Foto: RPP
Servindi, 30 de junio, 2011.- Las manifestaciones en las distintas provincias del departamento de Puno, que hasta el momento han dejado seis víctimas mortales, están vinculadas a las actividades mineras que la población rechaza.
Contaminación del río Ramis
Por un lado, se encuentran las manifestaciones en Juliaca, realizadas por los pobladores de la provincia de Azángaro, que piden el cese de las actividades mineras informales que contaminan la cuenca del río Ramis.
En estas manifestaciones han participado población de las provincias de Carabaya, Azángaro y San Antonio de Putina.
El último monitoreo realizado por la Dirección de Gestión de la Calidad de los Recursos Hídricos, que pertenece a la Autoridad Nacional del Agua (ANA), en noviembre pasado, indica que cinco de los siete ríos de la cuenca del río Ramis están contaminados por la minería informal.
Se trata de contaminación con metales pesados, entre los cuales se encontró aluminio, arsénico, hierro y manganeso, en cantidades que superan los estándares nacionales de calidad de agua.
Los ríos Crucero, Santa Rosa, Ayaviri, Pucará y Llallimayo tiene contaminación en la Categoría 3, lo que significa que sus aguas no sirven para el riego de tierras destinadas a la agricultura, ni para abrevar a los animales.
Después de más de una año y medio de publicado el informe del ANA, el presidente Alan García promulgó el Decreto de Urgencia N° 028-2011 que declara de necesidad pública la recuperación ambiental de la zona afectada.
Proyecto minero Santa Ana
Mientras tanto, en la provincia de Chucuito, al sur de Puno, la protesta se enfocaba en la derogación del Decreto Supremo 083-2007, el cual otorgaba concesión a la mina Santa Ana, propiedad de la firma canadiense Bear Creek Mining Company.
Esta jornada de protesta se inició el pasado 9 de mayo, liderada por Walter Aduviri. Finalmente, a través del D.S. 032-2011-EM se deja sin efecto el D.S. 083-2007.
El pasado 21 de junio, el dirigente aymara Walter Aduviri y el congresista Yonhy Lescano presentaron una serie de documentos que evidencian irregularidades en la concesión a Bear Creek Mining en el 2007.
Según indicó Lescano, se produjo un “faenón” para entregar la concesión minera. Refirió que el proyecto nunca contó con un informe sobre una posible contaminación de aguas.
Ejecutivo promulga cinco normas
Para poner fin a las protestas de la población puneña, el Ministerio de Energía y Minas y la Presidencia del Consejo de Ministros, dictaron cinco normas entre resoluciones supremas y decretos de urgencia.
Las normas suspenden las actividades de exploración y explotación de recursos naturales en el departamento de Puno, y establecen como requisito para otorgar concesiones la aprobación de las poblaciones afectadas mediante el proceso de consulta previa.
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