Servindi, 1 de diciembre, 2011.- Los proyectos pilotos REDD+ que algunas Organizaciones No Gubernamentales (ONG) y empresas privadas promueven en el país ya afectan los derechos de los pueblos indígenas, conducen a la expansión de la piratería de carbono, y se prevé que agudicen los conflictos por la tierra y los recursos naturales.
Así, lo reveló el estudio "La realidad de REDD+ en Perú: Entre el dicho y el hecho... Análisis y alternativas de los Pueblos Indígenas Amazónicos", que fue publicado el miércoles 30 de noviembre por las organizaciones indígenas AIDESEP, FENAMAD y CARE, junto a Forest Peoples Programme (FPP).
"Proyectos de REDD no regulados convierten al Perú en un centro internacional de la piratería de carbono y propician el acaparamiento de tierras de pueblos indígenas sin precedentes. Se necesitan medidas urgentes para proteger los territorios y derechos de los pueblos indígenas”, dice Conrad Feather, coordinador de proyecto de FPP.
Piratería de carbono
El informe destaca cómo los promotores de proyectos REDD tratan de convencer a los pueblos indígenas y comunidades de la amazonía para que acepten acuerdos. Ello, con la promesa de obtener millones de dólares a cambio de firmar el control por terceros de sus derechos a la tierra y el carbono de los bosques.
Muchos de estos acuerdos incluyen cláusulas de confidencialidad y se negocian sin supervisión ni asesoramiento legal para las comunidades vulnerables. Además de ser complejos, algunos contratos comerciales están escritos en inglés y sujetos a leyes inglesas.
"Nos presentaron un fideicomiso donde se obliga a la comunidad a entregar la administración [del territorio comunal] y acatar las decisiones del promotor por treinta años, sin permitir desarrollarnos como personas, ni ejercer la libertad de decidir sobre nuestro territorio. Ni siquiera planificar el futuro de nuestros hijos", refiere un nativo de la comunidad Bélgica, en Madre de Dios.
Acaparamiento de tierras
Actualmente, unos 20 millones de hectáreas de territorios indígenas en la Amazonía peruana carecen de reconocimiento legal, incluidos los pueblos autónomos o en aislamiento voluntario. Esto viola las obligaciones internacionales del Estado peruano a reconocer y asegurar las tierras y bosques bajo posesión indígena tradicional.
Asimismo, solicitudes formales de "concesiones de conservación" –con la intención de establecer proyectos de REDD–presentados por particulares y ONG ambientales, se superponen a territorios indígenas con reconocimiento pendiente. Todo lo anterior, crea condiciones para un acaparamiento masivo de tierras legitimado por el Estado.
Si bien la incidencia de organizaciones indígenas logró algunos compromisos gubernamentales para modificar los planes nacionales de REDD en los programas estatales financiados por el Banco Mundial, aún no existen garantías sólidas para el respeto los derechos de estos pueblos.
"Los compromisos del gobierno anterior no fueron pasajeros, sino que fueron asumidos por el Estado, y avalados en la reunión global del FCPF del Banco Mundial”, señala Roberto Espinoza, coordinador del programa de cambio climático de AIDESEP y uno de los autores del informe.
“Por lo tanto, esperamos que el actual gobierno y los actores internacionales, como el banco mundial cumplan sus compromisos para respetar los derechos territoriales de los pueblos indígenas. Para eso el monitoreo continuo será fundamental”, agrega Espinoza.
Alternativas indígenas a REDD+
Ante la problemática señalada, los pueblos indígenas exigen al gobierno actual que reformule los planes del gobierno anterior sobre los bosques y el clima. Proponen que deben utilizar los fondos de REDD con el fin de asegurar los bosques en territorios indígenas y apoyar soluciones comunitarias para combatir el cambio climático.
El informe concluye que en lugar de despilfarrar el dinero en dudosos e inestables mercados de carbono, con una financiación modesta se podrían asegurar los derechos a la tierra y el territorio de los pueblos indígenas y apoyar el manejo comunitario sustentable de los bosques.
Los enfoques basados en el respeto a los derechos de estos pueblos son formas accesibles para la protección efectiva de los bosques. Ello, reducirá las emisiones causadas por la deforestación y mantendrán el bosque en pie, y contribuirá a reducir la pobreza, asegurar la soberanía alimentaria y la conservación de la biodiversidad.
"Sólo de esta forma REDD será una verdadera oportunidad, en lugar de una amenaza para los pueblos indígenas", explica Alberto Pizango, presidente de AIDESEP en el informe, que reúne diversas experiencias de organizaciones de pueblos indígenas con políticas y proyectos de REDD+ en el Perú.
La publicación analiza también las políticas y estrategias del gobierno peruano, el papel de las agencias internacionales y las iniciativas piloto en marcha actualmente en territorios indígenas.
Descargue el informe completo en el siguiente enlace:
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