido líderes oportunistas que solo buscan riqueza.

Por otro lado, también las instituciones del Estado son débiles e inoperantes y de ello sacan ventaja los intermediarios que buscan rentas o pretenden apropiarse de los recursos. En algunas ocasiones se ha constatado la complicidad de autoridades indígenas que se atribuyen la representación de sus comunidades.

También hay regiones donde la gobernanza territorial muestra resultados muy alentadores, donde las autoridades locales indígenas y no indígenas han actuado de forma coordinada, han resuelto problemas colectivos y han logrado trabajar de forma inter-cultural (5).

Necesidad de acuerdos interculturales

El movimiento indígena reivindicó las nuevas instituciones territoriales como punto central de sus consignas políticas, y el Estado respondió a estas demandas como un derecho constitucional, no como un tratado entre pueblos.

No obstante, estas instituciones reformaron de manera positiva las relaciones entre indígenas y no indígenas, y su buen funcionamiento tendría resultados beneficiosos para la gobernanza local y el buen uso de los recursos, incluyendo los recursos naturales.

Para que las reglas no se reduzcan a formalismos legales, es importante reconocer la realidad multicultural de Colombia para llegar a nuevos acuerdos inter-culturales que hagan posibles y den contenido real a los derechos territoriales indígenas.

Notas:

(1) Velasco, Marcela. (2011). Contested Territoriality: Ethnic Challenges to Colombia’s Territorial Regimes. Bulletin of Latin American Research, 30(2).

(2) Velasco, Marcela. (Próxima publicación). The Territorialization of Ethno-political Reforms in Colombia: Chocó as a Case Study. Latin American Research Review.

(3) Ibidem.

(4) Jaramillo, Efraín. (2011). Los indígenas colombianos y el Estado: Desafíos ideológicos y políticos de la multiculturalidad. Bogotá: Jenzerá e IWGIA.

(5) Velasco, Marcela, op.cit (Próxima publicación). The Territorialization of Ethno-political Reforms in Colombia: Chocó as a Case Study. Latin American Research Review.

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* Marcela Velasco es profesora asistente de Ciencia Política de la Colorado State University, y miembro del Colectivo de Trabajo Jenzerá.