Con la pérdida de este organismo para la ciudadanía, el futuro institucional del país se torna sombrío, dado que esto apenas sería el inicio de una embestida de los sectores autoritarios y su agenda antiderechos.
Servindi, 17 de mayo, 2023.- Un duro golpe a la ciudadanía consumó el Congreso este 17 de mayo al elegir a Josué Gutiérrez como nuevo defensor del Pueblo, pese a no acreditar mayor mérito académico ni de especialización en derechos humanos.
Gutiérrez, invitado de la bancada de Perú Libre y exabogado del sentenciado por corrupción Vladimir Cerrón, fue respaldado por Fuerza Popular, Alianza Para el Progreso, Acción Popular y Renovación Popular.
Obtuvo 88 votos a favor, 24 en contra y 9 abstenciones en una sesión del Pleno en la que se omitió el debate para evitar que algunos legisladores dejen sentadas sus razones para no apoyar esta elección.
Gutiérrez competía con Jorge Rioja, quien tenía el apoyo de las bancadas de Acción Popular y el Bloque Magisterial, pero solo alcanzó 57 votos a favor, 31 en contra y 24 abstenciones.
Elección cuestionada
La elección de Gutiérrez se produjo pese a que existía un fallo judicial que exhorta al Congreso a elaborar un “reglamento especial” antes de elegir al defensor para garantizar una elección transparente y por méritos.
Además, al elegir a Gutiérrez, el Congreso omitió la recomendación hecha por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para fortalecer la Defensoría del Pueblo dada su importante labor.
En su reciente informe sobre Perú, la CIDH había señalado que se debe “adoptar medidas de fortalecimiento institucional de la Defensoría del Pueblo, considerando la labor que desempeña”.
No obstante, el Congreso optó por continuar con el proceso de selección del defensor, sin tener en cuenta la meritocracia y el concurso público, debido a que los postulantes solo participaron por invitación directa de los grupos parlamentarios.
Las irregularidades detectadas en el reciente proceso también fueron advertidas en su momento por el Sindicato de Trabajadores de la Defensoría, así como por organizaciones de defensa de derechos humanos y la academia nacional.
Sindicato de Trabajadores de la Defensoría se pronunció tras la elección de Josué Gutiérrez como nuevo defensor: "Han impuesto su elección", dicen.
Defensor sin méritos
Josué Gutiérrez es un abogado sin aparentes logros para ocupar la Defensoría del Pueblo, ya que no acredita mayor mérito académico ni de especialización en derechos humanos.
Fue congresista de la República, entre 2011 y 2016 por el partido Nacionalista Peruano que lideraba el entonces expresidente Ollanta Humala Tasso, hoy investigado por el caso Lava Jato.
Luego fue defensor legal del exgobernador de Junín y líder del partido Perú Libre, Vladimir Cerrón, y actualmente se desempeñaba como asesor en el Departamento de Comisiones del Congreso.
La Contraloría General de la República observó diversas incongruencias en el perfil de Gutiérrez como “información imprecisa” respecto a la fecha de suscripción de las acciones en la empresa GYT Global Consulting S.A.C.
Gutiérrez “no respondió” ante la observación de la Contraloría que halló “información que difiere respecto de la fecha del inicio de representación en relación a la empresa GYT Global Consulting S.A.C”.
A ello se agregan seis papeletas no declaradas ante el Servicio de Administración Tributaria de Lima (SAT), entre otras inconsistencias que no impidieron que su elección se concrete este 17 de mayo.
Un mes antes de ser electo defensor Josué Gutiérrez admitió que se había reunido con la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori. Luego diría que el apoyo a su candidatura de Fuerza Popular "sería un honor".
Josué Gutiérrez: su único mérito para ser electo fue haber sido el abogado de Vladimir Cerrón y su notoria condescendencia con el fujimorismo.
Fujicerronismo
La elección de Gutiérrez supone la captura de la Defensoría del Pueblo por parte de Fuerza Popular y Perú Libre, alianza de extremos opuestos conocida coloquialmente como “fujicerronismo”, en alusión a Keiko Fujimori y Vladimir Cerrón, líderes de ambos partidos, respectivamente.
Esta alianza de extremos (de izquierda y derecha) es caracterizada por votar en la misma línea en determinados momentos en los que está en juego la defensa de sus intereses o la administración del poder.
Para el fujimorismo, que en los hechos dirige el Congreso de acuerdo a su conveniencia, no es problema manejar personajes provenientes de la izquierda cerronista. Así lo hace con Dina Boluarte y pretende seguirlo haciendo con Josué Gutiérrez.
Además, el reciente favor que el fujimorismo le ha hecho a Perú Libre al votar por su candidato, sería devuelto cuando Fuerza Popular busque imponer su candidato al Tribunal Constitucional (TC) en reemplazo del magistrado Augusto Ferrero.
El fujicerronismo se impuso una vez más, esta vez para elegir a un defensor del pueblo a la medida de este Congreso desaprobado mayoritariamente por la ciudadanía.
Para la ciudadanía esto representa un duro golpe ya que la Defensoría del Pueblo era uno de los pocos bastiones institucionales que quedaban en defensa de los derechos humanos y la autonomía en Perú.
Con la pérdida de este organismo para la ciudadanía, el futuro institucional del país se torna sombrío, dado que esto amenaza con ser apenas el inicio de una embestida de los sectores autoritarios y su agenda antiderechos.
Este sector, detrás de la imposición de Josué Gutiérrez como nuevo defensor del pueblo, es el mismo que ya controla el Tribunal Constitucional (TC) y aspira a capturar la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y los organismos electorales (JNE y ONPE).
Hoy han dado el primer paso, ya que el jefe de la Defensoría es el encargado de presidir el comité especial que seleccionará a los próximos miembros de la JNJ, un proceso que iniciará a mediados del 2024.
La Junta Nacional de Justicia es el organismo encargado de nombrar, controlar y destituir a los jueces y fiscales de todo el país y cumplirá su mandato de cinco años en diciembre del próximo año.
Lo que seguirá entonces son los intentos por tomar el poder en los organismos electorales que nunca cedieron a la tesis del fraude en la última elección presidencial, hecho que la derecha extrema no le perdona.
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