Servindi, 16 de noviembre, 2020.- Siete organizaciones que integran la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) presentaron una denuncia penal por los delitos de homicidio calificado, lesiones graves y abuso de autoridad en contra del renunciante Manuel Merino.
En su pronunciamiento informaron que la demanda también alcanza al anterior premier Ántero Flores-Aráoz, al exministro del Interior, Gastón Rodríguez, así como al director general de la Policía Nacional del Perú, Orlando Velasco.
También a Jorge Luis Caya, jefe de la Región Policial Lima. La denuncia se da en agravio de los dos jóvenes asesinados y de los otros agredidos durante las protestas en contra del régimen de Merino.
La denuncia penal fue presentada ayer vía correo electrónico a la mesa de partes virtual de la Fiscalía Coordinadora del subsistema de Derechos Humanos.
El oficio señala que las decisiones superiores de reprimir las movilizaciones ciudadanas con violencia extrema provienen de los denunciados, personas que dirigen la estructura del Estado y del Poder Ejecutivo, de quien depende la PNP.
“Manuel Merino en su calidad de presidente de la república en ejercicio teniendo la posición de garante hacia los ciudadanos, no realizó ningún tipo de acción a fin de sancionar el uso de la violencia”, indica la demanda.
Las organizaciones denunciantes afirman que al no pronunciarse dio un aval táctico a este accionar que continuó en la marcha del 14 de noviembre, que dejó 94 heridos y 2 jóvenes asesinados.
“Las acciones de la policía obedecen a un operativo planificado y ejecutado por los mandos policiales”, se lee en el documento, que informa los hechos cometidos desde el 11 al 14 de noviembre.
En la denuncian también enfatizan que miembros de prensa fueron atacados hasta con impactos directos al cuerpo, perpetrados por los agentes policiales.
El secretario ejecutivo de la Cnddhh, Jorge Bracamonte, comunicó que esta situación vulneró la vida e integridad de jóvenes peruanos, quienes en forma valiente salieron a ejercer sus derechos a la protesta ciudadana.
“Exigimos una investigación contra los responsables del uso abusivo y arbitrario de la fuerza que a enlutado al país”, señaló Bracamonte.
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“En un Estado de derecho el restablecimiento del orden público no se hace a sangre y fuego”, manifestó la Defensoría en un comunicado. pic.twitter.com/ZXYCEUMyq1
— Servindi (@Servindi) November 16, 2020
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