"El gobierno se ha ratificado como esquizofrénico" afirma Chirif

Servindi, 25 de setiembre, 2014.- El gobierno peruano "se ha ratificado como esquizofrénico" afirmó el antropólogo Alberto Chirif en referencia al discurso irreal que efectuó el presidente Ollanta Humala en la Cumbre Climática de las Naciones Unidas y que no guarda ninguna correspondencia con lo que hace realmente.

El mandatario peruano habló en New York de la obligación de "asegurar la sostenibilidad de nuestro planeta" pero la Ley 30230 promulgada hace dos meses contiene "el atropello más grande a los derechos de las comunidades indígenas y a las propiedades de los parceleros campesinos que habitan en miles de caseríos en la zona rural del país" apunta Chirif.

El antropólogo peruano califica de "bárbaro" el Título III de esa ley que crea “Procedimientos especiales de saneamiento físico legal de predios para proyectos de inversión (...)" y la compara con la famosa “ley de tierras” expedida por Alberto Fujimori en 1995.

Cabe recordar que dicha norma abrió las puertas para una andanada de decretos del presidente Alan García, durante la segunda mitad de la década de 2000.

Con ese tipo de comportamiento la política se está convirtiendo en el arte de hacer lo contrario a lo que se dice, señala Chirif.

A continuación el artículo completo:

A propósito de un discurso: La política, el arte de hacer lo contrario a lo que se dice

Por Alberto Chirif

25 de setiembre, 2014.- El pasado día 23 de septiembre, en Nueva York, en el marco de la Cumbre Climática que tuvo lugar en la sede de Naciones Unidas, el presidente peruano Ollanta Humala pronunció un discurso previsible, a la medida de la ocasión, de esos que, en verdad, no dicen nada a pesar que aparentan hacerlo, aunque en este caso habría que decir además que dicen lo contrario de lo que se hace en la realidad. Tal vez esta podría ser otra manera de definir la política, dado que ningún político dice que favorece los intereses de transnacionales, pisotea los derechos de los sectores populares, pasa por encima de las normas que (deberían) regular temas ambientales o encubre a correligionarios o aliados de ocasión: el arte de contradecir la palabra.

Para comenzar estas líneas sería buen recordar a los desmemoriados (el presidente Humala a la cabeza) que hace dos meses y pocos días este gobierno promulgó la ley Nº 30230, “Ley que establece medidas tributarias, simplificación de procedimientos y permisos para la promoción y dinamización de la inversión en el país”. En ese momento comenté (ver en www.servindi.org, “Confiep o la lógica del microbusero”) cómo el crecimiento económico que el país había experimentado hasta poco antes de esas medidas había sido consecuencia de factores externos (precios altos de nuestra materias primas de exportación) y cómo, por otro lado, el decrecimiento actual se debía justamente a lo contrario, es decir, a la caída de dichos precios. También señalé la escasa relevancia que la bonanza económica durante las vacas gordas había tenido para el desarrollo del país, ya que solo había beneficiado a sectores empresariales ricos, mientras que los indicadores de salud y educación del país seguían siendo de los peores del mundo.

La ley señalada apunta, en su parte más visible, a la reducción y limitación de las facultades del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (Oefa) para imponer sanciones, bajo el supuesto de que esto frena la inversión, sanciones que por cierto las empresas suelen apelar y no pagar jamás. El título de esos comentarios aludía al hecho de que los empresarios, promotores de la mencionada ley, homologaban su pensamiento con el de los microbuseros quienes, unos años antes, habían expresado su rechazo a una medida de la Municipalidad de Lima para subir el valor de las multas de tránsito. Para ests, como para la Confiep, todo se reduce a un tema de dinero: ambos quieren contaminar y atropellar, es decir, matar, pero barato.

En la parte menos visible, sin embargo, esa ley es mucho más maligna, como me hizo ver semanas más tarde un colega, quien acertadamente calificó a las medidas dirigidas contra el ambiente solo como una cortina de humo para el contrabando de fondo. Y pensándolo fríamente veo que tenía razón. ¿Por qué tenía la Confiep tiene que agitarse para pelear por la reducción del monto de unas multas que a fin de cuentas nunca se pagan? ¿Por qué desgastarse en una tarea tan absurda?

El gato encerrado, el plato fuerte, viene en el Título III de esa ley: “Procedimientos especiales de saneamiento físico legal de predios para proyectos de inversión y otras disposiciones para propiciar la eficiencia en la administración de predios del Estado y facilitar la ejecución de obras de infraestructura vial”. Tanto el capítulo 1º de ese título como el artículo 32º, que define el objeto de dicho capítulo, elimina la palabra “Estado” y se refiere simplemente a “predios”, al tiempo que fija los “procedimientos especiales” para su saneamiento físico legal de los “involucrados en el desarrollo de proyectos de inversión pública y privada”. La anteposición de los públicos a los privados en la frase es un acto de cortesía formal que a estas alturas ya no engaña a nadie.

Lo que viene después es el atropello más grande a los derechos de las comunidades  indígenas y a las propiedades de los parceleros campesinos que habitan en miles de caseríos en la zona rural del país. Personalmente no veía algo tan bárbaro en ese sentido desde la famosa “ley de tierras” dada por Alberto Fujimori en 1995, la misma que abrió las puertas para la andanada de decretos de Alan García, durante la segunda mitad de la década de 2000. La ley implica, a su vez, el renacimiento de una de las instituciones publica más corruptas de los últimos tiempos: el Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (Cofopri), que quedó desactivada en la práctica luego que salieran a la luz los negociados de todo tipo que había realizado durante el gobierno de García. A ese organismo, a ese cadáver putrefacto, la norma le ha encargado que “ejecute procedimientos especiales para el saneamiento físico legal de predios correspondientes a particulares, incluyendo la rectificación en áreas, involucradas en el desarrollo de proyectos comprendidos en el presente subcapítulo” (Art. 40º). La idea sin duda es pasar por encima del derecho de propiedad y posesión de indígenas y campesinos para atender a la necesidad de reactivar la economía nacional, otorgando derechos a empresas nacionales y extranjeras que, de yapa, se llevan normas de control ambiental a precio rebajado. Cualquier propiedad individual o colectiva de esos actores que sea obstáculo para dichos proyectos será atropellada en el marco de esta ley. Ese artículo además completa (perfecciona) el tránsito semántico que ya antes he señalado y que comenzó con la eliminación de la palabra “Estado”: ahora el objetivo son “predios de particulares”.

Como en la poesía de Blas de Otero, no nos queda más que exclamar: “Aquí no se salva ni Dios…”

Si bien contra esa ley han reaccionado la Plataforma para la Gobernanza Responsable de la Tierra y el Colectivo Territorio Seguros para las Comunidades del Perú (agosto 2014) y el Pacto de Unidad de las Organizaciones Nacionales de los Pueblos Indígenas del Perú (septiembre, 2014), la oposición a ella no ha tenido mayor repercusión y la aplanadora legal continúa su marcha. Es lamentable el hecho de que Aidesep, organización de conquistas históricas memorables, no aparezca como integrante del Pacto de Unidad. Sus afanes y tiempo están tomados ahora por su participación en la COB20, de la mano del gobierno y organismos internacionales.

El presidente Humala ha dicho en Nueva York que el: “cambio climático nos obliga por primera vez a asegurar la sostenibilidad de nuestro planeta al largo y muy largo plazo, ningún otro asunto requiere compromisos de todos nosotros por un tiempo tan prolongado, ninguno demanda tanta planificación pública, tanta movilización de la sociedad civil, tanta previsión y sentido de competitividad de parte del sector privado”.

¿Cómo podemos creer en su discurso con los antecedentes antes reseñados y otros, como la satanización justamente de las movilizaciones de la sociedad civil (la del privado se llama lobby); la propuesta de eliminar lagunas naturales para dar paso al proyecto Conga; el recorte del Parque Inchikat Muja en la Cordillera del Cóndor (que a pesar que no se hizo en su gobierno, no ha hecho nada para frenar este atropello) para dar paso a la minería aurífera; la falta de respuestas a las demandas de las federaciones de los ríos Pastaza, Corrientes, Tigre y Marañón que sufren históricamente de la contaminación causada por la industria petrolera; la venta desaforada de yacimientos mineros y de hidrocarburo sin considerar una zonificación que libere a las cabeceras de cuenca de este tipo de actividad y respete las actividades productivas de miles de indígenas y campesinos que perderán sus fuentes de trabajo y riqueza para convertirse en convidados de piedra de la cena que engorda a otros; la tala ilegal (el presidente Humala alude a ella en su discurso) que según los especialistas alcanza el 98% de la madera que se explota en el país y que constituye una actividad mafiosa, igual que el narcotráfico y otras, como lo demuestra el reciente asesinato de cuatro dirigentes ashaninkas de la comunidad de Saweto, en el alto Ucayali; la ausencia de una política de educación ambiental, y así, muchas cosas más que este gobierno no hace y otras que hace en contra del ambiente y de los derechos de los pueblos del país.

En su discurso el presidente Humala se refiere a los pueblos indígenas y a las comunidades nativas. Y sobre esto quiero hacer unas últimas consideraciones para referirme, primero, a la consulta previa y, luego, a la paralización de la titulación de los territorios de esas comunidades.

Luego de una ley de consulta que ha recortado los estándares fijados para este procedimiento en el Convenio 169, al confrontarse el Estado con procesos reales de consulta, el  argumento del gobierno ha cambiado para señalar que en realidad en el país ya no existen indígenas, que ahora todos son ciudadanos (no dijeron civilizados por cierto temor, pero es lo que tenían en su cabeza) y que los únicos que califican como tales son los aislados que, por su propia condición, no son susceptibles de ser consultados. El argumento es patético y expone al país al ridículo: ¿Cómo pudo gastar el Estado 20 años o más de vida para trabajar el Convenio 169 y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas cuando ahora afirma que estos no existen? Se trata de un trabajo hecho para atender fantasmas.

Lo último es el grosero frenazo a los procesos de titulación de comunidades, incluyendo a aquellas comprendidas en las famosas “mesas de desarrollo” que se han establecido para (no)atender las demandas de aquellas afectadas por 40 años de explotación petrolera y que habitan en las cuencas del Pastaza, Corrientes, Tigre y Marañón.

Cuando escribí mis reflexiones sobre las medidas ambientales que perpetraba el gobierno con un proyecto que hoy es ley y la lógica de microbuseros expuesta por la Confiep, pensé (tenía aún una vaga esperanza) de que el Congreso y el gobierno podrían rechazar la propuesta legal por ser contraria a los intereses de millones de ciudadanos y solo beneficiar a un grupo de empresarios. Expresé también que aprobar la propuesta legal y luego ser sede de la COP20 nos calificará ante el mundo como un país gobernado por la esquizofrenia.

Ahora veo que el gobierno se ha ratificado como esquizofrénico.