Servindi, 19 de diciembre, 2022.- Compartimos nuestro boletín semanal de noticias, edición Perú, con algunos de los hechos más destacados de la semana en el ámbito indígena y ambiental del país. Se autoriza la libre reproducción y difusión. Todos los derechos están compartidos.
El actual resumen de noticias de Servindi es locutado por Melissa Rubio y Sergio Zanabria y redactado por el equipo de prensa de Servindi.
Resumen Perú del 12 al 18 de diciembre de 2022: Edición especial: ¿Qué pasa en el Perú?
La crisis permanente del Perú. Los trágicos acontecimientos de esta semana ocasionaron más de 20 muertos a consecuencia de la represión policial y militar contra la población que exige el cierre del Congreso y el adelanto de elecciones generales.
La crisis de representación política no es nueva. Es una constante que nace con la misma formación del Estado peruano, excluyente, de espaldas a las mayorías rurales, indígenas y campesinas.
Y es que el Perú tiene un estado centralista, limeño, racista y discriminador al servicio de oligarquías financieras y grupos de poder económico que utilizan la seudo democracia peruana a su servicio.
Para esto cuenta con mafias políticas y un enorme poder mediático hiper concentrado que busca desnaturalizar la protesta ciudadana y “terruquea” a quién ose cuestionar el sistema económico y político.
Dina Boluarte perdió legitimidad. La principal responsable política de la represión indiscriminada es la presidenta Dina Boluarte, ungida jefe de Estado, luego del fallido golpe de Estado de Pedro Castillo y de su vacancia presidencial.
Ella y su ministro de Defensa y su ministro del Interior, no evaluaron bien el descontento popular, demoraron en reaccionar y al final optaron por la mano dura y represiva.
El estado de emergencia, la militarización del país, y el toque de queda en 15 provincias confirma la falta de sintonía con el sentimiento y las demandas populares.
Una encuesta de noviembre del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) indicaba de que en caso ocurra la vacancia presidencial de Pedro Castillo, el 87 por ciento prefería que se vayan todos y se convoque a nuevas elecciones generales.
Pero Dina “Balearte” -como es calificada por sectores populares- se aferra al gobierno, acunada por una derecha recalcitrante que le mece la cuna y la utiliza para reprimir al pueblo y dar la cara ante los medios.
A estas alturas, su descrédito es enorme y numerosos sectores se manifiestan a favor de su renuncia. Esto incluye a universidades, gremios, gobiernos regionales e instituciones diversas.
Pedro Castillo. Cometió el grave error de llamar a la disolución del Congreso y de otras instituciones autónomas de justicia sin contar con un respaldo político o militar.
Fracasado en su llamado destemplado, intentó huir hacia la embajada de México donde intentaba pedir asilo político y salir del país.
Su propia seguridad -por órdenes superiores- lo detuvo y hoy purga una prisión preventiva de 18 meses por diversos presuntos delitos que la Fiscalía deberá sustentar.
Si bien se advierten irregularidades en la forma cómo el Congreso le levantó la inmunidad y lo despojó de su derecho a un antejuicio, políticamente la suerte está echada.
El estado de derecho funciona depende que quién está en el poder. Y la maquinaria del Estado caerá sobre él como escarmiento.
Lo que queda como una enorme incógnita es qué lo condujo a optar por este camino suicida cuando tenía otros recursos legales para cerrar el Parlamento.
Podría haber planteado una nueva cuestión de confianza al Congreso o permitir que lo vacaran y luchar desde las calles por su reposición lo cual hubiera tenido más respaldo popular. Pero eligió un camino absurdo. La historia lo explicará.
Salidas a la crisis
La población en las calles se encuentra movilizada bajo diversas propuestas. La más unánime es el cierre del Congreso y el adelanto de elecciones generales.
Para ello se propone un gobierno de transición, algo así como lo realizó el finado expresidente Valentín Paniagua cuando Alberto Fujimori abandonó el país. Debemos recordar que en su corto mandato Paniagua hizo un gobierno positivo excepcional.
Tendría que elegirse una persona respetable, por consenso, que dirija un gobierno corto que podría impulsar reformas mínimas para un proceso electoral más justo y representativo.
La propuesta de convocar a un referéndum para consultar a la población la posibilidad de una Asamblea Constituyente es justa, legítima y válida.
Sin embargo, corre el riesgo de entrampar otras salidas como ocurrió el viernes 16, en que la propuesta de adelantar las elecciones a diciembre de 2023 dividió a los congresistas y no alcanzó los votos necesarios.
Lo cierto es que el Perú se encuentra en la encrucijada donde muchos factores juegan en diversas direcciones.
En las movilizaciones hay diversos tipos de infiltrados que buscan deslucir la lucha ciudadana y hacer cada vez más violenta la protesta ciudadana. Estos infiltrados tienen intereses particulares y el movimiento social debe cuidarse de estos.
En momentos como este se siente la necesidad de un frente social y ciudadano que articule a las fuerzas vivas del país e incida en la agenda política más allá del hemipléjico Acuerdo Nacional que hoy pretende ser resucitado por Boluarte.
Este frente social debe velar por canalizar las propuestas ciudadanas de diversos sectores sociales con realismo, pragmatismo y sentido de urgencia. Sin liderazgos caudillistas y con transparencia y horizontalidad.
Obviamente, esto pasa por seguir denunciando los crímenes del actual gobierno, pedir el cese de la militarización, rechazar la configuración de un estado cívico-militar y abrir canales de diálogo efectivos y democráticos con respaldo social.
La visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Defensoría del Pueblo son dos instituciones que pueden acompañar con acierto este proceso.
Sin duda, habrá tiempos mejores para no actuar solo reactivamente ante un sistema que se cae a pedazos en descrédito, y que hoy nos presenta su más siniestra faz de muerte, represión y dolor para nuestros connacionales.
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