Perú: "Toda la región Piura está en peligro". Entrevista a Javier Jahncke

Diario La Primera, 19 enero 2009.- Días después que el gobierno emitiera un cuestionado decreto supremo otorgándole a la minera china Zijin más de 23 mil hectáreas en la frontera con Ecuador, se hicieron públicas las fotos que demuestran las torturas que la policía y la empresa minera Majaz (ahora Río Blanco, propiedad de Zijin) inflingieron a 28 comuneros y al periodista Julio Vásquez, de radio "Cutivalú" de Piura.

Las torturas se produjeron entre el 1 y el 3 de agosto de 2005. En esa acción policial murió el comunero Melanio García. Hasta ahora nadie ha sido sancionado por este caso.

Estos hechos demuestran el poder que la empresa tiene y la complicidad de las autoridades en los abusos que comete contra la población. Sobre estos temas, y sobre las consecuencias que traería la puesta en marcha del proyecto minero de Zijin, responde en la siguiente entrevista Javier Jahncke, director de la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (Fedepaz), ONG que trabaja con las comunidades afectadas por las actividades de la minera china.

- ¿El decreto supremo que le otorga concesiones mineras en la frontera con Ecuador a la empresa china Zijin afecta la seguridad nacional?

En el lado ecuatoriano de la frontera hay concesiones mineras a favor de una empresa del mismo grupo chino que Zijin. Eso significa que se trata de un proyecto minero binacional. Con este decreto, a Zijin se le otorgan las ocho concesiones que tenía Majaz y se le dan otras 27 concesiones adicionales, aumentando las hectáreas en la frontera entregadas a esta empresa de 6,500 a más de 23,000. El 2005 en la frontera con Ecuador habían dos concesiones mineras, ahora prácticamente toda la frontera, desde Loreto hasta Piura, está concesionada, incluyendo la Cordillera del Cóndor, donde fue el conflicto de 1995. Evidentemente esto es un riesgo para la seguridad nacional.

- ¿Cuál es el riesgo?

En primer lugar, el hecho de cómo se van a manejar los recursos naturales del país en esa zona donde hay un proyecto minero binacional y para dónde van a ir esos recursos. Con estas actividades mineras binacionales no se puede controlar el flujo de personas de un lado para el otro de la frontera. La policía en esta zona trabaja para la empresa. Entonces, tendremos ahí una policía dedicada no a cuidar la frontera sino a proteger a la empresa. El interés de la empresa estará antes que el interés nacional. Esto puede facilitar el avance de nuestros vecinos a territorio peruano, algo que ya ha ocurrido antes.

- La empresa minera ha sido denunciada por estar operando ilegalmente desde el 2003. ¿Este decreto convalida esa ilegalidad?

Con este decreto el gobierno apaña la presencia ilegal de la empresa minera, que es una usurpación. En el juzgado de Ayabaca hay un proceso penal abierto contra los funcionarios y accionistas de la empresa Majaz por usurpación de tierras. En Huancabamba hay otra denuncia por esta misma razón. El 24 de diciembre un informe del Ministerio de Energía y Minas confirmó que la empresa se encuentra operando ilegalmente en la zona, algo que ya había denunciado tiempo atrás la Defensoría del Pueblo. A pesar de todo esto, el gobierno apoya con este decreto la presencia ilegal de la empresa, con lo que está apoyando una usurpación de tierras.

- ¿Cuáles serían las consecuencias si se llega a concretar este proyecto minero?

La zona de Ayabaca y Huancabamba, en Piura, tiene un ecosistema muy frágil; hay bosques de neblinas y páramos. En esta zona se generan las nacientes de agua que crean los principales ríos de la región Piura y de ahí también viene el agua que va a las provincias de San Ignacio y Jaén en el norte de Cajamarca. Realizar actividad minera en esta zona tan frágil afectaría seriamente la cantidad y la calidad del agua de todo Piura y del norte de Cajamarca. Disminuirá el agua de los ríos y la generación de relaves y basura mineral los contaminará. Con este proyecto minero está en peligro toda la región Piura.

- ¿La mina haría colapsar la agricultura en esa zona?

Esta es una zona agroindustrial exportadora. Se produce café y banano orgánicos, mucha fruta, como mangos y limones, arroz y tubérculos. También hay ganadería. Con una minera al lado, las poblaciones de la zona pueden perder las certificaciones que han conseguido para exportar productos agrícolas orgánicos. La mina afectará sus aguas y su desarrollo sostenible, porque sus actividades económicas serán perjudicadas y la minería no es una actividad sostenible hacia el futuro. Los efectos contaminantes de la explotación minera son acumulativos en el tiempo y la presencia de metales pesados en el agua puede afectar no sólo el ecosistema, la agricultura y a los animales, sino también la salud y la vida de la población.

- El gobierno argumenta que la explotación minera en esa zona generaría importantes ingresos económicos.

Todo decreto supremo para emitirse necesita un análisis costo beneficio. En este caso ese estudio no se ha hecho, lo que es un argumento más para cuestionar la constitucionalidad de ese decreto. El costo de la explotación minera, que afectaría la agricultura, ganadería y el turismo, que son las actividades económicas de las que vive la población de la zona, es mucho mayor que los beneficios que pueda producir.

- ¿Y los ingresos por canon minero que quedarían en la zona?

Los daños serían mucho mayores que el aporte del canon, que serviría solamente para pagar parte de los daños que causaría la minería.

- ¿La única salida es que se deje sin efecto este proyecto minero?

La salida es un diálogo sobre la base de estudios que determine el impacto que tendría el proyecto minero en su conjunto para tomar una decisión. Los estudios técnicos que existen evidencian que este proyecto es ambiental y socialmente inviable.

- ¿Qué sucederá en la zona, donde en setiembre de 2007 alrededor del 95 por ciento votó en un referéndum en contra de la actividad minera en el lugar, si continúa este proyecto minero?

Hemos apoyado a la población para buscar una solución a través del diálogo. En octubre el Frente de Desarrollo Sostenible de la Frontera Norte presentó una solicitud de diálogo al premier Yehude Simon, pero hasta ahora no recibe respuesta. El gobierno no demuestra voluntad de diálogo. La población se cansa de no ser escuchada. No sé hasta cuándo va aguantar en esta búsqueda de soluciones pacíficas a través del diálogo. Lamentablemente, el comportamiento del gobierno y de la empresa agudizan el conflicto y puede llevar a reacciones que yo espero no sean violentas, pero que uno puede augurar que sí van a ser violentas.

"La vida de los dirigentes corre riesgo"

- ¿La relación entre la empresa y la población, que ha estado marcada por una serie de abusos, ha variado en algo con el cambio de propiedad de la empresa minera?

No ha habido ningún cambio. La estrategia de la empresa sigue siendo formar grupos paralelos a las organizaciones de las comunidades y provocar divisiones y enfrentamientos entre los comuneros. Los pobladores que cuestionan la presencia de la empresa siguen siendo hostilizados. Hay 300 personas, la mayoría dirigentes, denunciados por diversos delitos, incluyendo terrorismo, por oponerse a la empresa minera.

- ¿Usted es uno de los que ha sido denunciado por terrorismo?

Así es. Esa denuncia por terrorismo fue archivada por el fiscal provincial al comprobar que no había ni siquiera indicios para hacer esa acusación, pero el fiscal superior, sin tener argumentos, le ha ordenado al fiscal provincial que reabra y amplíe la investigación. Esto revela que hay presiones para continuar con esta acusación.

- ¿Usted, los otros miembros de Fedepaz y los dirigentes de las comunidades han sido amenazados?

Yo he sido amenazado de muerte. La denuncia ha sido hecha ante la Fiscalía. Hay dirigentes que también han recibido amenazas. Hay intimidaciones y acciones concretas. Ya hay dos muertos entre los miembros de las comunidades. La vida de muchos dirigentes corre riesgo y hay preocupación.

- ¿La empresa minera controla a la policía y actúa con impunidad?

Sí, es evidente que la policía actúa para defender a la empresa. Eso se corrobora en la denuncia por torturas contra los campesinos, donde la policía y el fiscal actuaron de la mano con la minera y su empresa de seguridad, Forza. Pero esto no sólo pasa en este caso. También lo hemos visto en otros, como el de Yanacocha y los problemas que ha tenido el padre Marco Arana.

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Fuente: Diario La Primera