Servindi, 5 de marzo, 2011.- Luego de una larga presión ciudadana el Congreso de la República por fin revisará el Acuerdo para el Suministro de Electricidad al Perú y Exportación de Excedentes al Brasil.
El jueves 3 de marzo se publicó la Resolución Suprema N° 057-2011-RE mediante la cual el Ministerio de Relaciones Exteriores envía dicho documento al Congreso de la República.
El pedido para que el Congreso revise dicho acuerdo fue promovido por el Colectivo Amazonía e Hidroeléctricas, integrado por varias asociaciones civiles.
El acuerdo firmado el 16 de junio de 2010 establece el marco legal para producir electricidad destinada al mercado interno y a la exportación de excedentes de potencia y energía eléctrica asociada al Brasil.
Dicho acuerdo fue muy criticado por la sociedad civil y la posible población afectada por no contar claramente con adecuadas salvaguardas ambientales y sociales y no solventar los beneficios que traería al Perú.
La asociación Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR) -que integra el colectivo citado- señala que una de las debilidades del compromiso suscrito es que la negociación se realizó sin que el Perú contara con una Política Nacional Energética aprobada.
Otro tema preocupante -destaca DAR- es que si bien el Congreso ya cuenta con una Política Nacional Energética desde fines del 2010, ésta obvió procedimientos. Entre estos, contar con una Evaluación Ambiental Estratégica (EAE), tal como lo dispone la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, Ley 27446.
El Colectivo Amazonía e Hidroeléctricas considera pertinente que el Congreso de la República considere en su análisis las recomendaciones de la sociedad civil, y priorizar la seguridad energética nacional para no repetir casos como el del gas de Camisea.
Estima prioritario que el Congreso realice una evaluación previa real de los impactos que estas hidroeléctricas causarán en la Amazonía peruana, realizar una Evaluación Ambiental Estratégica y reconsiderar el Acuerdo para que contemple salvaguardas ambientales y sociales claras y específicas.
Vanessa Cueto, especialista del Programa de Energía Sostenible de DAR, afirmó que “una condición previa para la aprobación de Acuerdo por parte del Congreso, es contar con estudios que puedan decirnos ¿cuánta reserva de energía tenemos?, ¿Cuánta energía necesitaremos para los próximos 30 años? y ¿cuál es la propuesta de modelo de desarrollo que queremos impulsar?"
Cueto recalcó que “es obligación del Congreso impulsar un debate nacional en el cual participen expertos, el colegio de ingenieros, la sociedad civil, los posibles afectados, las autoridades locales y los gobiernos regionales, con el fin de evaluar los posibles impactos ambientales, sociales y económicos de este nuevo marco legal.
La especialista señaló que se abre una oportunidad para debatir al Acuerdo y mejore la negociación con Brasil bajo criterios de gobernabilidad energética nacional.
La finalidad es que los peruanos se beneficien, se protejan los recursos naturales y se respeten los derechos de los pueblos indígenas, finalizó.
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