Perú: Numerosas organizaciones sociales de Puno respaldan Marcha nacional por el Agua

Foto: Blas Condori / RPP. Fuente: Contranatura.org

Servindi, 30 de enero, 2012.- Es un pedido nacional. No privatizar el agua, no tocar las cabeceras de cuenca ni los glaciares y reconocer el acceso al agua como un derecho fundamental. El sentido común reclama a las autoridades nacionales la protección urgente del agua y provisión de un conjunto de instrumentos de política ambiental

, como la gestión adecuada de recursos hídricos, ordenamiento territorial, moratoria de concesiones, entre otros.

La marcha que empieza este 1 de febrero va logrando la solidaridad de regiones en donde la minería se disputa el agua con el ecosistema. Arequipa se moviliza, Cusco y el norte también y las organizaciones sociales de Puno envían esta carta de respaldo.

Carta abierta en defensa del agua y la vida

Organizaciones sociales, instituciones, líderes y autoridades locales de la región de Puno participantes en el “Foro Regional por la defensa del agua y de la vida”, que se desarrolló el 27 de enero en la ciudad del Lago Sagrado de los Incas, capital de la región de Puno a la opinión pública decimos:

Primero.- Expresamos nuestra solidaridad con el pueblo cajamarquino, al Comité Unitario de Lucha por la Defensa del Agua y la Vida - Cajamarca, con la Comisión Organizadora de la Marcha Nacional por la Defensa del Agua y de la Vida, por su compromiso por la defensa del agua y de la vida.

Segundo.- Expresamos nuestro respaldo a la temática diseñada para la gran Marcha Nacional por la defensa del Agua y de la Vida.

Tercero.- Por la declaratoria internacional del Titikaka como el Lago amenazado por los altos índices de contaminación en el Día Mundial de la Protección a los Humedales (declaratoria apoyada por la Red Mundial de Lagos Vivos y la Fundación Global Nature, organismos apoyados por la ONU); junto a la descontaminación del Lago Titikaka, las cuencas del Ramis, Suches, Ilave, Río Callacami entre otros y la construcción e implementación de una planta de tratamiento de las aguas residuales en la ciudad de Puno; queremos alcanzar nuestras reflexiones:

Una realidad que duele

Hoy experimentamos un nuevo hecho que podría convertirse en una amenaza para toda la vida de las personas y los pueblos: el débil acceso y calidad del agua para el consumo de la población, para las actividades agropecuarias, pesca, culturales, turismo y otras actividades sostenibles y renovables, esto debido al desequilibrio ocurrido entre el modelo de desarrollo económico imperante, el aprovechamiento inadecuado de los recursos naturales y la desprotección del medio ambiente, que no contribuyen al desarrollo integral de las personas, ni garantizan para que las futuras generaciones tengan derecho a un ambiente sano y una vida digna.

Los impactos ambientales en los recursos hídricos se visualizan más en los sectores sociales más vulnerables. La Región de Puno es el cuarto departamento más pobre con el 60.8 % de población pobre (ENDES 2011) y 46 % de pobreza extrema. La desnutrición crónica en niños menores de 5 años alcanza al 19. % y la anemia ataca a más del 78% de la población infantil regional.

Pese a que existe nueva normatividad (Ley 29338) y una nueva institucionalidad nacional favorables para la gestión del agua, no hay políticas públicas concretas para cambiar y remediar la situación actual que vivimos en la Región de Puno: la contaminación del agua dulce alcanza al 80%; sólo el 25% de la población regional accede a agua segura; carencia de monitoreo de la calidad de agua; falta de información de la calidad de agua disponible al público; la ausencia de laboratorios acreditados para el análisis de agua, aire, y suelo. Existen más de 31 botaderos de residuos sólidos a cielo abierto, que finalmente causan problemas de contaminación de las aguas subterráneas; existen 35 puntos sin sistemas de tratamiento de aguas servidas o residuales domésticas; el 90% de la población regional no tiene una cultura sobre el cuidado del agua en sus diferentes actividades; insuficiente análisis científico de la disponibilidad del recurso hídrico a largo plazo para determinar la factibilidad de las estrategias de desarrollo social, político y económico. A esta realidad se suma la creciente depredación y agotamiento de recursos, el calentamiento global, cambio climático, pérdida de la biodiversidad, entre otros, que caracterizan la situación crítica ambiental actual de nuestra región. Estas y otras preocupaciones están recogidas en la Agenda Regional Medio Ambiente y en la Agenda Regional del Agua elaborada en espacios de concertación y firmadas por las autoridades regionales y locales.

El agua es un derecho humano

El Estado peruano debe reconocer en la legislación actual que el agua potable y el saneamiento son un derecho humano; un derecho que es esencial para la realización de todos los demás derechos humanos, puesto que, sin agua no hay vida. La contaminación del agua es una de las principales causas de mortalidad en los pueblos más pobres; y que, en el Perú, son las ciudades, que no hacen adecuado tratamiento de sus aguas, y la minería las dos principales causas de la contaminación de las aguas dulces. Es imperativo, entonces, que la Constitución Peruana reconozca que el agua y el acceso a la misma, en calidad y cantidad adecuadas, es un derecho humano concordante con la declaración de la Asamblea General de la ONU que reconoció en julio de 2010 el acceso al agua potable y el saneamiento como derecho humano básico.

Prohibición de minería en cabeceras de cuencas y glaciares

Puno no es región minera, sino una región con una gran riqueza en biodiversidad y múltiples bienes naturales (pesca, forestales, agua, también minerales) así como de numerosos bienes humanos diversos con los cuales podemos alcanzar el buen vivir.

Reconocemos que la principal riqueza de nuestra región es su gente y su cultura, sobre todo, cuando ésta sabe utilizar responsablemente los bienes naturales para lograr mejores condiciones de vida para todos. En Puno existen más de 2,262 concesiones mineras ocupando más de 1’ 089, 159.33 has. de tierra regional. Sólo en el 2010 se han registrado 1,656 solicitudes de concesiones mineras y en el primer semestre del 2011 se habían registrado más de 1,500 solicitudes. Los efectos de la minería irresponsable en Puno han dejado más de 522 Pasivos Ambientales Mineros PAM (se define como PAM instalaciones, emisiones, restos o depósitos de residuos producidos por operaciones mineras, abandonadas o inactivas, que constituyen un riesgo permanente y potencial para la salud de la población, el ecosistema y la propiedad).

De los más de 6,847 PAM existentes en el país, actualizados al mes de agosto del 2011 (Resolución Ministerial Nº 267-2011-MEN/DM), Puno es la segunda región con el mayor número de Pasivos Ambientales Mineros y en Puno se encuentra el octavo pasivo ambiental más peligroso del país: Condoraque con más de 1’200,000 toneladas de relaves mineros dejadas por la empresa minera Regina – Palca XI, ahora responsabilidad de la Minera Sillustani S.A.. Allí las aguas muertas queman. Por eso, no debe desarrollarse la minería en lugares de alta vulnerabilidad ecológica, como son las cabeceras de cuencas y los glaciares donde nacen las aguas de las cuales depende toda la vida. Nuestro país es el tercero que sufrirá los efectos negativos del cambio climático, como la crisis ecológica y la escases del agua. Entonces, no podemos permitir que sigan dando permisos a actividades de alto impacto ambiental, como es la minería, para que ésta siga destruyendo lagunas, glaciares o alterando los cursos de los ríos y quebradas, o contaminando las aguas superficiales y subterráneas como ocurre hoy en día.

Prohibición de minería con cianuro y mercurio

Siendo la minería una actividad importante en el país, su crecimiento y expansión deben ser limitados cuando ponen en riesgo la salud, el derecho al agua o violan los derechos humanos. El derecho a las inversiones y al trabajo que tienen las mineras no puede estar por encima del derecho que tenemos los pueblos especialmente los más pobres cuando una inversión, por importante que sea, afectará gravemente nuestras vidas, nuestra seguridad y tranquilidad, nuestro derecho al agua, a un medio ambiente sano y saludable y también a la biodiversidad y al paisaje.

Tanto la pequeña como la gran minería, se han vuelto actividades químicas de alto riesgo ambiental, puesto que utilizan inmensas cantidades de sustancias altamente tóxicas que envenenan el planeta y, de manera particular, nuestras aguas, suelos y aires, poniendo en serio peligro nuestra salud y la de las generaciones futuras. En su proceso de extracción, frecuentemente la minería utiliza mercurio, que es una sustancia química altamente tóxica. Por su parte, la minería ilegal utiliza, sin control, grandes cantidades de mercurio que están generando gravísimos daños ambientales que deben ser cancelados inmediatamente. El cianuro es una de las sustancias tóxicas más peligrosas que se conoce en el mundo; por eso, en muchos países, su utilización ha sido prohibida. En cambio, en el Perú, el cianuro es la principal sustancia usada en la gran minería aurífera.

Derecho a la consulta para todos los pueblos

Los pueblos originarios, después de años de lucha, lograron que por fin el Estado promulgara la ley de consulta previa, libre e informada. Ahora su Reglamento está en proceso de aprobación; sin embargo, la lucha ciudadana en nuestro país debiera ser también para que se reconozca el derecho de consulta previa a todos los ciudadanos y ciudadanas en aquel tipo de proyectos que pueden afectar su salud, su seguridad y el respeto de los derechos humanos. Se requiere que el reglamento de la ley de consulta que se va a promulgar próximamente, cautele en realidad los derechos territoriales de los pueblos indígenas y las comunidades campesinas, y que además se formulen leyes de consulta previa a todos los pueblos que van a ser afectados por proyectos mineros o petroleros. En Puno, de las trece provincias, once están afectadas por las concesiones petroleras.

Foro Nacional de Justicia Hídrica

De un tiempo a esta parte, los conflictos socio-ambientales se han convertido en una de las primeras fuentes de amenaza a la vida, inestabilidad, violencia y protestas sociales. Sistemáticamente se viene dando alertas tempranas de la ocurrencia de conflictos a lo largo de nuestra región, los cuales son desatendidos en su etapa inicial por el Estado (Gobierno Central, Gobierno Regional y Gobierno Local), siendo recién encarados en la etapa de crisis. La mayor fuente de conflictos socio ambientales en el país está relacionada con las actividades mineras y la afectación del derecho al agua. Miles de campesinos sufren persecución, carcelería, multas, han sido detenidos, hasta han sido torturado, y en Puno mueren 07 campesinos en Juliaca el 24 de junio del 2011, por defender el derecho al agua y un medio ambiente sano.

Se ha incrementado los conflictos sociales en número e intensidad, debido a la falta de voluntad política en los funcionarios públicos, debilidad en las capacidades de las estructuras y funciones en las instituciones centrales, regionales y locales de percibir, analizar, prevenir y atender las demandas sociales. Se da cuenta a nivel nacional, de 148 conflictos activos y 67 latentes. Puno ocupa el primer lugar con 20; le siguen Ancash, Cajamarca y Cusco con 16. De estos conflictos sociales el 55% se refieren a conflictos por actividades extractivas y pasivos ambientales. Estos conflictos se dan por lo general cuando empresas mineras (formales e informales) y de hidrocarburos pretenden ingresar o ingresan a territorios de comunidades campesinas quechuas, aymaras y amazónicos, sin respetar el derecho a la consulta, sin respetar el medio ambiente, la cultura (cosmovisión andina) y los recursos naturales, indispensables para la sobrevivencia de los pueblos andinos.

Cuarto.- Frente a esta situación los firmantes del presente documento nos comprometemos a trabajar por la necesidad urgente de instalar el Foro Regional (Mesa de Concertación) de Justicia Hídrica desde el cual haremos seguimiento de los conflictos hídricos que hay en la región. Visibilizaremos la verdad de los hechos. Crearemos una instancia de sanción ética a los destructores y contaminadores del agua. Promoveremos iniciativas legislativas en torno al derecho al agua. Proporcionaremos un espacio de debate permanente de la problemática del agua en el contexto del cambio climático y de la implementación de una política económica al servicio de la gente. Asimismo acompañaremos las luchas de nuestros pueblos que defienden el agua y buscan cambios en la región y el país para que haya justicia hídrica y ecológica.

Puno, Enero del 2012