Luces y candados de la consulta previa de Hidrovía Amazónica

Imagen: Inforegion

- Se ganó el reconocimiento del Programa de Vigilancia y Monitoreo Indígena Independiente y la posibilidad de una segunda consulta previa al EIA.

Por Henry Carhuatocto Sandoval, Lilyan Delgadillo Hinostroza y Katherine Serrato Taboada*

El proceso de consulta previa de la Hidrovía Amazónica, está llena de críticas y desencuentros tanto desde el propio Estado como organizaciones civiles, y sin embargo qué duda cabe ha significado la mejora significativa de los Términos de Referencia del Estudio de Impacto Ambiental (EIA), que no es otra cosa que la receta de cómo se hace para neutralizar los impactos negativos de proyecto a las poblaciones indígenas y ambiente, y ha permitido una revisión minuciosa del Contrato de Concesión y su modificación, y ha establecido reglas de juego para los próximos veinte (20) años al concedente (MTC), regulador (OSITRAN) y el Concesionario frente al relacionamiento con catorce (14) pueblos indígenas de Loreto y Ucayali.

Esos son los dos grandes candados que constituyen los mejores mecanismos protectores a los derechos indígenas conseguidos en una consulta previa. Hay que decirlo fue un proceso durísimo especialmente por las deficiencias que tuvo la Etapa de Información, que ocasionaron la necesidad de una segunda ronda de etapa de información y evaluación interna complementaria, como un esfuerzo para evitar la nulidad del proceso, e ingresar correctamente a la etapa de diálogo con el Estado.

Sin duda, la experiencia de este proceso hace necesario una reforma de la metodología aplicada por el ente proponente y el MINCU, en casos en que se involucre una cantidad importante de pueblos indígenas de distintas regiones, que posibilite además de la evaluación interna de las organizaciones indígenas, una sub etapa de “evaluación interna inter regional” para poder uniformizar y construir una propuesta consensuada de las organizaciones indígenas, cuestión que fue una demanda de las organizaciones, y que el MINCU ni el ente proponente pudieron valorar adecuadamente.

Otra de las cuestiones a superar en los futuros procesos de consulta previa es permitir que la etapa del diálogo se desarrolle cuanto menos en el plazo legal prestablecido de treinta (30) días con descansos e intervalos, para tener la prudencia suficiente de no agotar a ninguna de las partes, especialmente a los Apus o Jefes de Organizaciones Indígenas Regionales y Locales, puesto que al estar distante de sus bases y su espacio natural pueden sentir la necesidad de requerir un tiempo fuera para la reflexión y ponderación, especialmente en un proyecto que afectará directamente las vidas de sus pueblos por varias décadas. A tomar nota MINCU y corregir.

Recordemos que la etapa del diálogo de la Consulta Previa de la Hidrovía Amazónica se desarrolló en cinco (05) maratónicos días, llenos de amanecidas, estrés y distensiones por la inflexibilidad del ente proponente ante cualquier prolongación; apenas si aceptó extenderla dos (02) días más producto de darse cuenta de la complejidad del proceso. Y aquí va otra nota para el MINCU, se requiere ampliar los supuestos de suspensión del diálogo e incluir aquella que se da por solicitud de las organizaciones indígenas o el ente proponente, la cual debe proceder si se está dentro del plazo de esta etapa.

Las cuestiones de fondo en la que deja un legado contundente esta consulta, luchadas palmo a palmo por las organizaciones regionales indígenas ORPIO, ORAU y CORPI, así como las organizaciones indígenas locales, en donde el ente proponente sienta un precedente favorable es el siguiente:

a) Se estableció la posibilidad de realizar una consulta previa al EIA, si se detectan nuevas afectaciones en este documento, que es justamente el que permite tener certeza de las afectaciones reales del proyecto, y se hace imperativa la consulta a las poblaciones indígenas como en el 2014 sostuvo el propio MTC y PROINVERSIÓN,

b) también resulta un logro el reconocimiento de los diferentes Programas de Vigilancia y Monitoreo Indígena Independiente por parte del MINCU, y los entes estatales competentes, además de la capacitación del caso.

No menos importante es permitir que puedan participar en la elaboración del EIA tres (03) sabios de los pueblos indígenas, y se incorporen como Veedores en el Comité de Aceptación de la Obra a los Monitores Indígenas, y que se articule esfuerzos con el regulador para que los monitores indígenas los acompañen en sus supervisiones. Destaca también con luz propio la compensación e indemnización por servidumbres en territorios indígenas teniendo en cuenta el valor ecosistémico, y la obligación de respetar la propiedad indígena y posesión ancestral priorizándose los alquileres frente a servidumbres. También se logró que se reconociera como una falta grave del concesionario pasible de una multa el dragar en época de mijano y desove considerado dentro del supuesto de incumplimiento del EIA.

La atención sin embargo de un tercer bloque de demandas vinculadas a agua potable y saneamiento, educación, salud, y en general condiciones de desarrollo mínimas se derivaron a la constitución de un Grupo de Trabajo Multisectorial liderado por el MTC, que si en 90 días no tenía resultados se convertiría en Comisión Multisectorial, en donde también se abordaría la construcción de un Estudio Ambiental Estratégico (EAE) que mida los impactos acumulados por las diversas actividades económicas en los ríos amazónicos. Ciertamente, se quedaron en el camino los beneficios económicos directos para las comunidades y el establecimiento de un fideicomiso social, pese a que se demostró que el concesionario tendría ganancias económicas significativas que irían por año de dos a diecisiete millones de dólares, con el atenuante de que las demandas sociales se atiendan en el Grupo de trabajo antes mencionado.

Balance de la consulta

El balance final de esta consulta previa, hay que decirlo honestamente ha sido positivo, y clave ha sido en ello el tener un ente proponente flexible, que cómo pocos sectores se comprometió a realizar varios estudios ambientales y culturales entre ellos uno de pasivos ambientales. El otro punto fuerte fueron las organizaciones indígenas regionales y locales muy unidas, y con gran capacidad para alcanzar numerosos acuerdos beneficiosos para sus comunidades, más de 70, y dejar constancia de puntos en desacuerdos donde no tranzaron como la profundidad máxima de dragado el cual solo aceptaron que fueran de 180 centímetros frente a los dos metros y medio propuesto por el ente proponente.

Sin duda, esta es una consulta previa que nos deja un buen legado pues ha permitido de una manera real y auténtica hacer parte de la elaboración de un contrato de concesión a las poblaciones indígenas, de cabo a rabo, y ha dejado la puerta abierta para la consulta previa del EIA, si se detectan nuevas afectaciones. Este es el tercer gran candado que resguarda el futuro de los pueblos indígenas, y casi tan importante como ello ha fortalecido los mecanismos de vigilancia y monitoreo independiente de las poblaciones indígenas. Mención honrosa para los asesores de las organizaciones indígenas DAR, IDLADS, IDL, AIDESEP, y CAAAP que tuvieron un trabajo muy comprometido y destacado. En una frase, vamos por buen camino, y hay esperanza de seguir creciendo en la efectivización de derechos territoriales indígenas, y ahora solo toca estar vigilante al cumplimiento de los acuerdos.

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* Henry Carhuatocto Sandoval, Lilyan Delgadillo Hinostroza y Katherine Serrato Taboada forman parte del Equipo Legal de Instituto IDLADS PERÚ, Asesores de ORPIO, CORPI y ORAU.