La seguridad territorial de las comunidades está en el limbo

Servindi, 8 de febrero, 2015.- A pesar de la enorme importancia social, económica, histórica y cultural que tienen las comunidades campesinas y nativas para el Perú éstas siguen postergadas, desatendidas y atraviesan serias amenazas a su seguridad territorial.

Así lo expone el informe: La seguridad territorial en el limbo. El estado de las comunidades indígenas en el Perú. Informe 2014, publicación que puede descargarse libremente desde la internet.

Demuestra cómo las comunidades tienen baja prioridad en las estadísticas y no existe un sistema oficial para identificar su situación. En consecuencia, el Estado peruano continúa sin implementar políticas públicas que garanticen sus derechos.

La deuda histórica de titular las tierras comunales sigue siendo postergada y persisten el temor y la inseguridad frente a la parcelación forzada de comunidades, una tendencia que presiona con fuerza a través del mercado de tierras y medidas políticas y administrativas.

El documento presenta un balance del estado actual de las comunidades campesinas y nativas. Incluye un análisis de sus aportes, riquezas y herencia, del capital social que representan, así como de las tareas pendientes y urgentes para el Estado y la sociedad.

Cabe destacar que hablar de las comunidades rurales del Perú es referirse a sus pobladores originales, a más de 50 pueblos indígenas u originarios que han dado lugar a esa enorme riqueza y diversidad cultural que caracteriza el Perú.

Actualmente son aproximadamente dos millones y medio de familias peruanas que viven en comunidades rurales, contando las comunidades campesinas asentadas en la costa y los Andes y las comunidades nativas y ribereñas de la Amazonía.

El documento publicado por el Colectivo Territorios Seguros recuerda que el reconocimiento legal de las comunidades y la garantía de la integridad de sus territorios son obligaciones del Estado y una tarea aún pendiente para nuestros gobernantes.

El tema tiene particular vigencia cuando en las últimas tres décadas se han dictado leyes orientadas a debilitar el régimen de la propiedad comunitaria, poniendo en peligro la propia existencia de las comunidades.

El informe está basado en una ponencia de Richard Smith, director del Instituto del Bien Común (IBC) titulada “Las comunidades indígenas y originarias del Perú ¿Por qué son tan invisibles?”, presentada ante la Conferencia SOGIP organizada por Irene Bellier y la École Des Hautes Etudes En Sciences Sociales, París.

La investigación se nutre de los aportes de tres estudios encargados por el Colectivo Territorios Seguros referid0s al régimen jurídico de la propiedad comunal en el Perú.

El primero realizado por Alberto Chirif, para el caso de las comunidades nativas amazónicas, otro elaborado por Laureano del Castillo para las comunidades campesinas de sierra y costa, y un tercero sobre el proceso de saneamiento y formalización realizado por Wilfredo Ardito y Ermeto Tuesta.

La publicación contó con el auspicio de la Iniciativa para los Derechos y Recursos (RRI, por su sigla en inglés), Oxfam y la Plataforma Gobernanza Responsable de la Tierra - Perú.

A continuación reproducimos la parte final del informe donde se resume lo pendiente y urgente frente al tema:

Lo pendiente y lo urgente

El recorrido por el mundo de las comunidades –que como hemos visto, está marcado por la desatención del Estado, el incumplimiento con compromisos verbales, jurídicos y de tratados, la exclusión e invisibilizacion y la falta de reconocimiento de la contribución de estos pueblos al Perú desde diversos lados- nos ha llevado sucesivamente por los desafíos y tareas pendientes para los gobiernos y la sociedad. Bajo esta luz, es importante considerar los siguientes puntos:

Las comunidades siguen teniendo baja prioridad en las estadísticas nacionales. No se sabe con seguridad cuántas y quiénes son las comunidades de nuestro país, a pesar de su larga historia y pese a haber sido reconocidas legalmente por el Estado peruano.

Ante la ausencia de un sistema oficial para identificar la situación de las comunidades, el Estado continúa sin implementar políticas públicas que garanticen sus derechos, y persiste en no considerarlas en la toma de deci-siones. Con la aprobación de la ley de consulta previa y su reglamento se esperaba un avance en este camino; sin embargo, aún no existe consenso sobre los alcances de esta norma.

La titulación de las tierras comunales sigue siendo postergada, pese a la creación en el MINAGRI de un ente rector en la materia. El inminente lanzamiento del Proyecto PTRT3 ofrece una esperanza de avance respecto de la gran deuda de seguridad territorial, pero las bajísimas metas de titulación establecidas para comunidades campesinas (190) y comunidades nativas, sobre la base de casi 4000 comunidades sin títulos, hace dudar de la seriedad del compromiso del gobierno con las comunidades. El Ejecutivo debe habilitar los fondos para sanear las tierras de un número mucho mayor de comunidades.

Persisten el temor y la inseguridad frente a la parcelación forzada de comunidades a pesar del compromiso adquirido por un funcionario de la nueva Dirección de Saneamiento de la Propiedad Agraria respecto al cese de la promoción de dicha política estatal, compromiso que se extiende a la no titulación de parcelas individuales en las comunidades por parte del proyecto PTRT3. Es importante involucrar al Ministerio de Cultura y a la Defensoría del Pueblo en el monitoreo de esta política.

El Título III de la Ley 30230 representa la amenaza más grave para las comunidades indígenas y originarias del Perú desde su reconocimiento oficial en 1920. Es urgente tomar una serie de acciones inmediatas para reducir esta amenaza:

• Las comunidades y sus organizaciones deben ser informadas y tener un profundo entendimiento de lo que significa para sus territorios comunales el Título III de esta ley;

• El Colectivo Territorios Seguros y otras instituciones de la sociedad civil, con el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo, deben hacer incidencia a favor de la propuesta formal del Ministerio de Cultura, de excluir a todos los territorios indígenas como sujetos de esta norma.

• Las organizaciones indígenas y comunitarias (costeñas, andinas y amazónicas) deben insistir, incluso por la vía judicial, en su derecho a la consulta previa sobre la reglamentación de esta norma.

• El Minagri, en su calidad de ente rector para el saneamiento de la propiedad agraria, y el Ministerio de Cultura, como ente rector de los Pueblos indígenas, junto con la Defensoría del Pueblo y las organizaciones indígenas y comunitarias y miembros de la sociedad civil, tienen que establecer un Plan de Acciones para monitorear la implementación de esta norma y asegurar que no vulnere los derechos colectivos de los pueblos indígenas y originarios del Perú.

• El Congreso de la República debe revisar el contenido del Título III de la Ley 30230 en cuanto a la vulneración de los derechos de las comunidades indígenas y originarias, así como los de los agricultores sin título sólido.

• El Minagri en su calidad de ente rector para el saneamiento de la propiedad agraria, y el Ministerio de Cultura, tienen que participar en la Comisión de reglamentación de la Ley y en el desarrollo de los procedimientos especiales que ejecutará COFOPRI.

Las comunidades no solo han aportado al país en lo cultural, sino también en el plano económico. Su contribución es diversa: en la protección de la biodiversidad, producción de alimentos, construcción de infraestructura en zonas alejadas, manifestaciones culturales, mano de obra para diversas actividades económicas en las ciudades y el extranjero (a donde migraron los hijos de los comuneros).

Existe un gran capital social en el régimen comunal, alimentado por valores como la reciprocidad y la solidaridad, que debe ser considerado en las políticas públicas para conseguir un desarrollo más integral.

Las comunidades no pueden seguir siendo excluidas de los emprendimientos económicos, por lo que se requiere que los comuneros tengan la misma oportunidad que otros actores de desenvolverse en el mercado. Para ello hacen falta políticas públicas equitativas y promotoras de las iniciativas de los comuneros, que permitan un desarrollo rural sostenible. No es posible continuar implementando un proyecto de desarrollo que erradique todo lo que han construido las comunidades.

Los gobiernos que se han sucedido en los últimos 30 años han continuado deteriorando el régimen comunal mediante la aprobación de diversas normas, a pesar del aporte de las comunidades y sin considerar que la forma de vida de las comunidades puede convertirse en una oportunidad para contribuir a un desarrollo más inclusivo, mejorar la distribución de los recursos y reducir la pobreza que aún golpea al país y que no pueden ocultar las cifras más entu-siastas del crecimiento económico.