Crisis por irregularidades en la escuela de folklore José María Arguedas

A 110 años del nacimiento de José María Arguedas, la institución de formación en folklore más importante del país y que lleva su nombre, atraviesa el punto más crucial de una crisis que se arrastra desde hace años. Estudiantes y docentes denuncian que un grupo de profesores nombrados, con oscuros antecedentes, ha tomado el poder para su propio beneficio. Asqueados de la situación, piden  la reorganización de la escuela mientras se separa e investiga a los actuales directivos.

Por Renzo Anselmo

Servindi, 20 de enero, 2021.- A Marino Martínez Espinoza lo tomó por sorpresa el retiro de uno de sus tres revisores de tesis. El trabajo del estudiante de la Escuela Nacional Superior de Folklore José María Arguedas había sido revisado con éxito, pero inexplicablemente alguien ordenó, a último momento, dejar fuera a uno de sus revisores, regresando así su postulación al punto de inicio.

Martínez, quien desde hace años busca acreditar su amplia y reconocida carrera de investigador y músico con un título en Educación Artística, está convencido de que todo se trata de una venganza. “Yo he sido muy crítico con la actual directiva por todas las muestras de corrupción que ha dado. Sé que esta es una venganza política”, dice a Servindi.

El caso de Martínez ha motivado la explosión de una serie de denuncias contra la actual directiva de la escuela que encabeza Simón Poma Anccasi. Estudiantes y docentes denuncian que Poma ha colocado en cargos importantes a sus más allegados, pese a que estos registran denuncias por falsificar firmas y adulterar documentos, así como acusaciones por apropiarse del trabajo intelectual de sus alumnos y por emitir insinuaciones difamatorias contra sus estudiantes.

Además, los casos de otros exalumnos de la escuela recogidos para este reportaje, indican que no es la primera vez que los directivos que acompañan a Poma Ancassi hacen uso del poder para tomar represalias contra los que se atreven a cuestionarlos por sus antecedentes.

La escuela y sus directivos

La Escuela Nacional Superior de Folklore José María Arguedas es la primera y única institución educativa del Perú, con rango universitario, que ofrece formación profesional docente y artística en la especialidad de folklore, en las menciones de música y danzas.

Con 71 años de existencia, la institución representa la herencia de artistas populares y maestros de la talla de Jaime Guardia y Raúl García Zárate, así como de importantes intelectuales como el mismo José María Arguedas, quienes en algún momento laboraron en la escuela.

Pese a que la escuela tiene un alcance nacional, es el único caso en que la designación del director general, el cargo más importante, no recae en el Ministerio de Educación, sino en la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana (DRELM), un organismo de representatividad regional.

Así es como llegó al cargo Simón Poma Anccasi, un docente licenciado en educación y administración con maestría en gestión empresarial. El 3 de agosto de 2020 Poma fue designado director general de la escuela mediante la Resolución Directoral N° 1275-2020-DRELM, firmada por la directora de la DRELM, Edith Anahua Tellez. Con su llegada al poder, empezarían los “cambios”.

Ficha CTI Vitae de Simón Poma Anccasi. Fuente: Concytec

La secretaria general

El 1 de setiembre Poma designó como secretaria general de la escuela a Ana Polo Vásquez, una docente recordada entre algunos alumnos y docentes por haber estado involucrada en un caso de falsificación de firmas y adulteración de documentos públicos en los que se consignaban los resultados de evaluación de los estudiantes de la escuela.

Los hechos que comprometen a Ana Polo Vásquez son recogidos en un expediente interno encabezado por el informe N° 058, fechado al 27 de febrero de 2017 y dirigido a la entonces directora académica, Verónica Ortega Ángeles.

En dicho expediente —al que Servindi tuvo acceso— cuatro docentes confirman que los documentos que presentaron a la Coordinación de Programas Autofinanciados no eran los mismos que esta oficina, a cargo entonces de Ana Polo, presentó posteriormente a la Oficina de Registro y Evaluación, la última instancia en que se validan las notas de los estudiantes para emitir sus certificados.

Expediente interno encabezado por informe N° 058 recoge hechos que comprometen a Ana Polo Vásquez con falsificación de documentos.

Una de las varias actas de verificación que contiene el informe. Aquí el profesor Amílcar Híjar confirma "adulteraciones físicas" en los documentos que había presentado al despacho de Ana Polo. 

Los docentes Carlos Ruiz Rebaza y Rosario Puñez Calle afirmaron que sus firmas y documentos, relacionados a exámenes extraordinarios de subsanación y suficiencia tomados en diciembre de 2016, habían sido “alterados”. Asimismo, los profesores Amílcar Híjar Hidalgo y Olivia Vallejos Montalván se dieron con la sorpresa de que, en los documentos que inicialmente habían presentado, aparecían ahora firmas que no les pertenecían, viéndose incluso “adulteraciones ´físicas” en los documentos de Amílcar Hijar.

Pese a la gravedad de estos hechos, sorprendentemente dicho expediente no motivó ninguna investigación ni sanción administrativa y dormía en los muebles de la oficina de Investigación Educativa hasta que al docente Xavier Fuentes Ávila, jefe saliente de este despacho, le encargaron realizar el inventario de la oficina, a inicios de 2019. Tras hallar este expediente, Fuentes envió una carta a la Dirección Académica, el 29 de mayo de ese año, recomendando poner “en conocimiento del Ministerio Público los posibles ilícitos penales para evitar ser implicados como cómplices o encubridores”.

Fuentes le dijo a Servindi que nadie le hizo caso, por lo que el 25 de junio de 2019, decidió presentar una denuncia ante la 18 Fiscalía Provincial Penal de Lima contra Ana Polo, por el supuesto delito de falsificación de documentos. En diciembre de ese año Fuentes asistió a declarar. “Es impresionante como una persona que presentó documentos alterados como verdaderos sea ahora secretaria general, es decir, la encargada de emitir y validar toda la documentación legal de la escuela, entre ellos los certificados, grados de bachiller y títulos de licenciados. Eso es paradójico”, dice Fuentes.

Documento acredita declaración del profesor Xavier Fuentes por denuncia interpuesta por presunto delito de falsificación de documentos contra Ana Polo.

Por estos hechos, la llegada de Ana Polo a la secretaría general, en setiembre de 2020, alarmó al gremio estudiantil. La asunción de Polo también coincidió con el retiro de Xavier Fuentes como Coordinador del Programa de Complementación Académica (PROCA). Marino Martínez, delegado del grupo de música del PROCA, recuerda que apenas se enteró de la designación de Polo, se lo increpó al director general, Simón Poma Ancassi; sin embargo, Poma no retrocedió en su decisión.

El jefe de control de calidad

Al día siguiente de la designación de Ana Polo, el 2 de setiembre, la dirección general encabezada por Simón Poma Anccasi emitió otra resolución autorizando la creación y funcionamiento de la Oficina de Control de Calidad Educativa, y nombrando como jefe de este despacho a Eduardo Fiestas Peredo, esposo de Ana Polo Vásquez. Fiestas, sin embargo, dice que, al día siguiente de aquella designación, envió una carta a la dirección general renunciando a ese cargo, una carta que dijo no poder mostrar porque forma parte de la documentación interna de la escuela.

No obstante, la designación de Fiestas en una oficina de “control de calidad” volvió a llamar la atención del alumnado por tratarse de un docente que en el año 2013 fue acusado de apropiarse del trabajo intelectual de sus alumnos.

En junio de ese año, un grupo de estudiantes envió una carta al entonces director general, Benjamín Loayza, cuando descubrió que la separata que Fiestas presentaba como de su autoría para un curso del tercer ciclo, era “una copia de la investigación” que ellos habían realizado y entregado a Fiestas, cuando este les enseñó en un ciclo anterior.

Carta en la que alumnos acusan al profesor Eduardo Fiestas por apropiarse sin autorización de su trabajo en junio de 2013.

Fiestas dice que todo se trató de un “error” que al final se esclareció “con la dirección académica”. Por su parte, tres de los cuatro estudiantes que acusaron a Fiestas en aquel momento, afirman que nunca los convocaron para informar más detalles del caso como para haberlo esclarecido. “Todo fue muy raro y contradictorio. En la separata que él presentaba como suya aparecían las personas a quienes habíamos entrevistado, solo que habían borrado nuestros nombres”, dice uno de los estudiantes.

Además de este hecho, Fiestas es recordado  por estar vinculado con otro caso que también terminó sin responsables. Se trata de una denuncia por coacción y tentativa de extorsión que una alumna interpuso ante la policía contra el docente Arturo López Echevarría, en julio de 2017, cuando Fiestas era director general. La alumna acusó al profesor de haberle pedido una suma de dinero y favores sexuales a cambio de una calificación aprobatoria en su curso. Antes había informado a Fiestas, pero este solo le dijo que echaría de la escuela al profesor, según consta en la denuncia.

Denuncia contra el profesor Arturo López por coacción y tentativa de extorsión fue presentada cuando director general era Eduardo Fiestas.

Estando en la comisaría, alumnos que acompañaban a la estudiante ese día, recuerdan que recibieron una llamada avisándoles que representantes de la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana (DRELM) estaban en la escuela y habían tomado conocimiento del caso, por lo que buscaban conversar con ellos.

Ya en la escuela, mientras se dirigían a la oficina de la dirección general, donde se encontraban los funcionarios de la DRELM, recuerdan que fueron intervenidos por Eduardo Fiestas. El intercambio de palabras que se produjo en ese momento entre el director general y los estudiantes quedó registrado en un audio que está en poder de Servindi.

En la grabación, se escucha a Fiestas pedirles a los estudiantes que no informen a la DRELM que tanto él como el profesor Idelindo Mamani sabían anticipadamente del caso que acababan de denunciar. “Hay que insistir en que ese tema recién ayer u hoy día se está dilucidando, ¿para qué?, para que la DRELM no tenga tiempo de actuar”, se oye decir a Fiestas.

En lugar de esto, Fiestas propone esperar al día siguiente, fecha acordada entre los estudiantes y la policía para cumplir con la entrega del dinero al profesor y detenerlo con las manos en la masa. “Lo raro es que al día siguiente el profesor denunciado no se apareció en la escuela, como si alguien le hubiera advertido”, dice Eduardo Híjar, uno de los compañeros de la alumna agraviada.

El profesor Fiestas señala que no recuerda la conversación que tuvo cuando interceptó a los estudiantes. Además, descarta que haya sido él quien advirtió al profesor denunciado de que lo iban a detener y afirma que, cuando conoció de la denuncia, separó de la escuela al profesor acusado.

Eduardo Híjar, quien también estuvo presente cuando Fiestas los interceptó antes de conversar con los representantes de la DRELM, recuerda que no hicieron caso al pedido que este les había hecho y ese día le contaron todo —con audios que probaban su versión— a los funcionarios de la DRELM, incluido que los directivos de la escuela sabían del caso desde hace días.

El estudiante recuerda además que mientras ellos relataban el caso de chantaje sexual en la oficina de la dirección general, allí se encontraba también otro docente muy recordado entre los alumnos por su accionar: Hipólito Angulo Eufracio

El director académico

En julio de 2017, fecha en que se produjo la reunión en la oficina de la dirección general con funcionarios de la DRELM, Hipólito Angulo Eufracio era secretario general. Días después de aquella reunión, Angulo envió un correo a la plana docente de la escuela.

Ficha CTI Vitae de Hipólito Angulo. No registra información. Fuente: Concytec

En el mensaje, emitido el 25 de julio de 2017, Angulo califica las acusaciones contra el profesor Arturo López, el denunciado por chantaje sexual, como un “tinglado armado por la DRELM contra el director [Eduardo Fiestas] con el objetivo político de exigir su renuncia”. Además, se sorprende de que un docente formado en Cuba, como López, “con indiscutibles estándares educativos y muy superiores al nuestro”, haya sido capaz de pedir dinero, favores sexuales y hasta whiskis para aprobar a sus alumnos, “cuando no ha evidenciado tales conductas en años anteriores”.

Correo electrónico enviado por Hipólito Angulo cuyo título es simbólicamente "La versión del profesor Arturo López Echevarría". 

El estudiante Eduardo Híjar recordó que, pese a esta defensa expresa emitida hacia el profesor López, Hipólito Angulo formó parte de la comisión de Ética que posteriormente se conformó para ver este caso. Lo extraño es que, según Híjar, esta comisión estuvo conformada por “gente muy allegada al entonces director Eduardo Fiestas”. “A nosotros, los alumnos, nos citaron un día que era muy complicado para todos y no pudimos asistir. Luego llegó el fin de clases y no sabemos si hubo una sanción contra el profesor que nunca más apareció”, recuerda Híjar.

Fuentes cercanas a la alumna agraviada señalaron que, al verse sin el respaldo de las autoridades de la escuela y para evitar exponer su nombre públicamente, finalmente decidió desistir de la denuncia policial contra el profesor López.

Hipólito Angulo, por su parte, se mantuvo como secretario general hasta diciembre de 2017, cuando culminó la gestión de Eduardo Fiestas. Pese a que desde entonces solo se desempeñó como docente, Angulo volvería a ser cuestionado por los alumnos a fines de 2019.

El 18 de diciembre de aquel año, Hipólito Angulo junto a los docentes Ana Polo y Raúl Huaynate, envió una carta a la dirección general, acusando sin pruebas que los estudiantes del Programa de Complementación Académica (PROCA), venían siendo objeto de una “estafa académica” y que eran inducidos por Xavier Fuentes Ávila, responsable del programa, a tomar asesorías externas que costaban entre S/2,000 y S/4,000 para aprobar sus trabajos de bachillerato.

La carta indignó a Fuentes que entendió de inmediato que se trataba de una represalia por la denuncia que había interpuesto en junio de ese año contra Ana Polo por falsificación de documentos. Los 63 estudiantes que formaban parte del PROCA también se sintieron ofendidos por lo que días después, en otra carta ingresada por Mesa de Partes el 31 de diciembre, rechazaron tajantemente la difamación propalada por Angulo y sus colegas.

Carta de respuesta de estudiantes del PROCA rechazando insinuaciones difamatorias de Angulo, Polo y Huaynate. 

En su respuesta, los alumnos exigieron que Angulo, Polo y Huaynate presenten las pruebas de sus insinuaciones y que, en caso no lo hagan, “se proceda inmediatamente a hacer la denuncia administrativa respectiva contra estos malos docentes por los delitos de calumnia y difamación en contra nuestra”. Las pruebas, al igual que las sanciones, nunca se conocieron.

Así, Hipólito Angulo se mantuvo como docente hasta que, en agosto de 2020, Simón Poma Anccasi asumió la dirección general de la escuela. Entonces, Angulo volvió a asumir cargos importantes. El 7 de setiembre de ese año Poma lo designó como jefe del Departamento Académico de Educación y Humanidades; el 3 de octubre lo colocó como Director de Investigación; y el último 18 diciembre lo designó como Director Académico, el cargo más importante de la escuela después del director general. A la fecha, Angulo se mantiene en este cargo.

La revisión de tesis anulada

Marino Martínez Espinoza ingresó a la Escuela Nacional Superior de Folklore José María Arguedas alrededor del año 1995. Por asuntos familiares y laborales tuvo que suspender sus estudios en Educación Artística en más de una ocasión. En ese ida y vuelta, se hizo de un nombre en el mundo del arte como músico, compositor e investigador. En el semestre 2020-I llegó a ser docente de la escuela, pero cuando Simón Poma Anccasi asumió la dirección general, fue retirado pese a la aprobación de sus estudiantes.

En 2020, también, Martínez logró culminar su tesis de licenciatura, una investigación en la que reflexiona sobre el uso de medios audiovisuales en el trabajo de campo etnomusicológico y en particular, sobre su experiencia de campo con el Centro de Documentación de la Música Tradicional Peruana Yaku Taki, fundada y dirigida por él.

Marino Martínez: se atrevió a cuestionar a un grupo de docentes que ahora está en el poder. Foto: Facebook de Marino Martínez.

Le asignaron tres revisores de tesis. Uno de ellos fue el etnomusicólogo peruano Julio Mendívil, docente principal de la cátedra de Etnomusicología en la reconocida Universidad de Viena, en Austria. Mendívil había sido contactado a inicios de 2020 por Xavier Fuentes, entonces director del Programa de Complementación Académica (PROCA), al cual pertenece Martínez. Fuentes también fue retirado de su cargo cuando Simón Poma Anccasi asumió como director general.

El 18 de noviembre Julio Mendívil recibió oficialmente la tesis de Martínez de forma electrónica y, un mes después, el 22 de diciembre, envió de regreso el trabajo de investigación revisado y sin ninguna observación. Desde entonces la escuela no volvió a comunicarse con él. Los otros dos asesores de Martínez le hicieron observaciones leves a su trabajo, las cuales cumplió con levantar.

Martínez se preparaba para sustentar su tesis cuando el 11 de enero 2021 fue informado de que, sin explicación alguna, Julio Mendívil había sido retirado de sus funciones de revisor de tesis, invalidando así la revisión que hizo de su trabajo. La noticia indignó a Mendívil que ese mismo día usó su cuenta de Facebook para expresar su malestar y denunciar públicamente este hecho.

“Que yo haya sido retirado de mis funciones de evaluador sin explicación alguna es lo de menos, el problema aquí es que esta medida daña la graduación de un alumno que no estando titulado ya ha demostrado ser un investigador de importancia en el país, habiendo publicado relevantes aportes sobre la obra de Manuel Acosta Ojeda y abundante material audiovisual sobre Cajamarca y otras regiones del país”, escribió Mendívil.

En diálogo con Servindi, la Coordinadora de los Programas Autofinanciados, Susana Chimayco Llauca, informó que es la Dirección Académica, a cargo de Hipólito Angulo, la que se encarga de asignar a los revisores de tesis. Intentamos comunicarnos con Ángulo; sin embargo, no accedió a una entrevista telefónica.

Marino Martínez no sabe qué pasará ahora con su tesis, pero está convencido de que todo se trata de una venganza contra él. Como delegado del grupo de música del Programa de Complementación Académica (PROCA) dice que ha sido muy crítico con la actual directiva por los nombramientos detallados en este reportaje. “La escuela José María Arguedas no merece la calidad de las autoridades que tiene en este momento”, se reafirma.

Martínez también fue uno de los estudiantes que en diciembre de 2019 exigió que los profesores Hipólito Angulo y Ana Polo, hoy director académico y secretaria general, respectivamente, sean sancionados en caso no presentaran las pruebas de sus insinuaciones difamatorias contra el grupo del PROCA que dirigía Xavier Fuentes.

“Esa camarilla, a la que tanto he cuestionado, ha llegado al poder para cobrar revancha. Más allá de mi tesis, lo que pretenden es imponer la mediocridad y traerse abajo el PROCA porque este programa significa la posibilidad de que los alumnos —que en muchos casos ya son docentes— puedan consolidar sus estudios y obtener mayor acreditación académica, lo cual es competencia para ellos que podrían ser reemplazados y, en segundo lugar, porque quien venía dirigiendo este programa era Xavier Fuentes, el docente que puso la denuncia contra la ahora secretaria general Ana Polo”, indica Martínez.

El caso de Martínez ha sido denunciado recientemente en una carta dirigida al ministro de Educación, Ricardo Cuenca, la cual es firmada por más de 90 profesionales y difusores del arte del Perú y otros países del mundo.

Carta dirigida al ministro de Educación, Ricardo Cuenca, recoge el caso de Marino Martínez y denuncia corrupción en la escuela José María Arguedas.

En ella, artistas y gestores culturales señalan que “la directiva actual de la Escuela denigra con su comportamiento corrupto el nombre de José María Arguedas”, por lo que piden al ministro Ricardo Cuenca investigar “las numerosas denuncias de corrupción que se ciernen sobre sus actuales autoridades”. El documento fue ingresado por Mesa de Partes del Ministerio de Educación (Minedu) el pasado 15 de enero, pero hasta el momento, el ministerio no ha emitido un pronunciamiento al respecto.

Quienes sí han querido pronunciarse a partir de este caso son otros exalumnos de la escuela. Amadeus Tabra Yahuana dijo a Servindi que, en 2017, cuando era presidente del Centro de Estudiantes, su profesor de Seminario de Tesis I, a pedido de Hipólito Angulo, entonces director académico y secretario general, accedió a cambiar su nota 13 por una desaprobatoria de 10. El director general en ese momento era Eduardo Fiestas.

Aunque le dijeron que este cambio se realizó porque no ingresó su trabajo por Mesa de Partes, el estudiante demostró con pruebas ante la Defensoría del Pueblo que ese era un formalismo que no contemplaba el reglamento de la institución. Solo así y después de más de medio año, las autoridades fueron ordenadas a dar marcha atrás y reponerle su nota. “Yo creo más bien que todo fue una represalia por haberme enfrentado a algunas irregularidades de la gestión que dirigía entonces Eduardo Fiestas”, dice el estudiante que ahora se prepara para sustentar su tesis.

Carta de conclusión de la Defensoría del Pueblo sobre la denuncia hecha por el estudiante Amadeus Tabra Yahuana.

Edson Ozejo Núñez es otro de los estudiantes que recuerda los días en la escuela bajo la administración de Eduardo Fiestas. “En 2017 yo era dirigente estudiantil. Nosotros teníamos un local dentro de la escuela donde realizábamos reuniones, talleres y reforzamientos. Pero un día, Fiestas dijo que faltaban espacios para otras oficinas y nos desalojó de forma totalmente arbitraria. Esa era su forma de actuar: usar la autoridad que tenía para atentar contra nuestro derecho a la organización y debilitar nuestras actividades”, recuerda Ozejo.

Servindi también tomó conocimiento de que existen al menos otros cinco casos en los que las fichas de evaluación de los estudiantes desaparecieron inexplicablemente, retrasando así la obtención de sus títulos de licenciatura. Los estudiantes, sin embargo, no quisieron brindar declaraciones por el momento por temor a represalias.

Irene Gálvez, delegada del Programa de Autofinanciados, señala que estos hechos vienen ocurriendo desde hace tiempo sin que nadie sea sancionado. Ella también considera que la escuela merece autoridades idóneas sin antecedentes cuestionables.

En ese sentido, informa que el  30 de diciembre de 2020 un grupo de delegados, incluida ella, sostuvo una reunión con Maria Conde Toribio, responsable de Escuelas Superiores de Formación Artística del Ministerio de Educación. En la reunión, detallaron la situación actual que atraviesa la escuela y explicaron que el director general, Simón Poma Anccasi, no cuenta con el perfil profesional para asumir dicho cargo, puesto que su formación no guarda relación con lo que se enseña en la escuela.

La funcionaria, por su parte, les dijo que actualmente no existe una norma que exija que, quienes sean designados como directores generales o en cargos del directorio de las Escuelas Superiores de Formación Artística, deban cumplir necesariamente con un perfil profesional determinado. Contar con una ley que lo establezca, podría ser el primer paso para evitar que un profesor, que no cuenta con un perfil de acuerdo a la escuela y que registra acusaciones, sea designado en un alto cargo.

Los delegados Irene Gálvez y Marino Martínez afirman que ya coordinan con representantes del Congreso ese tema. También informan que han solicitado una audiencia ante la DRELM y que, si en un plazo de 30 días no obtienen respuesta, acudirán a la Defensoría del Pueblo. Mientras tanto, concuerdan en que la escuela necesita una reorganización urgente.

“La principal agraviada aquí es la escuela y por eso se necesita una reorganización urgente. Esto implica que se conforme una comisión de emergencia que cumpla las funciones de directores académicos mientras se investigan las denuncias contra las actuales autoridades y se resuelvan los casos de los estudiantes. Los integrantes de dicha comisión deben ser nombrados por un equipo extraordinario de intelectuales. No más DRELM. No más mafias. José María Arguedas no merece que nadie mancille su nombre de esta manera. No lo vamos a permitir más”, dice Martínez.

Servindi intentó comunicarse con todas las autoridades de la Escuela Nacional Superior de Folklore José María Arguedas, cuyos nombramientos son cuestionados en este reportaje. Como se ha podido apreciar, el único que contestó nuestro llamado fue el profesor Eduardo Fiestas. El resto de autoridades prefirió guardar silencio.

El director general, Simón Poma Anccasi, no respondió nuestros mensajes y llamadas emitidas desde el sábado 16 de enero. Recién el martes 19, una de nuestras llamadas dirigidas a su número telefónico logró ingresar. No obstante, la persona que respondió dijo no ser Simón Poma y se identificó como un “familiar” de él, aunque no quiso precisar su nombre y optó por cortar la comunicación.

La secretaria general, Ana Polo Vásquez, tampoco contestó nuestras llamadas y mensajes. Quien sí respondió nuestros mensajes fue el director académico, Hipólito Angulo Eufracio. Ante nuestra insistencia, Angulo accedió inicialmente a una entrevista telefónica; sin embargo, minutos antes de concretar esta conversación, informó a través de un mensaje que no podría atendernos porque estaba viendo “asuntos relevantes de la institución”.

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