Servindi, 18 de mayo, 2011.- El informe "El Derecho a la consulta previa, libre e informada de los pueblos indígenas. La situación de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú" advierte que los conflictos sociales en América Latina aumentan en número e intensidad y amenazan la gobernabilidad y estabilidad de varios países.
Esto sucede “cuando los proyectos de extracción de recursos naturales y de infraestructura se realizan sin consultar previa y adecuadamente con las comunidades indígenas o tribales.”
“La Región Andina, por su riqueza natural y por la gran cantidad de comunidades indígenas, tribales, campesinas o nacionalidades que habitan en ella, representa un claro ejemplo de la necesidad de explorar caminos diferentes a los que se han revelado ineficaces para resolver los conflictos sociales que han amenazado y aún amenazan la gobernabilidad democrática”
Cuestionan que “los miembros de los pueblos indígenas de la Región Andina se encuentran, sin previo aviso y sin ser consultados, ante la realidad de proyectos que ya están en ejecución o próximos a ejecutarse en sus tierras”.
Explican que los pueblos indígenas encuentran múltiples dificultades para acceder a la información y “por el retraso histórico en el reconocimiento legal, titulación y demarcación de sus tierras, lo que los pone en una situación de extrema vulnerabilidad y falta de poder frente al Estado mismo y frente a las empresas que llegan a sus territorios”
El documento destaca la “necesidad urgente de contar con mecanismos para que los pueblos indígenas y tribales no sólo sean partícipes de las decisiones que afectan sus derechos sino artífices de su progreso como propietarios reales y -en muchas ocasiones- ancestrales de las tierras en las que habitan”.
El informe fue elaborado por el Programa de Industrias Extractivas de la Confederación Internacional OXFAM en Sudamérica y la fundación para el Debido Proceso Legal (DPLF, por su sigla en inglés: Due Process of Law Foundation).
OXFAM y DPLF consideran útil difundir información sobre el marco jurídico internacional y los desarrollos producidos en esta materia por los sistemas jurídicos internacionales ya se trate de las Naciones Unidas, el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos entre otros.
La finalidad es promover un mayor uso de los mecanismos institucionales nacionales e internacionales -incluidos los judiciales- disponibles, señalan. Asimismo, que los estados promuevan el desarrollo pero también el bienestar de los pueblos indígenas, respetando su cosmovisión.
Los interesados pueden descargar el resumen ejecutivo del informe en versión inglés y español o acceder al documenti completo de 100 páginas con un clic en el siguiente enlace: http://dplf.org/uploads/1301680587.pdf.
Organización del informe
La primera parte contiene un resumen de las principales regulaciones internacionales que surgen de los principales instrumentos internacionales en la materia y de los organismos internacionales con competencia para conocer y pronunciarse sobre esta temática.
Estas regulaciones provienen de diferentes órganos en forma coincidente, lo que refuerza su validez nacional e internacional.
La segunda parte contiene un análisis jurídico fáctico de los cuatro países de la Región Andina, que resalta tanto los avances que se han producido a nivel constitucional, legal o judicial, como los obstáculos o retrocesos, que se ejemplifican con algunos de los casos emblemáticos que han tenido resonancia nacional e internaciona.
En su parte final el informe contiene una serie de recomendaciones específicamente diseñadas para cada uno de los actores involucrados, a saber: los Estados, las empresas, los pueblos indígenas, la sociedad.
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