 Mario Tabra, dirigente del Frente de Defensa de Ayavaca |
Servindi, 27 de noviembre, 2009.- La persecución a dirigentes ambientales y comunales se ha incrementado ante las exigencias de la empresa minera de capital chino: Zijin Mining, accionista mayoritaria del proyecto Río Blanco denunció el dirigente ambiental Mario Tabra Guerrero.
Tabra, quién representa al Frente de Defensa del Medio Ambiente, la Vida y el Agro de Ayavaca, señaló que la estrategia de persecución se ha reiniciado contra su persona, Magdiel Carrión Pintado, Presidente de la Federación Provincial de Comunidades Campesinas y Segundo Román Barco, Presidente de la Comunidad Campesina de Yanta.
Tabra afirmó que existe una complicidad del gobierno y de las fuerzas policiales para hostilizar y amedrentar a los dirigentes de las organizaciones sociales que se oponen a que la minería afecte las nacientes de cuencas y los bosques de Ayavaca.
Mario Tabra, puso como un ejemplo concreto de hostilidad la celeridad cómo se le viene notificando para acudir a la Oficina de Investigación Criminal de la Policía en sede en Huancabamba.
Por dificultades laborales y falta de recursos Tabra no pudo acudir a una citación para el miércoles 26 de noviembre y pidió por escrito a la Comisaría de Ayavaca se le señale una nueva fecha y lugar para poder concurrir.
Para su sorpresa, a las pocas horas recibió una segunda notificación del Mayor PNP Miguel Ángel Silva, Comisario Sectorial de Ayavaca, para que acuda el sábado 28 de noviembre a la Oficina de Investigación con sede en Huancabamba.
Esta persecución se realiza a pesar de que Mario Tabra se encuentra en calidad de comparecencia restringida dictada por el Juzgado de Huancabamba y que le impide salir de su localidad: Ayavaca.
El día jueves 26 los abogados Rosa Quedena y David Velasco han presentado un escrito en la Fiscalía de Huancabamba para que los denunciados rindan su manifestación en la Provincia de Ayavaca y así evitar incumplir la comparencia restringida pero hasta el día viernes no recibieron respuesta alguna.
Los abogados dijeron que es imposible cumplir la citación pues se quiere que los investigados se presenten en 48 horas en una provincia distante a tres días en vía carrozable, cuando de acuerdo a ley las notificaciones deben tener 72 horas de anticipación cuando se trata de una misma jurisdicción.
Cuando se trata de tramitar las denuncias que formulan los dirigentes comunales las autoridades no las atienden; pero cuando se trata de intereses de las transnacionales proceden con prisa, sin respetar siquiera los plazos de ley afirmaron.
Los notificados coincidieron en afirmar que la intención oculta es detener a los dirigentes mas visibles y así evitar que los inversionistas chinos pierdan la paciencia y llamen la atención al gobierno por incumplir el ofrecimiento de darles seguridad en su inversión minera.
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