La población viene demandado la reformulación del convenio con la minera y la atención a afectaciones ambientales.
Servindi, 27 de agosto, 2022.- Ciudadanos y ciudadanas de las comunidades de Espinar, en Cusco, fueron reprimidas por la policía en medio del paro que realizan contra de la minera Glencore Antapaccay.
Entre sus demandas se encuentran la reformulación del convenio con la minera, así como la entrega de un bono adicional por la crisis económica y el alza del costo de vida.
Las comunidades denuncian la falta de responsabilidad e incumplimiento de la agenda ambiental por parte de la empresa minera, así como la sobrevaloración de precios.
Actualmente, se desarrolla un proceso de diálogo dirigido a la Consulta Previa para la ampliación del proyecto de Integración Coroccohuayco, en la provincia de Espinar, donde viven alrededor de 40 mil personas.
Paro
La protesta inició el martes 23 de agosto, cuando centenares de personas se congregaron en la Plaza de Armas de Yauri, capital de la provincia de Espinar.
Como reporta el Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú (OCM), la manifestación comenzó a tomar mayor fuerza a partir del jueves 25 de agosto, tras el bloqueo del corredor minero del sur, en el distrito de Condoroma,
En el transcurso de esta manifestación, la policía detuvo a los dirigentes del Comité de lucha y, de igual forma, agredió a grupos de mujeres y varones que participaban en un plantón frente a la sede de la Municipalidad Provincial de Espinar, en Yauri.
De acuerdo a medios locales, entre las agresiones físicas a mujeres y adultos mayores por parte del personal policial, también se realizaron insultos y comentarios contra la dignidad de la población.
#Alerta | Golpean y #detienen a dirigentes del Comité de Lucha de #Espinar, entre ellos: Sergio Humaní. Comunidades y toda la provincia exigen bono de 2000 soles a través del Convenio Marco que ya tienen con la minera #Antapaccay. El precio del cobre ha vuelto a subir. pic.twitter.com/LG0z7Y5FIs
— Red Muqui Perú (@RedMuqui) August 25, 2022
Por otro lado, la empresa Antapaccay estaría optando por la judicialización, como lo ha hecho con Sergio Huamaní, presidente del Frente de Lucha, al enviarle una carta notarial para que se retracte de sus denuncias.
Como viene registrando Derechos Humanos sin Frontera (DHSF), en los últimos años, tres dirigentes ha sido querellados por operadores del consorcio, en una estrategia que tendría como fin amedrentar a la población que protesta.
Demandas
En medio de este nuevo ambiente de conflictividad, las exigencias de la población se enfocan en la reformulación del Convenio Marco con la minera y de un bono de 2 mil soles.
Como indicó a Red Muqui el director ejecutivo de DHSF, Oracio Pacori, actualmente la población está considerando el tema económico debido al impacto de las restricciones por la pandemia.
Junto a este factor, están presentes las exigencias por la remediación de la contaminación en las fuentes de agua especialmente, una demanda que ha cobrado fuerza desde hace 10 años.
“Para la población está claro que si los impactos negativos de la minería no son remediados, atendidos o tratados adecuadamente van a terminar en momentos álgidos de conflictividad”, explicó Pacori a Red Muqui.
Ante las evidencias de la directa afectación a la salud de las personas por la exposición a metales pesados, las demandas se intensificarían, de acuerdo a Pacori.
Afectaciones históricas
El director de DHSF recordó que, tras 40 años de actividades de la minera en Espinar, la eventual ampliación de operaciones podría sumar una serie de nuevos impactos ambientales y en la vida de las personas de las comunidades.
Las demandas por la reformulación del convenio con la minera, el que contiene aspectos ambientales y económicos, no son nuevos. Ha sido parte de los continuos conflictos de la población con la empresa minera.
Glencore Antapaccay es señalada de administrar los recursos económicos con poca transparencia junto con la Fundación Tintaya. Asimismo, el gobierno local administra parte del canon minero.
- Con información de Red Muqui y el Observatorio de Conflictos Mineros.
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