Servindi, 15 de julio, 2022.- La principal organización indígena amazónica: Aidesep, eleva su voz de protesta y exige: ¡alto a la piratería de carbono!, actividad que prolifera debido a la demora de las autoridades en regular el mercado de carbono.
Las malas prácticas en el mercado de carbono no solo vulneran los derechos de los pueblos indígenas sino también los compromisos ambientales y climáticos del Perú, advierte la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep).
La ausencia de regulación permite prácticas nocivas como la falta de transparencia, contratos inequitativos y otras formas de vulneración.
Por este motivo, desde hace años Aidesep demanda que la política pública y privada en Perú sobre mecanismos de reducción de emisiones por deforestación y degradación (REDD+) y mercado de créditos de carbono se adecúen a la realidad, visiones y derechos indígenas.
De esa manera propuso el Redd+ Indígena Amazónico (RIA) que gracias a la insistencia de las organizaciones indígenas ha sido ratificado por el Estado peruano a través de los Decretos Supremos del Minam DS 007-2016 y DS 013-2019.
Exigencias contra la piratería del carbono
Sin embargo, el Ministerio del Ambiente (Minam), las entidades públicas y privadas vinculadas a estos procesos han demorado en exceso en establecer la normativa estatal para regular el mercado de carbono,
Mediante una carta abierta Aidesep presenta un conjunto de demandas urgentes para asegurar el respeto de los derechos colectivos de los pueblos indígenas de la Amazonía peruana.
En ella prioriza la necesidad de sancionar a los denominados “piratas de Carbono” y propender a una equidad en la distribución justa de beneficios.
Entre los principales pedidos al Minam se encuentra la consulta previa de las normas que regulan REDD+, entre estas el nivel de referencia de las emisiones forestales, las salvaguardas y los mecanismos de atención y quejas.
Asimismo, hace hincapié en el Registro Nacional de Medidas de Mitigación, el pago por resultados y la distribución de beneficios derivados del comercio del carbono, entre otros.
A las empresas y oenegés se les pide dejar de ejercer presión, división y formas de corrupción sobre las comunidades para obtener “firmas de representación”; que respeten e implementen RIA en los territorios indígenas y que modifiquen sus convenios y contratos para cumplir las salvaguardas.
A la Defensoría del Pueblo se le solicita emitir un informe defensorial sobre la vigencia y protección de los derechos indígenas y ambientales en los casos de malas prácticas y “piratería de carbono” e intervenir en los casos de conflictos sociales relacionados con REDD+.
Finalmente, la carta también se dirige a la Secretaría Técnica de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), a la COP 27 y a la Plataforma Global de Pueblos Indígenas sobre Cambio Climático.
A estas instancias solicita organizar espacios para diseñar estrategias alternativas frente a la expansión global de malas prácticas, así como brindar recomendaciones a las entidades involucradas en estándares, certificación y monitoreo sobre REDD+
Lee la carta completa aquí.
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Foto: Roger Tunque / Servindi
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