Servindi, 28 de abril, 2019.- Compartimos nuestro boletín semanal de noticias, edición Perú, con algunos de los hechos más destacados de la semana en el ámbito indígena y ambiental del país. Se autoriza la libre reproducción y difusión. Todos los derechos están compartidos.
El actual resumen de noticias de Servindi es locutado por Indira Armendariz y Julio Quispe.
Mundo Indígena al 28 de abril de 2019
Nefasto legado ambiental. Las políticas ecológicas del expresidente peruano Alan García no serán su mejor herencia política pues acumula un triste legado ambiental.
El caso más emblemático fue el conflicto ocurrido en Bagua, en la selva norte peruana, en el año 2009, que dejó un saldo de más de 40 muertos entre policías e indígenas.
Su gestión se caracterizó también por emitir normas antiambientales como el “decreto de urgencia” N°4335 que lanzó en 2010, para desregular la certificación ambiental de obras en la Amazonía.
Asimismo, como lo reveló el portal Convoca, durante el segundo gobierno de García se batió un récord de informes de supervisión ambiental archivados.
Aidesep respalda políticas de género. La organización indígena Aidesep se mostró a favor de la Política Nacional de Igualdad de Género.
En un pronunciamiento formuló 11 propuestas indígenas para superar los abusos que se vienen cometiendo contra las mujeres.
Señaló que dicha política permitirá reducir la violencia hacia las mujeres, garantizar sus derechos a la salud sexual y reproductiva, su acceso y participación en toma de decisiones, entre otros.
Criminalización de la protesta. Juan José Quispe, abogado del Instituto de Defensa Legal, denunció que el Código Penal es usado para criminalizar a los líderes ambientales y defensores legales de las comunidades indígenas.
Asimismo, explicó cómo el artículo 200 del código penal, por delitos de extorsión, es una figura abierta y ambigua.
Llamó también la atención sobre los excesos al abrir investigación a las comunidades indígenas, pues se les considera como banda criminal violando el derecho internacional.
Concluyó en que todos estos mecanismos legales pretenden desarticular la protesta social, capturar a sus líderes e ilegalizar cualquier acto en contra grandes inversiones extractivas.
Rechazan convenios policiales. Organizaciones civiles presentaron una demanda de amparo contra el convenio entre la empresa minera MMG Las Bambas y la Policía Nacional del Perú.
Así lo informó Maritza Quispe Mamani, abogada del área de Pueblos Indígenas y Litigio Constitucional del IDL, a Servindi.
Quispe sostuvo también que dichos convenios por los servicios de seguridad a las instituciones privadas "están desnaturalizando la función de la Policía".
Por otra parte, consideró que tales convenios violan el derecho de igualdad, pues en un conflicto social donde el Estado ya firmó dicho convenio, se priorizará la seguridad del privado.
Paro nacional preventivo. Agricultores de todo el Perú y gremios campesinos e indígenas anunciaron paro nacional preventivo para el próximo 13 de mayo.
Los campesinos exigen al presidente Martín Vizcarra una reunión para discutir su plataforma y agenda con el fin de solucionar el problema agrario en el país.
Algunos de los reclamos son el cese al acoso administrativo de la Autoridad Nacional del Agua a las juntas de usuarios, la implementación de fondos y presupuestos para desarrollar la Ley de Agricultura Familiar y el restablecimiento de los niveles arancelarios y medidas de protección a la producción.
Denuncian acuerdos incumplidos. Los dirigentes indígenas de las cuatro cuencas de Loreto denunciaron ante el primer ministro Salvador del Solar el incumplimiento de compromisos del Estado sobre la contaminación petrolera.
Entre los principales acuerdos incumplidos están la entrega de un informe toxicológico y epidemiológico acerca del nivel de exposición a los metales pesados e hidrocarburos.
Asimismo, también figuran los más de 180 millones de soles que el Gobierno sigue sin depositar al Fondo Nacional Ambiental, para remediar los sitios afectados por la actividad petrolera.
Rechazan proyecto minero Río Blanco. A través de una movilización, miles de comuneros de las provincias piuranas de Huancabamba y Ayabaca rechazaron cualquier actividad minera del proyecto Río Blanco, de la empresa minera que lleva su mismo nombre.
Los manifestantes buscan principalmente el respeto a las tres consultas vecinales de 2007 donde el 95% de la población negó la actividad minera en sus territorios.
Otro motivo es la posible afectación a los ecosistemas frágiles de la zona, como los páramos y bosques de neblina, que brindan importantes servicios ambientales.
La medida fue apoyada por el alcalde provincial de Huancabamba, Ismael Huayama; el congresista piurano, Hernando Cevallos; y la Central de Rondas Campesinas de Huancabamba.
Advertencia en Las Bambas. Gregorio Rojas, presidente de la comunidad de Fuerabamba, en Apurímac, afirmó que se bloquearían las vías nuevamente de no archivarse las denuncias penales contra los comuneros.
Se trataría de 500 comuneros denunciados que participaron en las protestas en el marco del conflicto por el proyecto minero Las Bambas.
Afirmó que no han encontrado respuesta a su pedido pese a que el primer ministro, Salvador del Solar, se comprometió a dar soluciones.
Los acuerdos en caso Las Bambas. En Apurímac, tras la instalación de una mesa de diálogo, el Gobierno y las comunidades de la provincia de Cotabambas llegaron a acuerdos en materia de justicia y derechos humanos.
Uno de los compromisos consiste en la presentación de un proyecto de ley de amnistía, en el plazo de un mes, a favor de los comuneros que fueron denunciados por participar en las protestas realizadas contra la empresa minera MMG Limited.
Otro de los acuerdos busca el fortalecimiento del equipo de jueces que llegarán a Cotabambas para investigar los expedientes para luego dar las respuestas adecuadas dentro de la ley a cada caso.
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