El panorama es espeluznante. Una mafia política busca controlar todos los resortes del poder para aferrarse a un gobierno espúreo teñido de legalidad, a pesar de su ilegitimidad y el rechazo de la mayoría ciudadana.
Servindi, 16 de mayo, 2023.- Con la elección de un Defensor del Pueblo hecho a la medida de quienes desean neutralizar la eficaz labor de este organismo autónomo se viene consumando un plan macabro para sepultar cualquier resquicio de democracia.
La Defensoría del Pueblo, el Poder Judicial y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidieron suspender la elección mientras no se cuente con un reglamento especial que garantice transparencia e idoneidad.
Pero las fuerzas oscuras del autoritarismo agendaron el miércoles 17 de mayo para elegir al Defensor del Pueblo que requiere el voto favorable de la mayoría de los dos tercios del número legal de miembros del Congreso.
Extremos de derecha e izquierda juegan en pared
Conseguir los 87 votos no sería problema luego del acuerdo tácito entre el autoritarismo de derecha y la bancada de Perú Libre para respaldar al candidato Josué Gutiérrez Condor, exabogado de Vladimir Cerrón, dirigente de Perú Libre.
Josué Gutiérrez es un político que fue electo congresista en 2011 por el partido de Ollanta Humala. En las elecciones regionales de 2018 fue candidato a gobernador regional de Huánuco por Solidaridad Nacional.
Posteriormente fue asesor de la bancada Perú Libre, y actualmente se desempeña como profesional en el Departamento de Comisiones del Congreso, puesto que ocupa desde el 20 de octubre de 2022.
El apoyo del fujimorismo a su candidatura expresa la alianza entre la denominada “derecha bruta y achorada” (DBA) y la “izquierda bruta y trasnochada” (IBT), que lejor de defender principios votan pragmáticamente unidos en defensa de sus intereses particulares
Así ocurrió recientemente con la primera votación del dictamen que eleva las penas por el delito de difamación, iniciativa rechazada por el Ministerio de Justicia, la Defensoría del Pueblo y organismos de prensa por atentar contra la libertad de expresión.
La llamada “Ley mordaza” entrará en segunda votación el jueves 18 de mayo y es defendida tanto por sectores de derecha como por las huestes cerronistas –que aun quedan– de Perú Libre.
Para el fujimorismo, que en los hechos dirige el congreso de acuerdo a su conveniencia, no es problema manejar personajes provenientes de la izquierda cerronista. Así lo hace con Dina Boluarte y pretende seguirlo haciendo con Josué Gutiérrez.
Cabe resaltar que la Contraloría General de la República observó diversas incongruencias en el perfil de Gutiérrez como “información imprecisa” respecto a la fecha de suscripción de las acciones en la empresa GYT Global Consulting S.A.C.
Gutiérrez “no respondió” ante la observación de la Contraloría que halló “información que difiere respecto de la fecha del inicio de representación en relación a la empresa GYT Global Consulting S.A.C”.
A ello se agrega seis papeletas no declaradas ante el Servicio de Administración Tributaria de Lima (SAT), entre otras inconsistencias.
La elección del Defensor del Pueblo también está directamente relacionada con los planes del Congreso para controlar la Junta Nacional de Justicia (JNJ), que actualmente investiga a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides.
El jefe de la Defensoría es el encargado de presidir el comité especial que selecciona a los próximos miembros de la JNJ, un proceso que iniciará a mediados de 2024.
Así las cosas, la elección de un nuevo Defensor del Pueblo a su medida no solo le garantizará al Congreso mayor influencia sobre este organismo, sino un mayor control sobre el proceso de selección en el JNJ.
Junta Nacional de Justicia
La Junta Nacional de Justicia nombra, controla y destituye a los jueces y fiscales de todo el país y cumplirá su mandato de cinco años en diciembre de 2024.
Eso supone que en el verano de 2024 se debe convocar a la Comisión Especial que realizará el concurso público para nombrar a los nuevos miembros de la JNJ.
La Defensoría del Pueblo es la entidad encargada de convocar y presidir la Comisión Especial, función recibida en febrero de 2019 luego del escándalo de ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’ y la desarticulación del Consejo Nacional de la Magistratura.
En el sistema judicial y fiscal preocupa que la elección del nuevo Defensor del Pueblo opere a favor de los intereses de la coalición política que controla el Congreso y el Ejecutivo y controle a los jueces y fiscales del país.
En pos del control de los organismos electorales
La coalición autoritaria de derecha que gobierna el país nunca asumió su derrota electoral en las elecciones de 2021. Por esto empleó todo tipo de artimañas para desconocer el legìtimo triunfo electoral de Pedro Castillo Terrones.
En su visión era inconcebible e inaceptable que la chusma política –como ellos consideran a los sectores populares y rurales– tenga el control político del país. Por esto desataron una guerra encarnizada contra el naciente gobierno.
A pesar que los observadores internacionales no hallaron ninguna irregularidad en los comicios, la derecha liderada por el fujimorismo, no escatimó incluso ir a la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Estados Unidos para presentar su queja.
Salvo hacer el ridículo, las comisiones a la OEA, las marchas contra el fraude y la feroz campaña destada en los medios la situación no cambió y la elección quedó finiquitada.
Sin embargo, el odio contra los organismos electorales se incubó y ahora se apresta a ajustar cuentas. Por esta razón, el plan para descabezar y controlar los organismos electorales está en marcha.
El martes 9 de mayo, la Comisión de Constitución y Reglamento debatió las iniciativas legislativas que pretenden modificar la Constitución Política para poder acusar constitucionalmente a los jefes de los tres organismos electorales.
Estos son: la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).
Las propuestas normativas establecen el control político a los titulares de los organismos electorales y pretenden modificar el artículo 99 de la Constitución Política.
El argumento es estólido por decir lo menos. La congresista Adriana Tudela, de la agrupación Avanza País, afirmó que tales instituciones tienen “naturaleza política”, por lo que deben ser fiscalizadas políticamente por el Congreso de la República.
Adriana Tudela nació en Pamplona, Navarra, el 20 de agosto de 1988. Fue inscrita en el consulado peruano de Madrid al nacer. Es hija del excanciller Francisco Tudela van Breugel-Douglas, quien fue 1.er vicepresidente de la República durante el tercer gobierno de Alberto Fujimori.
“El Jurado Nacional de Elecciones, la ONPE y la Junta Nacional de Justicia, al igual que otros entes autónomos como el Tribunal Constitucional, el Poder Judicial, la Corte Suprema, son entidades escencialmente políticas [...] eso no quiere decir que vayan a actuar motivados por considerados políticas, pero son instituciones, en esencia, políticas. Su naturaleza es política [...] deben poder ser objeto de control político. No pueden existir islas de poder que flotan por encima del sistema de pesos y contrapesos” - Adriana Tudela.
La insistencia en modificar la Constitución se realiza a pesar que la CIDH en su informe Perú concluye y recomienda: “Abstenerse de adoptar reformas legislativas o constitucionales que debiliten la autonomía e independencia del Sistema Nacional Electoral o del Poder Judicial” (recomendacion 22, p. 105).
Carlincatura de Carlos Tovar. Fuente: diario La República.
El plan impunidad
Keiko Fujimori se encuentra acusada de liderar una organización criminal que lavó dinero de Odebrecht, caso por el que la Fiscalía solicita 30 años de prisión en su contra.
Lo que busca la coalición de derecha que gobierna el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo es controlar todas las instituciones públicas necesarias para perpetuarse en el gobierno y asegurarse la impunidad.
Ya controla el Tribunal Constitucional, ha revertido la reforma educativa recomponiendo la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) y ha encarcelado a Pedro Castillo sin cumplir los procedimientos constitucionales para vacarlo.
Ahora, luego de intentar silenciar a la prensa con la ley mordaza, se apresta a elegir a un Defensor del Pueblo según su conveniencia e inicia el proceso para modificar la Constitución Polìtica y procesar polìticamente a los jefes de los organismos electorales.
Para los políticos en ciernes no les importa que el Congreso tenga apenas un 6 por ciento de aprobación o que la imagen del gobierno de Boluarte-Otárola se encuentre en el piso.
Solo los mueve aprobar las normas que les permitan anquilosarse en lo que creen que es el poder zurrándose en los informes que han efectuado diversos organismos que cautelan los derechos humanos.
Carlincatura de Carlos Tovar, Carlín, en el diario La República.
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