Perú: Ola de concesiones

Por Jans Erik Cavero Cárdenas

Las concesiones que el gobierno aprista viene implementando para beneficiar a grandes multinacionales, en detrimento del propio Estado, tienen como aval normativo los decretos de urgencia 047-2008, 121-2009, y el recientemente publicado 039-2010, el mismo que incorpora a la ola de concesiones 2 proyectos más: El Terminal Norte Multipropósito del Callao y el Aeropuerto Internacional de Chinchero (Cusco).

A la fecha, suman 23 proyectos que serán concesionados por el gobierno. El Puerto de Paita, la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Taboada y la Autopista del Sol, tramo Trujillo – Sullana, ya fueron concesionados. Están a la espera, un segundo paquete de aeropuertos, entre los que se encuentra el Mendivil Duarte de Ayacucho. En pocos años, los puertos y aeropuertos estarán en manos privadas.

Panamericana Sur, tramo Ica-Chile; Autopista del Sol, tramo Sullana-Ecuador; Ferrocarriles Huancayo-Huancavelica y Cajamarca-Bayóvar; Chavimochic; Majes-Siguas; la carretera IIRSA centro, que une el Callao con Pucallpa; las líneas de transmisión eléctrica Tintaya-Socabaya, Talara-Piura, Chilca-Marcona-Caravellí; etc., también serán concesionados. Ni siquiera se salva la Isla San Lorenzo o el Cuartel San Martín.

Para llevar adelante esta ola de concesiones, el gobierno de turno cuenta con un organismo ejecutor: PROINVERSIÓN. Pero, ¿qué es PROINVERSIÓN? Es una agencia ideada por Fujimori para privatizar empresas estatales, bienes y servicios públicos, proyectos de interés nacional. Gracias a PROINVERSIÓN, las transnacionales se han llevado jugosas utilidades, y la mafia fujimontesinista se ha embolsillado millones de dólares.

El “plan entreguista” de los mercantilistas tiene como bandera dos conceptos manipulados: Las Asociaciones Público Privadas y la Inversión Privada. En nombre del crecimiento económico hay que regalar bienes públicos. El artículo 4 del DU 121 confirma nuestra afirmación:

“Los terrenos de propiedad directa o indirecta del Estado, incluyendo empresas, requeridos para la concesión, serán transferidos automáticamente por la entidad titular de los mismos al concedente en la oportunidad en que éste lo señale y a título gratuito, por el solo mérito del Decreto Supremo que así lo establezca.”

Las entidades del Estado, los organismos reguladores, e incluso la Contraloría, sólo pueden emitir opiniones previas respecto a elementos no esenciales de la concesión y siempre que sea materia de su competencia. Ningún ente, sólo el consejo directivo de PROINVERSIÓN, puede opinar sobre el diseño de la transacción. Asimismo, las consultorías para el diseño de las concesiones serán decididas por el mismo consejo directivo, a través de simples concursos por invitación. ¿Quiénes serán los consultores? Los amigazos de siempre, los carnetizados, y aquellos simpatizantes de la estrella.

De otro lado, las exigencias legales para las concesiones quedan reducidas a su mínima expresión. La modalidad de la promoción de inversión privada, el plan de esta promoción, así como sus modificatorias, la designación de los miembros de los comités especiales, los viajes al exterior para hacer lobbies de promoción, son otros privilegios que ostenta el consejo directivo de PROINVERSIÓN.

A la vista de todo, la filosofía de Alan García resulta inequívoca: Primero el crecimiento del PIB a cualquier precio; segundo, la prioridad del capital extranjero por sobre el capital nacional; tercero, sacar provecho de los “faenones” que otorgan los procesos de contrataciones y adquisiones públicas. A mayor número de concesiones o adjudicaciones amañadas, mayores honorarios de éxito para la cúpula gubernamental.

Ahora bien, ¿cuál es el soporte intelectual de esta forma perversa de hacer política? Tener como entorno a supuestos gurúes del management, defensores a ultranza del mercado y propulsores del mito de que el Estado es incapaz de gestionar bienes y servicios públicos. Ahí están Cecilia Blume, Mercedes Araoz, Mayen Ugarte, Nuria Sparch, etc., para quienes la solución a la “ineficiencia” del Estado pasa por gerenciar una administración pública como si fuera una empresa privada.