El pueblo tiene derecho a la defensa de sus territorios, a vivir pacíficamente de acuerdo a sus usos y costumbres y existen leyes nacionales y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo que protege a las comunidades indígenas, originarias y nativas a decidir sobre el modelo de desarrollo que han decidido.
Por Mario Tabra Guerrero*
17 de mayo, 2023.- El pueblo ayavaquino, heredero de una nación pertinaz y rebelde de los Ayawaka, ha demostrado durante estos últimos 20 años que nadie le pisa el poncho y que ante traidores y traidoras sabe mantener su dignidad y autonomía.
Nadie sabía de la entrega de sus territorios realizada años atrás durante el gobierno del genocida Alberto Fujimori a otras empresas extranjeras canadienses y australianas, hasta que la Mesa de concertación para la lucha contra la pobreza el 2001 empezó a realizar talleres informativos para realizar el Plan estratégico de desarrollo de la provincia de Ayavaca.
En este plan se descartó de plano el desarrollo de la actividad minera, planteando que Ayavaca se desarrollará mediante su agricultura, ganadería, comercio, turismo y conservación de sus fuentes naturales de agua.
Estos acuerdos se llevaron conjuntamente con las comunidades campesinas, autoridades e instituciones de los sectores agrarios, salud, educación y comercio.
Así que estos talleres se replicaron en las centrales de rondas campesinas, coordinando realizar una marcha hacia Piura para hacer conocer a las autoridades regionales su plan de desarrollo concertado. A esta marcha se le denominó “La marcha de los Wayakuntu”.
El 16 de mayo de 2003 amanecieron miles de descendientes del pueblo Ayawaka en la ciudad de Piura. a la que se sumaron los residentes de esa ciudad sumando más de 5 000 personas que marcharon por las principales calles hasta el gobierno regional para decirle al presidente regional de aquel entonces, el aprista Cesar Trelles Lara, que no querían minería en su territorio, que declarasen intangibles los páramos y los bosque de neblina, que son las nacientes del agua de la región Piura y del norte de la región Cajamarca.
La noticia salió por todos los medios regionales y a nivel nacional; sin embargo, lejos de oír su reclamo, el presidente de la nación de aquel entonces –el procesado Alejandro Toledo Manrique– emitió el 27 de junio los decretos: DS 022-2003-MEM y DS 023-2003-MEM.
Mediante dichas disposiciones otorga las concesiones mineras a la empresa minera inglesa Monterrico Metals y su proyecto Río Blanco para explorar los territorios de las comunidades de Yanta-Ayavaca y Segunda y Cajas-Huancabamba donde encontraron grandes concentraciones de cobre, molibdeno, zinc y oro.
Al no hacer caso el gobierno central, las comunidades empezaron a coordinar a través de sus rondas campesinas de Ayavaca y Huancabamba, para trasladarse hasta las instalaciones del campamento ubicado entre las dos comunidades de sus provincias. En la marcha de 2004 fue asesinado de un disparo el rondero huancabambino Remberto Herrera Racho.
En el 2005 en una segunda marcha hacia el campamento volvieron a asesinar a otro rondero de Pacaipampa, don Melanio García Gonzales y detuvieron a 30 comuneros incluidas dos mujeres, quienes fueron sometidos a torturas durante tres días.
Los detenidos luego fueron acusados fiscalmente por arrebato de arma al capitán de la Dinoes, herirlo y llevarse el fusil ametralladora, cuando en verdad los comuneros estaban secuestrados, vendados, amarrados y sometidos a torturas psicológicas y físicas de las cuales llevan terapias de rehabilitación hasta la actualidad.
Continuaron a esto toda una campaña de desprestigio hacia las rondas campesinas acumulando hasta 16 juicios por persona contra los manifestantes mas visibles. Muchos de estos juicios llegaron hasta la Corte Superior de Justicia de Piura donde fueron absueltos por falta de pruebas sustentatorias de las acusaciones antojadizas.
En febrero de 2007 Alan García otorga las concesiones de Monterrico Metals de Inglaterra a la empresa transnacional China Zijin Mining Group y amenaza a la ciudadanía con denunciar de terroristas a todas aquellas personas que organicen e impulsen la consulta vecinal en Ayavaca y Huancabamba.
El 16 de setiembre de 2007, en consulta vecinal, la población de Ayavaca y Huancabamba votó en un 95 por ciento promedio por “No a la minería” en sus provincias.
El 28 de octubre 2008 archivan investigación por terrorismo contra los ambientalistas y las autoridades que habían promovido la consulta vecinal. Algo inaudito: fomentar decisiones democráticas era motivo para ser acusados de terrorismo por el gobierno de Alan García.
En diciembre de 2009 la Policía Nacional del Perú (PNP) incursiona en Carmen de la Frontera de Huancabamba y asesina a otros dos comuneros: Vicente Romero Ramírez y Cástulo García Huamaní.
Las denuncias contra los directivos comunales continuaron y continúan hasta la actualidad para poder neutralizar la organización ronderil. Pero lejos de amilanarlos han fortalecido su espíritu valiente y digno contra la imposición de las grandes empresas transnacionales mineras y sus títeres en la presidencia de la Republica desde Alberto Fujimori, Alejandro Toledo, Alan García, Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra y ahora Dina Boluarte.
El hecho de que estos lacayos de las grandes empresas autoricen su explotación no significa que ya van a explotar, porque mientras exista la organización ronderil, las comunidades campesinas y pobladores honestos en las ciudades que permanentemente se vienen manifestando en defensa de Ayavaca y Huancabamba, las empresas mineras no entrarán por más piel de cordero que se pongan los lobos feroces y sus esbirros traidores que por un cargo político o unas propinas infiltran tanto en la ciudad como en las comunidades.
Ante este breve panorama histórico nos preguntamos ¿de que comuneros violentos hablamos? Si las comunidades durante 20 años vienen resistiendo pacíficamente y mas bien han sido las victimas de los gobiernos y sus efectivos policiales que lo único que han hecho es herir, secuestrar, torturar, asesinar, enjuiciar, perseguir.
El pueblo tiene derecho a la defensa de sus territorios, a vivir pacíficamente de acuerdo a sus usos y costumbres y existen leyes nacionales y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo que protege a las comunidades indígenas, originarias y nativas a decidir sobre el modelo de desarrollo que han decidido.
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* Mario Alberto Tabra Guerrero es cantautor, comunicador, escritor y activista ambiental originario del pueblo de Ayavaca, región Piura. Es miembro de la Red de Comunicadores Indígenas del Perú (REDCIP).
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