Servindi, 10 de mayo, 2019.- El Poder Judicial admitió la demanda de amparo presentada por la Organización Indígena ORPIO, mediante la cual solicita la consulta previa del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de la Hidrovía Amazónica.
La demanda se fundamenta en que la medida administrativa que aprobaría el EIA debe ser materia de consulta previa por impactar en los derechos colectivos de los pueblos indígenas.
La decisión la adoptó la Primera Sala Constitucional tras más de un año de proceso. En junio de 2018 se declaró improcedente la solicitud en primera instancia.
Ante la apelación de las organizaciones ORPIO y AIDESEP, la segunda instancia enmendó y declaró nula esa resolución en enero de 2019.
Jorge Pérez Rubio, presidente de ORPIO, destacó que durante más de un año catorce pueblos indígenas ubicados en el área de impacto del proyecto demandan la consulta previa del EIA.
“Consideramos que el proceso como se ha realizado el EIA es ineficiente. La consulta previa debe realizarse en cada una de sus etapas y no solo al inicio de un proyecto” remarcó el dirigente indígena.
El EIA del proyecto Hidrovía Amazónica fue rechazado dos veces por el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE), entidad que formuló 48 observaciones para admitirlo a evaluación.
Entre las observaciones el SENACE observa falencias como no identificar y describir las zonas críticas donde se realizaría el dragado, ni sus características ambientales.
Tampoco, incluye información sobre las características y descripción del mijano o temporada de grandes migraciones de peces, que es un proceso clave para las actividades socioeconómicas de las poblaciones locales.
En el 2015 se consultaron los Términos de Referencia para elaborar el EIA, documento que carecía de información detallada sobre los impactos potenciales del proyecto y sobre las medidas de mitigación para contrarrestarlos.
El proyecto ha venido recibiendo un contundente rechazo de parte de las organizaciones indígenas debido a la ausencia de información técnica social y ambiental clara sobre sus impactos y como mitigarlos.
No se cuenta con el marco normativo del sector Transportes que garantice un adecuado desarrollo del proyecto, ni se ha tomado en cuenta estudios técnicos para saber el impacto de dragar los ríos.
Está en manos del Poder Judicial analizar esta demanda y dar un fallo favorable a la consulta previa del EIA del proyecto Hidrovía Amazónica y ésta se realice previo a continuar con el avance de este proyecto.
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— Anna Monterosa (@MonterosaAnna) 6 de abril de 2019
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