Las organizaciones de comunidades indígenas han venido denunciando por varios años las actividades ilegales en sus territorios sin recibir la debida atención de los medios y sin respuesta de las autoridades ni de las fuerzas armadas. Recién a partir de la matanza en Vizcatán en un contexto electoral, suenan las alarmas.
Servindi. 26 de mayo, 2021.- Tras los sucesos de Vizcatán, organizaciones indígenas han expresado su solidaridad con familiares de las víctimas, su rechazo a la violencia y, también, alertan del permanente peligro al que están expuestos.
En pronunciamientos, manifestaron su preocupación por el asesinato de 16 personas, ocurrido la noche del 23 de mayo, en el Centro Poblado San Miguel del Ene, distrito de Vizcatán, provincia de Satipo, Junín.
La Central Asháninka del Río Ene (CARE), señaló que, desde hace más de 10 años, las comunidades de la zona viven en un permanente estado de emergencia por la presencia del narcoterrorismo.
Manifestaron también su preocupación por el ineficiente accionar de las fuerzas armadas para contrarrestar el narcotráfico, lo que ha contribuido al crecimiento de esta actividad ilegal.
“¿Por qué, a pesar de transcurrir más de 14 años, no se ha logrado eliminar a este grupo criminal? ¿Por qué se permitió que el NARCOTRAFICO crezca de manera abismal que ya está fuera de su control?”, sostiene el pronunciamiento.
¿Por qué, a pesar de transcurrir más de 14 años, no se ha logrado eliminar a este grupo criminal?
Además, alertaron que las Fuerza Armadas vienen desactivando los Comités de Autodefensa y Desarrollo (CAD), en perjuicio de las mismas comunidades.
Por su lado, la Organización Regional de los Pueblos indígenas del Oriente (ORPIO), manifestó la preocupación por una situación que también se replica en otras regiones amazónicas.
"Como pueblos indígenas entendemos lo ocurrido, hemos denunciado lo que pasa en la Selva Central, Pucallpa y Loreto, somos testigos del terrible avance del narcotráfico, ellos amenazan y matan”, dice el comunicado.
El mensaje de ORPIO critica, además, la utilización política de este hecho, en una campaña electoral marcada por la estigmatización política.
En la misma línea, la Organización Regional Aidesep Ucayali (ORAU), exigió que se realicen las debidas investigaciones y que se guarde respeto para las familias afectadas en este suceso.
El Estado está ausente
En comunicación con Servindi, Ángel Pedro Valerio, presidente de la CARE, compartió su indignación por la escasa atención que se le ha venido dando al problema del narcotráfico en la región.
Como sostiene, mientras el narcotráfico se expande, las Fuerzas Armadas no escuchan las demandas de las comunidades. Por el contrario, desactivan sus Comités de Autodefensa y las dejan desprotegidas frente a la violencia.
“Nuestros comités de autodefensa fueron creados en los peores momentos del terrorismo. Y así nosotros hemos pacificado nuestras comunidades […]. Si, ahora, el gobierno no toma medidas, no sabemos qué pueda pasar”, lamenta Valerio.
El narcotráfico, la tala ilegal, las invasiones de cultivos de coca, las amenazas a la integridad de los dirigentes y defensores ambientales son algunos de los problemas presentes en esta zona.
“El Estado está ausente. Tenemos problemas en salud, educación, infraestructura. Actualmente, por esta pandemia nuestro hermanos asháninkas están aislados, nuestros estudiantes no tienen educación”, complementa.
Su labor como dirigente asháninka y los procesos de titulación que ha venido realizando durante su gestión le han supuesto amenazas a Valerio, situación que no lo detiene en su labor.
Si bien ha denunciado estos hechos, admite que el Estado es muy lento, pues actúa luego de que las amenazas se traducen en muertes. Conoce de hermanos indígenas que han enfrentado esa suerte.
Él mismo ha recibido un documento del Ministerio del Interior con garantías para su vida, que en términos prácticos, ‘no le protege nada’.
Por otro lado, todo apoyo que solicitan al Ministerio del Interior o al Ministerio del Ambiente, depende de las Fuerzas Armadas, institución que no interviene por la inseguridad de la zona.
“En reiteradas ocasiones hemos pedido el apoyo de las Fuerzas Armadas, pero no hemos recibido respuesta inmediata. Ni siquiera han venido a coordinar para ver lo que ha pasado”, revela.
Asimismo, señaló que los medios de comunicación no se preocupan por las problemáticas que los aquejan. Solo ponen atención cuando hay sucesos como el ocurrido en Vizcatán la noche del domingo.
“Solamente cuando hay sucesos o problemas muy fuertes, recién se acuerdan de nosotros. Los medios deberían de ver que no es solo la seguridad. Las necesidades de nuestros hermanos son múltiples”, explicó el líder asháninka.
Todas estas problemáticas son parte de las demandas que los pueblos indígenas evidencian, ante un permanente interés de medios y autoridades.
“Somos conscientes de que si no tenemos los bosques, no vamos a poder sobrevivir. Por eso defendemos nuestro territorio que nos da vida, no solo a los pueblos indígenas, sino a nivel mundial”, concluyó.
Investigación a fondo
Como se recuerda, la noche del 23 de mayo se asesinó a 16 personas en el Centro Poblado de San Miguel del Ene, distrito de Vizcatán, provincia de Satipo, Junín.
A pesar de las múltiples interpretaciones y conclusiones adelantadas que surgieron sobre el hecho, una investigación de Ojo Público presentó factores que no se estaban tomando en cuenta en la discusión mediática.
Como informa el reportaje, este suceso había sido atribuido a Sendero Luminoso antes de que se realicen las investigaciones. Más aún, cuando los indicios apuntan a que esta acción estaría vinculada, principalmente, al narcoterrorismo.
La hipótesis que tiene al narcoterrorismo como causa esencial es contemplada, también, por especialistas en la investigación, autoridades policiales, personas de la zona y el testimonio de una sobreviviente que Ojo Público recoge:
“[…] Era gente normal, vestidos con ropa a colores. No usaban botas. Dicen que los terroristas dejan su lema, que los terroristas son así y asá, pero no decían nada señor, solo mataban”.
Otros cuestionamientos
Por otro lado, el juez de paz, Leonidas Casas Marmolejo, salió a cuestionar noticias que tergiversaban sus declaraciones; así como la difusión de imágenes del atentado, cuya procedencia y veracidad desconoce.
Declaró que, luego de más de 24 horas, para el martes 25 en la tarde, el hecho no era atendido por las autoridades. Solo se apersonó un fiscal y la Cruz Roja.
“Ninguna autoridad militar, ninguna autoridad policial [se ha acercado]. Y esto que nosotros hemos ido a conversar directamente con el coronel en Pichari”, sostuvo.
“Estamos aislados. Hemos pedido la ayuda y no se han presentado hasta el momento. Tan solo el fiscal [de Pichari] nos ha acompañado a mí y al alcalde.”, agregó.
Tanto el juez Casas, como Ángel Valerio resaltaron la necesidad de esperar los resultados de las investigaciones para no dar conclusiones adelantadas. No obstante, esta recomendación ha sido dejada de lado en medios.
Te puede interesar:
¿Qué se sabe sobre la masacre en el Vraem que dejó 16 muertos?
Aunque las fuerzas armadas atribuyeron el ataque al grupo subversivo terrorista Sendero Luminoso, los hechos y el contexto desmienten esta versión oficial. Pero la gran prensa, claro, no lo dice. Seguir leyendo...
Añadir nuevo comentario