La consulta previa es el derecho de los pueblos indígenas u originarios que busca lograr acuerdos con el Estado. Desde el 2013 a la fecha se han realizado 83 procesos de consulta previa en el país.
Servindi, 23 de diciembre, 2022.- El Ministerio de Cultura, a través del viceministerio de Interculturalidad, capacitó a 23 241 ciudadanos, sobre la importancia del derecho a la consulta previa, su marco normativo y etapas.
Ello se realizó con la finalidad de fortalecer el diálogo intercultural a nivel nacional. También se compartieron criterios de identificación de pueblos indígenas u originarios, así como información sobre sus otros derechos.
La consulta previa es un diálogo intercultural entre el Estado y los pueblos indígenas u originarios, a fin de llegar a acuerdos sobre las propuestas de planes, programas y proyectos; así como medidas legislativas, que pudieran afectar de manera directa sus derechos colectivos.
En ese sentido, fueron capacitados 16 725 representantes de pueblos indígenas u originarios, y 6 516 servidoras y servidores públicos.
Desde la Dirección de Consulta Previa del viceministerio de Interculturalidad, desde el 2013 se ha desarrollado diferentes espacios de capacitación, tanto virtuales como presenciales.
Entre ellos destacan los talleres macro regionales dirigidos a líderes y lideresas indígenas, además de los talleres virtuales para jóvenes líderes y lideresas indígenas.
También se realizaron talleres presenciales dirigidos a servidores públicos de los gobiernos regionales y locales, ministerios y viceministerios, a las Direcciones Desconcentradas de Cultura, entre otras instituciones.
Ello junto a las seis ediciones del curso virtual autoguiado “El Derecho a la Consulta Previa”, dirigido al público en general y servidores públicos, modalidad que tuvo un alcance nacional, llegando a los 24 departamentos del Perú y al Callao.
Participaron servidoras y servidores públicos de 18 ministerios, 13 gobiernos regionales, 5 municipalidades provinciales, 10 municipalidades distritales, el Programa Nacional de Telecomunicaciones, Senace, Sunat, Sunarp, ANA y Foncodes.
Asimismo, Indecopi, ProInversión, Reniec, Sernanp, Perupetro, Contraloría General de la República, Ministerio Público, Poder Judicial, Congreso de la República, las Direcciones Desconcentradas de Cultura (DDC) y Defensoría del Pueblo, entre otras instituciones del Estado.
También participaron estudiantes universitarios y miembros de organizaciones no gubernamentales (ONG).
Al respecto, la directora de Consulta Previa, Ángela Hernández, dijo que los cursos virtuales sobre el derecho a la consulta previa buscan reducir las brechas de acceso a la información especializada.
En ese sentido, toma en cuenta las necesidades del público en general; así como su proceso de aprendizaje, en el tiempo y horario que dispongan.
Indicó, además que, “durante el año 2023 se redoblarán los esfuerzos para llegar con más cursos, talleres y eventos de difusión a más personas para seguir construyendo un país intercultural donde valoremos nuestras diferencias, y encontremos oportunidades de crecimiento conjunto”.
Datos
- Para el 2023 se tiene programado la implementación de 4 ediciones del curso virtual “El Derecho a la Consulta Previa”.
- En el Perú viven cerca de 6 millones de peruanos y peruanas que se autoidentifican como parte de alguno de los 55 pueblos indígenas u originarios.
- Los pueblos indígenas u originarios tienen derechos colectivos como el derecho a elegir sus prioridades de desarrollo, a la tierra y al territorio; a la consulta previa, a la educación y salud intercultural y a conservar sus tradiciones. (Derechos reconocidos en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo - OIT)
Conoce más sobre la consulta previa y accede a información actualizada sobre los avances de los procesos que se vienen implementando en el Perú, en el siguiente enlace: https://consultaprevia.cultura.gob.pe/
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Comentarios
Personas capacitadas por el
Personas capacitadas por el Ministerio de Cultura solamente para implementar la estafa peruana de consulta previa, que auspician no solo los Gobiernos y empresas extractivistas sino también varias organizaciones de "sociedad civil" nacionales e internacionales, que basan sus ingresos económicos en promover una mentira que pisotea derechos de gente que a su vez no tiene dinero para defenderse de esos falsos aliados. Qué mundo tan injusto. Consulta previa sin reconocimiento del derecho al consentimiento es pura pantomima. Consulta previa con procedimientos rígidos, burocráticos y formalistas es coacción. Consulta previa sin discutir impactos ambientales, sociales y culturales es una agresión a la vida. Consulta previa sin pago de beneficios económicos ni indemnizaciones a las comunidades, es un robo. Este Gobierno que cayó, en lugar de seguir distrayendo dinero en "capacitaciones" sobre un modelo de consulta previa fraudulento, debió modificar el reglamento de la ley de consulta previa para adecuarlo a los derechos de los pueblos originarios. Y los nuevos Gobiernos que vengan tampoco harán la gran diferencia.
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