Entrevista de Ricardo Marapi
20 de enero, 2012.- “Los límites a la extensión de la tierra agrícola es un derecho contemplado en la Constitución Política. El artículo 88 establece que por ley se puede fijar los límites. No hay nada que discutir”.
Reynaldo Trinidad, director de la Revista Agronoticias, advierte que en un país con las condiciones del Perú "que alguien tenga 80 mil hectáreas es una aberración porque afectaría principalmente en el acceso del agua. Lo que cabe preguntar al gobierno es: ¿Qué tipo de país queremos? ¿Un país de proletarios o de propietarios?".
Alertó que la aparición de nuevos latifundios en el país está creando una serie de distorsiones políticas y económicas, refiriéndose específicamente al caso de la empresa Gloria, que en la actualidad poseería cerca de 80 mil hectáreas en diversos valles del Perú. Esta cifra aumentó al comprar nuevas tierras en la reciente subasta del Proyecto Olmos.
“Gloria no tiene competencia porque ya acaparó tierras azucareras. Esta empresa tiene una posición dominante. Los que defienden que siga creciendo el latifundio están defendiendo a la empresa Gloria”, aseveró.
Trinidad dijo que el actual gobierno de Humala debe ser consecuente y apoyar una ley que limite la extensión de la propiedad de la tierra.
“Debe existir una decisión gubernamental de parar el latifundio, porque el gobierno nacionalista puede irse cargando el lastre histórico de haber llevado a una situación extrema el resurgimiento del latifundio en el Perú.”
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Comentarios
Cuidado¡¡¡ la limitacion de acceso a las tierras planteada de manera general, sin tener en cuenta el caracter especial que tienen los pueblos indígenas de acceder a sus territorios y titularlas, puede vulnerar los derechos de los pueblos indígenas de sanear integralmente sus posesiones tradicionales, con lo cual se violaria los artículos 13º, 15º y 16º del Convenio 169 de la OIT. No hay que olvidarse que el conv 169 es parte de los postulados de los derechos humanos del que el Estado peruano ha hacho suyo al ratificarla, por tanto, es ley nacional que tiene caracter de rango constitucional.
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