Infografía: La República
Servindi, 17 de octubre, 2011.- Las provincias de Puno que presentan mayor concentración de minería informal son las de San Antonio Putina y Carabaya, indicó Jesús Álvarez Quispe, encargado de la Dirección Regional de Energía y Minas.
En cuatro localidades de estas provincias: Pampa Blanca, Chaquiminas y Anco Cala (estas tres en San Antonio de Putina) y la localidad de Huacchanis, habría mayor actividad de la minería informal, según el plan de formalización de la minería.
“También hay reportes de la provincia de Sandia y Azángaro, pero básicamente la minería informal tiene lugar en San Antonio Putina”, declaró Álvarez Quispe.
El funcionario indicó que en Puno habría alrededor de 40 000 personas dedicadas a la minería informal, sobre todo del tipo “oro aluvial”, lo cual daña los suelos y el agua con maquinaria pesada y elementos nocivos.
Tras este diagnóstico, se están llevando a cabo coordinaciones con las diferentes entidades del Estado para precisar los roles que le competen en su trabajo contra la informalidad, señaló Álvarez.
Las acciones contra la minería informal se desarrollarán conforme a lo estipulado en el Decreto de Urgencia 028 – 2011, del 17 de junio de este año, que declara de interés nacional y ejecución prioritaria la recuperación de la cuenca de los ríos Ramis y Suches.
Dicha disposición contempla la intervención de las Fuerzas Armadas, el Ministerio Público y otras instituciones gubernamentales con el propósito de luchar contra la minería informal, señaló el funcionario.
Como se sabe, en junio pasado, pobladores de distintas provincias de Puno se movilizaron en contra de la minería informal que contamina sus ríos con aluminio, arsénico, hierro y manganeso, en cantidades que superan los estándares nacionales de calidad de agua.
Los ríos Crucero, Santa Rosa, Ayaviri, Pucará y Llallimayo tiene contaminación en la Categoría 3, según un monitoreo realizado por la Dirección de Gestión de la Calidad de los Recursos Hídricos, que pertenece a la Autoridad Nacional del Agua (ANA).
Esto significa que significa que sus aguas no sirven para el riego de tierras destinadas a la agricultura, ni para abrevar a los animales.
Actualmente, las medidas de la Dirección Regional implican la participación de los trabajadores informales, que pueden participar voluntariamente en la formalización, para mejorar su propia seguridad y tener en cuenta el cuidado del medio ambiente, mencionó el funcionario.
“Están comprendiendo que no tienen otra salida que la formalización, porque de lo contrario se verían comprometidos con sanciones, paralizaciones e incautación de maquinarias”, finalizó.
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