Rocío Silva Santisteban durante su presentación en las III Jornadas de Comunicación y Democracia. Foto: Servindi
Servindi, 18 de agosto, 2015.- Rocío Silva Santisteban, exsecretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), señaló que la criminalización de la protesta y el uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía se observa con más frecuencia en escenarios fuera de Lima.
Para apoyar esta afirmación citó el informe anual que presentó la institución que presidió hasta hace algunas semanas, el cual señala que en la actual gestión no se han reportado muertes en Lima (provincia) ocasionadas por excesos policiales.
Silva Santisteban indicó así que de las más de 180 muertes en conflictos sociales en los últimos tres gobiernos, solo tres se han dado en esta ciudad y el resto en las provincias.
"Para nuestro país, y lo digo con dolor, todavía es muy diferente que muera un jovencito estudiante de esta universidad (de Lima) a que muera un compañero de Cocachacra", afirmó como parte su intervención en las III Jornadas de Comunicación y Democracia.
Según explicó, "hay un componente fundamental en el tema de las personas que fallecen, uno de estos elementos es el racismo que es muy sutil pero al mismo tiempo muy presente y muy fuerte en este manejo del uso excesivo de la fuerza".
Indígenas en los conflictos
De acuerdo al informe de la CNDDHH, solo en lo que va del gobierno del presidente Ollanta Humala, 45 civiles han muerto a manos de las fuerzas del orden en un contexto de conflictos sociales, siendo un caso típico lo ocurrido el pasado 10 de febrero en Pichanaki, Junín.
De la cantidad de fallecidos, precisa el informe, el 35 por ciento eran indígenas andinos o amazónicos afectados por conflictos que involucraban la afectación de sus derechos.
Informe de la CNDDHH correspondiente a los últimos 12 meses
Otra de las formas de criminalización es el acoso judicial, señaló Santisteban. Esto se vio en el caso de los dirigentes de la comunidad San Juan de Cañaris, en Lambayeque, los "guardianes de las lagunas" en Cajamarca, entre otros.
Para la exsecretaria ejecutiva de la CNDDHH con estas detenciones lo que se busca, entre otras cosas, es dar un "castigo ejemplarizante" ante los demás.
En ese sentido el informe presentado el viernes último, el mismo día de la exposición de Santisteban en las citadas jornadas de comunicación, señala que "actualmente más de 800 personas a nivel nacional estás siendo procesadas por su participación en acciones de protesta social".
El documento revela que de esta cantidad, el 70 por ciento de los casos corresponde a conflictos socioambientales.
Cabe destacar que en la gestión de Humala Tasso los conflictos socioambientales pasaron de 118 a 141, de acuerdo al informe, con lo cual se refuta al actual gobierno sobre su supuesto éxito en el abordaje de los conflictos sociales.
Otro elemento a considerar en esta línea es el Decreto Legislativo 1186 publicado el 16 de agosto último, que regula el uso de la fuerza por parte de la policía, siendo las condiciones que justifican el uso de la fuerza letal en casos de protestas sociales uno de los temas más polémicos.
Indígenas en los medios
Por otro lado, Silva Santisteban llamó la atención sobre los temas indígenas que están excluidos de la agenda de los grandes medios de comunicación, que apuestan por una agenda de impacto, que no necesariamente es la más importante.
"Por eso muchos temas indígenas pendientes no se han posicionado de la manera adecuada", señaló.
Las III Jornadas de Comunicación y Democracia se llevó a cabo en Lima del 13 al 15 de agosto. Su organización estuvo a cargo de la Red de Comunicadores Indígenas del Perú (REDCIP), la Organización nacional de mujeres indígenas Onamiap, la Fundación Friedrich Ebert (FES), la Escuela de Periodismo de la UARM, la Coordinadora Nacional de Radio (CNR) y Servindi.
Para acceder al informe completo de la CNDDHH hacer clic en el siguiente enlace:
Comentarios
Todos aquellos que leemos estas informaciones que felizmente lo brinda Servindi, y que nuestra preocupación está centrada en apostar por la buena salud de los pueblos originarios, debemos entender el hecho del racismo disimulado que practica el centralismo limeño; históricamente lo hace utilizando un matiz político justificatorio.Todo ese ataque se justifica desde la política de gobierno que define y legisla en ese sentido.
Tenemos que hacer esfuerzos y brindar nuestras voluntades para comprender esto de manera masificada, porque la solución de ese problema pasa por la política.
Necesitamos capitalizar nuestra fuerza política desde las bases. Eso es lo que intensivamente se tiene que trabajar.
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