Por Javier Ugaz
Servindi, 2 de julio, 2011.- Uno de los últimos actos de decencia del Congreso que se va fue la presentación en libro del informe sobre Consulta Previa que contiene un estudio sobre este derecho y su aplicación como un instrumento de gestión estatal y del Parlamento peruano.
La Comisión Especial Multipartidaria encargada de estudiar y recomendar la solución a la problemática de los pueblos indígenas, que preside la congresista Gloria Ramos Prudencio, fue la encargada de elaborar dicho documento.
La presentación
Cerca de 200 personas asistieron el pasado lunes 27 de junio a la Sala Grau del Congreso para escuchar a los especialistas César Gamboa (DAR), Alejandro Diez (PUCP), Adda Chuecas (CAAAP) y Lilian Landeo (Pro 169- OIT) y recibir un ejemplar del libro.
Además participaron los legisladores Washington Zeballos (presidente de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología), Hilaria Supa (presidenta de la Comisión de Educación) y Gloria Ramos. También estuvieron la legisladora Elizabeth León y los congresistas recién electos Claudia Coari y Modesto Julca.
Ramos Prudencio dio cuenta de las dificultades que afrontaron como comisión para llevar adelante un estudio sobre el problema indígena en el país, en especial de la implementación del derecho de consulta por parte del Estado y de cómo el oficialismo puso trabas para la aprobación de dicho documento.
Por su parte, Alejandro Diez señaló que la multiplicidad de culturas obliga a un compromiso mutuo entre la sociedad y el Estado respecto de qué hacer con los recursos. Lo que realmente está en juego son las diferentes maneras de pensar, comprender, comunicar y proyectar el futuro.
La consulta es una necesidad pues sin ella no hay ni ejercicio democrático ni gobernabilidad, precisó.
Para César Gamboa es necesario el desarrollo de un proceso de ordenamiento territorial con la participación de todos sus actores, incluidos los pueblos indígenas y la aplicación de instrumentos de evaluación ambiental estratégica.
En el prólogo del libro, Gamboa sostiene además que el Perú tiene una deuda histórica, social, política, económica y legal con los pueblos indígenas.
Lilian Landeo informó que el Comité de Expertos de la OIT alcanzó este año al Estado peruano trece preguntas sobre el cumplimiento e implementación del Convenio 169 y que se le ha exhortado al Gobierno que asegure el pleno respeto de los derechos humanos con disposiciones específicas para los pueblos indígenas.
Ada Chuecas explicó que la consulta consiste en un diálogo intercultural obligatorio de los Estados que no lo exonera de su obligación de reconocer e implementar el Convenio 169 y de la propia Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas.
Asimismo insistió en el principio de buena fe para la construcción del diálogo y el reconocimiento del otro como diferente. Hizo, además, hincapié en las necesarias reformas institucionales y en el fortalecimiento de la institucionalidad estatal que vele por los pueblos originarios.
Finalmente, todos coincidieron en que el próximo Congreso apruebe la Ley de Consulta Previa.
Bagua
El informe Consulta Previa. Derecho fundamental de los pueblos indígenas e instrumento de gestión estatal para el fortalecimiento de la democracia, fue presentado el 27 de mayo de 2009 a la Presidencia del Congreso, días antes de los sucesos de Bagua. El paro amazónico llevaba más de mes y medio sin que el Gobierno le diera solución.
El oficialismo rechazó el pedido de Ramos Prudencio para que el pleno del Parlamento adoptase las recomendaciones de su comisión, en especial, la derogatoria de una serie de decretos, incluida la denominada "ley de la selva" y la aprobación de mecanismos de consulta para los pueblos indígenas.
El primer informe de la comisión de Gloria Ramos estaba dedicado al análisis de los decretos legislativos vinculados a los pueblos indígenas y promulgados por el Ejecutivo en el marco del TLC con Estados Unidos, y fue presentado en enero de 2009.
A pesar de que este primer informe fue aprobado por el Pleno del Congreso el 7 de mayo de 2009, el mismo se negó a iniciar los procedimientos adecuados para la derogatoria. En medio de esta irresponsabilidad, sobrevino el baguazo.
El libro informe
El informe sobre Consulta Previa que ahora ve la luz en forma de libro, gracias al auspicio del Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP) y de la organización Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR) representa un valioso aporte para el estudio del derecho de consulta previa.
Sistematiza también los diversos eventos académicos, audiencias públicas y mesas de trabajo que realizó la comisión con las organizaciones indígenas y con especialistas en el tema.
Uno de los aspectos que generó mayor resistencia en el oficialismo es el capítulo IV que propone la incorporación de la consulta previa en el Reglamento del Congreso de la República, en concordancia con el artículo 6 del Convenio 169 que obliga a los gobiernos a consultar cuando se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectar a los pueblos indígenas.
La conclusión núm. 15 del informe advierte: "en tanto que el Reglamento del Congreso es de fecha posterior a la vigencia del Convenio 169, al no contemplar la Consulta Previa, podría ser considerada como una norma incompatible con el Convenio y por ende con la Constitución".
Asimismo, el informe concluye que la consulta previa deberá implementarse en todos los niveles de gobierno y en todos los sectores del Estado.
"El Poder Ejecutivo está obligado a implementar el Convenio a través de los diferentes ministerios o dependencias, con participación y consulta de los pueblos indígenas, mientras que al Poder Judicial le corresponde observar las formalidades y garantías que establece el Convenio 169 OIT, especialmente sobre la Consulta Previa" (conclusión núm. 14).
Los responsables de la elaboración del informe fueron el abogado Handersson Casafranca y la antropóloga Yndira Aguirre.
Los que deseen visitar el portal de la Comisión Especial Multipartidaria pueden visitar la siguiente dirección:
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