Piden que la minera Glencore, que realizó la compra irregular según especialistas, sea más responsable con sus procedimientos y no afecte a los pobladores de la zona.
Servindi, 5 de julio, 2022.- Las comunidades de Huano Huano, Pacopata y Huini Coroccohuayco, de la provincia de Espinar (Cusco) fueron desplazadas tras la venta inconsulta de sus hectáreas a la minera Glencore en lo que especialistas denominan un acto irregular.
Glencore adquirió las tierras a 65 dólares la hectárea, comprando un total de 408 hectáreas como parte del proyecto Coroccohuayco, que les da un permiso para operar 30 años más en la zona.
La vulneración de derechos por parte de la minera se da en un contexto en el que no se ha considerado que estas tierras son comunitarias y que su venta individual, sin previo acuerdo de la comunidad, no estaría permitida.
Felipe Kana, presidente de la Comunidad de Pacopata, pide que la minera sea más responsable con sus procedimientos y no afecte a los pobladores de la zona, quienes han sido desplazados de sus hectáreas sin alguna garantía.
“No se les ha reubicado a las poblaciones, les han puesto en otro lado, donde no tienen las mismas condiciones para sembrar, el territorio para nosotros es nuestro sustento desde nuestros ancestros”, agrega Kana.
Compra ilegal
Para Ana Leyva, subdirectora de CooperAcción, Glencore no ha considerado que estas tierras son territorio indígena y no predios privados.
“Una cosa es un predio, un espacio de suelo para cultivar y otra muy distinta es un espacio vital donde una comunidad desarrolla sus actividades”, señaló.
Según el Instituto de Defensa Legal (IDL), la compra de estas tierras carece de legalidad ya que la empresa lo ha hecho de manera individual y no bajo un consenso comunal, según el artículo 7 de la Ley General de Comunidades Campesinas.
Asimismo, se señala que esta compra es irregular porque un comunero no tiene la facultad de vender tierras comunitarias.
“En asamblea, solo ⅔ de los comuneros calificados pueden tomar la decisión de la venta de tierras de la comunidad”, indicó el IDL.
La falta de un estudio de impacto ambiental también pone en peligro a estos distritos. “Los comuneros debieron pronunciarse en relación a si esas medidas son idóneas o no, porque conocen su territorio, esa oportunidad no ha habido”, explica Leyva.
También agrega que, en el caso peruano, no hay una legislación que obligue a las empresas a mostrar los impactos ambientales en la comunidad, por lo que muchas veces no existe la voluntad de hacerlo.
No es la primera vez que Glencore afecta la salud y bienestar de las zonas donde opera: estudios realizados a 13 comunidades de Espinar verificaron la presencia de arsénico y otros metales en las muestras de agua analizada.
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