Servindi, 27 de mayo, 2023.- Tarde o temprano, la presidenta Dina Boluarte y el premier Alberto Otárola recibirán una condena penal por las muertes en la represión estatal contra las protestas antigubernamentales de diciembre y enero último.
Así lo afirmaron representantes de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) que pusieron como ejemplo el destino del dictador Alberto Fujimori.
Alberto Fujimori cumple actualmente una sentencia de 25 años por las matanzas de La Cantuta y Barrios Altos a quién se le aplicó la figura de la autoría mediata para condenar al mandatario.
"Así como Fujimori está en la cárcel, nosotros podemos decir que tampoco vamos a parar (en la búsqueda de sanción)” dijo Jennie Dador, secretaria ejecutiva de la CNDDHH.
“Y yo podría asegurarles que Dina Boluarte, Otárola y todo ese grupo van a terminar en la prisión", agregó Dador, quien estuvo en Arequipa para abordar la situación de los derechos humanos en el Perú.
Dador sostuvo que hay indicios claros de la responsabilidad del Estado en la excesiva represión y esto se corrobora en las conclusiones del informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Amnistía Internacional y otros organismos.
La CNDDHH considera que el método de represión se trató de una política estatal, pues hubo un patrón en el accionar de las fuerzas públicas.
Por ejemplo, en las necropsias de las víctimas, se halló que los proyectiles se dirigieron de la cintura hacia arriba, lo que demostraría la intención de provocar la muerte.
De igual modo, cuestionó el uso de armamento de guerra (fusiles) en la represión. "Con eso no puedes salir a disuadir una manifestación. Entonces, eso nos hace pensar que el Estado salió a matar", asegura Dador.
Remarcó que la responsabilidad recae en los ejecutores, pero también en la cadena de mando, que llegaría hasta la presidenta Dina Boluarte, como jefa máxima de las Fuerzas Armadas.
La mandataria también sería culpable por no detener el patrón de represión luego que se registraron las primeras muertes. "Ella dice que tiene mando, pero no comando, pretendiendo decir que no podía parar esto, lo cual es mentira", ahonda.
Mar Pérez, abogada de la CNDDHH, observó que existe lentitud en el sistema de justicia y una alianza evidente entre la fiscal de la Nación Patricia Benavides y la presidenta Boluarte por dilatar el proceso.
Mar Pérez también se refirió a que podrían recurrir a instancias internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos o la Corte Penal Internacional, en caso no consigan condenas en el ámbito de la justicia peruana.
Los voceros de la CNDDHH también fueron críticos con la designación del nuevo Defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, quien tiene una marcada posición en contra las minorías, como la población LGTBI.
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