Mujer al lado del albergue temporario que construyó después que las fuerzas de seguridad desalojaran a miles de habitantes de Mubende y Kiboga, distritos en Uganda, para el desarrollo de pinares y plantaciones de eucalipto.
Por Cristina Fontenele*
Adital, 17 de julio, 2015.- En un reciente informe, la organización internacional de derechos humanos Human Rights Watch (HRW) revela que gobiernos y compañías de todo el mundo han amenazado, intimidado y perseguido a personas contrarias a los proyectos financiados por el Banco Mundial y por su brazo derecho, la Corporación Financiera Internacional (IFC, sigla en inglés).
Esta entidad es la que provee créditos al sector privado. En el informe "Bajo su propio riesgo: represalias contra los críticos de los proyectos del Grupo Banco Mundial” ("At Your Own Risk: Reprisals against Critics of World Bank Group Projects”) se revela que el Banco Mundial y la IFC no han garantizado un entorno seguro para que las personas expresen sus opiniones sobre los proyectos del grupo.
La comunidad internacional pide que el Banco Mundial cree mecanismos para evitar que sus préstamos contribuyan para perpetuar violaciones. Según Jessica Evans, investigadora senior sobre instituciones financieras internacionales de la HRW, el Banco Mundial hace mucho tiempo afirma que asegura que la participación pública y la rendición de cuentas son claves para el éxito de las iniciativas de desarrollo que financia.
Sin embargo, "el reiterado fracaso del Banco Mundial para hacer frente a la intimidación y el hostigamiento de las personas que critican sus proyectos amenazan con convertir esos principios en una farsa”. Para Jessica, el grupo no desarrolló una práctica consistente para identificar y responder a las represalias.
De acuerdo con el informe, personas en Camboya, India, Uganda y Uzbekistán, que criticaron abiertamente los proyectos del Banco Mundial, han sido perseguidas, amenazadas y acusadas sin fundamento ante la ley. Por otro lado, la entidad no deja de relacionarse con gobiernos que tienen malos antecedentes en materia de derechos humanos.
En el informe se indica que, en la provincia de Ratanakiri, Camboya, los miembros de la comunidad de 17 aldeas presentaron un reclamo contra la Hoang Anh Gia Lai (HAGL), empresa vietnamita que opera plantaciones de caucho en el área, alegando que la empresa ha perjudicado los derechos a la tierra, al agua y a los recursos, amenazando la cultura local.
El IFC invirtió en la HAGL alrededor de US$ 16,4 millones, a través de una inversión intermediaria en la Vietnam Enterprise Investments Limited, gerenciada por la Dragon Capital Manajeent Ltd. Los denunciantes alegan el no cumplimiento de las políticas y procedimientos del IFC y de las leyes camboyanas.
En Uzbekistán, en el informe se revela que el Banco Mundial está invirtiendo cada vez más en proyectos que benefician el cultivo del algodón, fundamentado en un sistema de trabajo forzado. Fueron invertidos US$ 260 millones en el proyecto de irrigación en el sur de Karakalpakstan.
En un recopilado de declaraciones, la HRW presenta varios relatos de violencia, intimidación y falta de respeto a los derechos humanos de los damnificados por los proyectos financiados por el Banco Mundial. "Esa noche en que mi hijo se resistió, [el contratista] agarró a mi hijo por el cuello y lo amenazó.
Le dijo: ‘Si hablas demasiado, te daré una paliza…’ Cada día [representantes de la compañía] nos amenazan y nos dicen que nos vayamos porque si no, nos pegarán. Tengo miedo. Vivo sola… Me preocupo por mi seguridad”. Ésta es la declaración de Radha, miembro de la comunidad que será desplazada para dar paso a un proyecto hidroeléctrico financiado por el Banco Mundial, en el norte de la India.
Entre las recomendaciones del informe, la HRW indica que el Banco Mundial tome todas las medidas necesarias para evitar represalias contra la sociedad civil o grupos que intenten expresar opiniones, u objeciones a los proyectos financiados por el Banco; que garantice también a las personas impactadas o a los grupos que son tradicionalmente marginados la participación, en forma significativa y con seguridad, en los procesos de toma de decisión, sin riesgo de represalias; que intervenga en casos específicos, presionando a los gobiernos o empresas a detener los serios abusos.
A los gobiernos que reciben ayuda del banco Mundial, la HRW exhorta a respetar los derechos a la libertad de expresión, de asociación pacífica, permitiendo que las personas afectadas puedan expresar su preocupación y disgusto.
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*Cristina Fontenele Estudiante de Periodismo en Faculdades Cearenses (FAC), publicista y experta en Gestión de Marketing por la Fundação Dom Cabral (FDC/MG). Correo electrónico: [email protected] / [email protected]
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Fuente: Adital: http://site.adital.com.br/site/noticia.php?lang=ES&cod=85678
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