Servindi, 23 de octubre, 2009.- Esta vez no fue por contaminación pero sí por violaciones a los derechos humanos cometidas contra un grupo de campesinos piuranos, que la Corte Suprema británica resolvió congelar definitivamente casi ocho millones de dólares de las cuentas de la multinacional Monterrico Metals, propietaria de la empresa Río Blanco (Imagen: Carlincaturas de Carlos Tovar, La República, 22.20.2009).
En momentos que el Perú vive un proceso de criminalización de las protestas sociales, esta noticia resulta alentadora para sancionar a los responsables jurídicos que utilizan la amenaza, el abuso y la agresión para acallar los reclamos de la población que defienden su derecho a la vida, a sus territorios y a un medio ambiente sano.
Los ocho millones de dólares servirán para salvaguardar la demanda de reparación civil a favor de los 31 comuneros que fueron secuestrados y torturados en el 2005 por la policía y el personal de Forza, empresa que brinda seguridad a la minera Río Blanco, ex Majaz.
Justicia peruana sometida al gran capital
A pesar de las evidencias, de la premeditación y alevosía con que actuó la minera Río Blanco para reprimir a la población piurana que realizaba una marcha pacífica contra la empresa, la justicia peruana jugó un papel vergonzoso.
En las fotografías que se difundieron en enero de 2009, en las que se muestra a los pobladores heridos, atados y encapuchados con bolsas plásticas, figura también la del fiscal Félix Moreno Leyva actuando bajo las órdenes de la minera.
Moreno Leyva denunció a 104 pobladores por daños al patrimonio y a la paz social, incluidos alcaldes. Sobre las torturas a los campesinos se hizo de la vista gorda.
La denuncia ante el Poder Judicial presentada por los pobladores no prosperó porque no se contaba con la información que sustentase la demanda.
La actuación del gobierno peruano en estos temas ha sido todavía más notoria: en el 2007 promulgó un paquete de decretos legislativos orientados a criminalizar la protesta social y en este año, a través de su bancada oficialista, ha presentado un proyecto de ley que exime de responsabilidad penal, civil y administrativa a los miembros de la policía que utilicen armas de fuego en cumplimiento de sus funciones.
Como señala Rosa Quedena, de Fedepaz, la posición del Estado peruano ni siquiera fue neutral sino a favor de la empresa. Cuando salió a luz la denuncia por el tema de las torturas y luego se publicaron las fotos, hasta la propia ministra de Justicia de entonces dijo que sólo fueron pequeños problemas.
Mientras que jueces y fiscales peruanos se sumergen en los pozos de la corrupción, la Europa del siglo XXI se está empeñando en sancionar a sus ciudadanos y empresas que cometan abusos y violaciones a los derechos humanos en cualquier parte del mundo.
Informe sobre Derechos Humanos y empresas transnacionales
El Representante Especial del Secretario General de las Naciones Unidas para la consulta global sobre Derechos Humanos y Empresas Transnacionales, John Ruggie, presentó en abril de este año un informe titulado La empresa y los derechos humanos: la puesta en práctica del marco proteger, respetar y remediar, en el que resalta la importancia de fortalecer el régimen internacional de derechos humanos contra los abusos de las empresas precisamente en estos momentos de crisis económica.
Según el Informe, en tiempos de crisis los derechos peligran más y en este sentido la crisis económica puede generar un peor comportamiento de las empresas hacia los derechos humanos y retroceder a sociedades excluyentes y discriminatorias.
Proceso internacional genera expectativa
Los pobladores de Piura tendrán el derecho de narrar y dar testimonio de las torturas sufridas en agosto de 2005 ante la Corte Suprema británica, durante el proceso que se le sigue a Monterrico Metals.
El 16 de octubre, Richard Meeran, de la firma de abogados inglesa que está a cargo de la demanda, logró un mandato judicial que congeló los activos de la compañía en Londres por 5 millones de libras esterlinas (cerca de 8 millones de dólares).
Aun cuando el juicio recién empieza, ya genera expectativas por saber cuál será el resultado de la sentencia contra Monterrico Metals, transnacional minera que ha sido sentada en el banquillo de los acusados por la muerte del poblador Melanio García Gonzales y la tortura contra 31 personas.
Para que no se repita
Mario Tabra, presidente del Frente de Defensa del Medio Ambiente, la Vida y el Agro de Ayabaca, fue uno de los que vivió en carne propia el peso de represión policial y de los miembros de seguridad de la minera.
Fuimos conducidos a un baño donde nos torturaron física y sicológicamente durante tres días hostigándonos y acusándonos constantemente de: ¡terroristas! ¡hijos de puta!, ¡van a morir!, ¡por qué no dejan que trabaje la empresa! ¡indios ignorantes de mierda!, entre otros epítetos.
Cuando los detenidos clamaban por Dios, ellos decían ¡la DINOES es Dios! Cuando cambiaban de turno cada cuatro horas los relevantes preguntaban quién es el profesor, se me acercaban, sacaban el saquillo, alzaban la venda, me rociaban polvo lacrimógeno, volvían a ensaquillarme y rellenaban con golpes, igual suerte pasaban todos los detenidos.
Las noches eran más tormentosas, lejos de dejarnos dormir, se acercaban a cada uno y molestaban para que no se acuesten así, que sentados, atados, vendados y ensaquillados teníamos que estar, el dolor a las muñecas por las sogas y a la columna era insoportable, la tortura de la balanza era asfixiante, los quejidos de los castigados era escalofriante. Por el día ni siquiera nos dejaban bañar para relajar el cuerpo de la mala postura en que pasábamos los días, relató en esos años.
Majaz, Rio Blanco, Monterrico Metals, Zijin
Monterrico Metals es propietaria accionista de la Minera Río Blanco Copper S.A. y que actualmente forma parte del consorcio minero chino Xiamen Zijin Tongguan Investment Development Co. Ltd. Río Blanco, antes llamada Minera Majaz S.A., tiene un ámbito de operación que abarca 29 mil hectáreas ubicado en el departamento de Piura, en las provincias de Huancabamba y Ayabaca.
Mediante el D.S. 023-2003-MEM, el gobierno de Alejandro Toledo otorgó 6,472 hectáreas en plena línea de frontera a la empresa minera inglesa Monterrico Metals, quienes adquieren en nombre de Río Blanco Copper S.A. la totalidad del capital social de la Empresa Minera Majaz.
En diciembre de 2008, el presidente García promulga el D.S. 024-2008-DE declarando de interés nacional la inversión privada en 28,263 hectáreas de la frontera con Ecuador a favor de Zijin.
Minera Majaz ha estado extrayendo cobre desde 2003 en las tierras de las comunidades campesinas de Segunda y Cajas, y Yanta. Según las comunidades, en las votaciones sobre este proyecto realizadas en la asamblea comunitaria no se ha obtenido la mayoría favorable de dos tercios que establece la ley.
Las objeciones principales de las comunidades son la contaminación de sus campos y sus suministros de agua, el impacto sobre la fauna y el hecho de que no se las informó ni consultó adecuadamente antes de iniciarse la extracción.
Desde 2006, Amnistía Internacional ha documentado varios casos de activistas que trabajan para proteger los derechos de las comunidades afectadas por proyectos mineros y que han sido acusados de delitos como, por ejemplo, terrorismo y han recibido amenazas de muerte. Ninguna de las amenazas se ha investigado adecuadamente, y no se ha llevado a nadie ante la justicia.
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BRILLANTE LA DECISIÃ’N DE LA JUSTICIA BRITANICA DE SANCIONAR A LA EMPRESA MINERA EX-MAJAZ EN PIURA, LA VIDA DE UN SER HUMANO Y SOBRE TODO LOS QUE SALVAGUARDAN NUESTRO PATRIMONIO MUNDIAL, COMO LO OCURRIDO A LOS HERMANOS CAMPESINOS TORTURADOS POR LAS ORDENES DE QUIENES NOS GOBIERNAN EN ESTA ULTIMA DECADA, SENTARA UN BUEN PRECEDENTE DE VERDADERA JUSTICIA EN BENEFICIO DE LOS MAS POBRES QUE CUIDAN Y CONSERVAN EL FUTURO COMUN DEL PLANETA TIERRA. DIFUNDIRLO POR DIVERSAS VIAS.
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