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Aprobar proyectos legislativos sobre demarcación de tierras y que recortan atribuciones a ministerios en materia indígena significaría "serio revés", advierte ONU.

Así lo revela una encuesta del Instituto de Estudios Peruanos que expone además un elevado rechazo ciudadano del 79% a la presidenta Dina Boluarte y de 90% al Congreso.

Lo que se buscaría con esta norma es imponer una mirada unilateral de los hechos en la que se omitan las violaciones de derechos humanos perpetradas por agentes de Estado.

Con la pérdida de este organismo, el futuro institucional del país se torna sombrío, dado que esto apenas es el inicio de una embestida de los sectores autoritarios.

Con un nuevo defensor a su medida, el Congreso aspira a tener más influencia sobre este organismo y mayor control en la elección de miembros de la Junta Nacional de Justicia.

Consejo Directivo incumple acuerdo con Viceministerio de Interculturalidad y desoye a Comisión de Cultura que se inhibió para que proyecto pase a Comisión de Pueblos.

Así lo consideró Gustavo Gorriti en referencia al control que el Congreso ya tiene sobre el TC, su alianza con la fiscal de la Nación y su intento por tomar la Defensoría.

Medida es vista como una represalia del Congreso contra la prensa que ha expuesto en los últimos meses casos de mal uso de recursos y de la función púbica en el Congreso.

Insistencia implica desacato a un reciente fallo del Poder Judicial que recomendaba elaborar un reglamento para que elección de nuevo defensor sea con base en la meritocracia.

Organismo rechaza toda propuesta que busque legitimar las conductas infractoras o delictivas que provoquen la deforestación, amparándose en la formalización de predios rurales