Organizaciones CNA y CCP presentan diagnóstico sobre seguridad jurídica de territorios de comunidades campesinas de Cusco. Documento busca incidir en políticas nacionales y regionales que atiendan problemática territorial de las comunidades campesinas.
Servindi, 14 de junio, 2016.- Un llamado a atender la falta de seguridad jurídica de las tierras comunales y proveer de asistencia técnica a las comunidades campesinas formularon organizaciones nacionales desde el Cusco.
El pedido se efectuó en el marco de la presentación del estudio Diagnóstico sobre la situación jurídica de los territorios de las comunidades campesinas de la región Cusco que presentó la Confederación Nacional Agraria (CNA) y la Confederación Campesina del Perú (CCP).
El informe se elaboró con el apoyo del Programa PROINDÍGENA de la agencia alemana GIZ y se puso a disposición de las auoridades nacionales, regionales y público en general.
El citado documento presenta un diagnóstico sobre la situación de los territorios de las comunidades campesinas que se asientan en la región cusqueña. La problemática, en torno al saneamiento físico – legal, titulación y ejercicio de los derechos indígenas, es descrita y analizada en el informe.
Antolín Huáscar de la CNA y Jorge Prado Sumari de la CCP, dirigentes nacionales de ambas organizaciones, señalaron que el trabajo recoge el aporte de comuneros y comuneras campesinas asociadas a las bases provinciales de ambas organizaciones.
De esta manera el documento constituye una contribución concreta por hacer visible la problemática en torno al derecho al territorio de los pueblos originarios andinos, como es el caso de las comunidades campesinas, y busca influir en las autoridades para que atiendan de modo oportuno y pertinente las demandas comunales.
Comunidades en conflictos y Estado con pendientes
Uno de los principales hallazgos del estudio se refiere a la conflictividad que atraviesan las comunidades por diversos factores como la colindancia, el desmembramiento o la superposición de derechos.
Ante tal disyuntiva el diagnóstico indica que por falta de asesoría técnica y legal muchos de estos conflictos conducen a procesos judiciales donde desafortunadamente no encuentran solución.
El documento también destaca que las mismas comunidades expresan su necesidad y voluntad por solucionar sus controversias a través del diálogo y otras formas tradicionales que corresponden a sus propias formas de ver el mundo.
De este modo, se recomienda a las instancias del Estado peruano atender y proveer de asistencia y recursos a políticas que promuevan la seguridad territorial de los mencionados pueblos originarios con su participación y de acuerdo a sus patrones culturales.
El diagnóstico se constituye así en un gran iniciativa y contribución desde las organizaciones agrarias, campesinas e indígenas nacionales para afirmar el ejercicio pleno del derecho al territorio.
Resulta asimismo un aporte bastante oportuno considerando la implementación del Proyecto de Catastro, Titulación y Registro de Tierra Rurales en el Perú, Tercera Etapa (PTRT3), proyecto con que el Estado peruano busca reparar la deuda histórica de titulación y saneamiento físico y legal del territorio de las comunidades campesinas y nativas del país.
Unidad campesina apuesta por la seguridad jurídica territorial
El esfuerzo de las organizaciones nacionales y sus respectivas bases regionales fue saludado por las autoridades que asistieron al evento de presentación del diagnóstico realizado en el Cusco.
Tal es el caso de César Berrios, Coordinador General del PTRT3, quién afirmó que las propuestas de las organizaciones ayudarán mucho a la planificación y ejecución del proyecto.
De igual modo, Víctor Baca Ramos, Director Regional de Agricultura del Cusco, promovió la creación inmediata de un grupo de trabajo en la región que asuma las directrices del proyecto y busque beneficiar al máximo a las comunidades del Cusco y atender la problemática descrita en el diagnóstico.
El equipo de trabajo estaría integrado por la Dirección Regional de Agricultura, el Proyecto PTRT3, la Federación Agraria Revolucionaria Túpac Amaru del Cusco (FARTAC), la Federación Regional de Campesinos del Cusco (FDCC), la junta de usuarios y las organizaciones ronderas de la región.
La Defensoría del Pueblo destacó el rol protagónico y participativo que las organizaciones tienen en este tipo de procesos, y más aún que actúen de forma conjunta en la defensa de sus derechos como el caso de la seguridad jurídica de los territorios comunales.
El evento también permitió acercar la investigación a las dirigencias provinciales y distritales, así como a las instituciones de la sociedad civil interesadas en el proceso como la Asociación Arariwa y el Centro Bartolomé de las Casas del Cusco.
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