Conozca a quienes impulsaron la vacancia presidencial

Un excontralor investigado por enriquecimiento ilícito, un exvicepresidente que renunció envuelto en un caso de corrupción y el hijo de un político investigado por recibir coimas y por captar a miembros del CNM para lograr la inscripción de su partido. Con ustedes, los promotores de la consumada vacancia presidencial.

Servindi, 10 de noviembre, 2020.- Aunque formalmente fueron 105 los congresistas que votaron a favor de la vacancia presidencial, en el entretelón parlamentario hubo tres legisladores claves que impulsaron esta acción: Edgar Alarcón, Omar Chehade y José Luna Morales.

¿Qué tienen en común los tres parlamentarios?: estar relacionados con casos de corrupción, ya sea por cargos asumidos anteriormente o por su vínculo familiar con personajes investigados hasta ahora por la justicia.

Los hechos relacionados con estos legisladores van desde investigaciones por presunto enriquecimiento ilícito, coordinaciones secretas para beneficiar a un grupo empresarial e investigaciones por intervenir en la elección del jefe de la ONPE.

Edgar Alarcón, el investigado excontralor

Si de destituciones a un cargo se trata, Edgar Alarcón, el actual parlamentario de Unión Por el Perú (UPP), partido dirigido desde la cárcel por Antauro Humala, sí que conoce bien del tema.

En julio de 2017, a más de un año de asumir como contralor general de la República, Alarcón fue destituido del cargo por la Comisión Permanente del Congreso de aquel entonces.

La comisión aprobó su destitución al evidenciar elementos graves en su contra que provocaron su descalificación para continuar al frente del órgano de control.

Entre los hechos que provocaron la destitución de Alarcón estuvieron la compra irregular de automóviles, una actividad que el entonces contralor estaba impedido de hacer; y la coacción al auditor Walter Grados, quien lo denunció ante el Congreso por este caso.

En un audio filtrado a la prensa, se escuchó como Alarcón “sugería” al auditor Grados que retire la denuncia que había hecho en su contra ante el Congreso.

Otra razón que también se validó para su retiro de la Contraloría fue el favorecimiento indebido a Marcela Mejía, quien trabajaba en la Tesorería de esta entidad, cuando estaba a cargo de Alarcón. Ambos iniciaron una relación y tuvieron dos hijos.

Al dejar su cargo, en el 2010, Mejía fue liquidada presuntamente de manera irregular con S/127 mil y, recibió otros S/100 mil por concepto de viáticos, a pesar de que su sueldo no superaba los 4 mil soles.

Edgar Alarcón, promotor de la vacancia presidencial, es investigado por peculado doloso y enriquecimiento ilícito. Foto: La República

Por todo esto, en abril de 2020, ya con Alarcón como congresista, alarmó que este sea designado para presidir la comisión de Fiscalización, grupo parlamentario que, precisamente, investiga hechos sobre los cuáles él mismo es investigado: presuntos actos de corrupción en el Estado.

Pero su pasado no ha dejado de ser investigado y por eso, en julio de este año, la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, presentó dos denuncias constitucionales contra Alarcón ante el Congreso.

Ambas denuncias, una por presunto delito de peculado doloso y la otra por el presunto delito de enriquecimiento ilícito, son por hechos relacionados a su gestión como Contralor General de la República.

En la primera denuncia, se acusa a Alarcón de haber beneficiado irregularmente a más de 100 funcionarios, y en la segunda, la fiscalía le imputa un aparente desbalance patrimonial de S/201,377.24 entre el periodo que fue contralor.

Las denuncias presentadas por la fiscal de la Nación el 9 de julio, recién fueron declaradas procedentes en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC), que preside el legislador de Acción Popular, Luis Roel Alva, el 28 de setiembre. Es decir, luego de 82 días.

Allí se estancaron hasta el 6 de octubre, fecha en que Roel Alva recién tramitó las denuncias por mesa de partes para que el presidente del Congreso, Manuel Merino, su colega de bancada lo someta a debate ante la Comisión Permanente.

Manuel Merino, el ahora presidente de la República —tras la vacancia de Martín Vizcarra— aguantó convenientemente las denuncias de Alarcón y recién, el último 6 de noviembre, estas fueron declaradas procedentes por la Comisión Permanente.

La comisión otorgó quince días hábiles como plazo para que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC), titulada por Luis Roel, de Acción Popular, elabore la investigación pertinente y presente un informe final que puede concluir con la acusación del acusado o el archivamiento de la denuncia.

Omar Chehade y una reunión secreta

El congresista de Alianza Para el Progreso (APP), Omar Chehade, otro de los que votó “en nombre de la moralidad y contra la corrupción” e impulsó a toda costa la vacancia, tiene un pasado que no se condice con sus dichos.

Antes de llegar a las filas del partido de César Acuña, Chehade vistió la camiseta del Partido Nacionalista y, en octubre del 2011, cuando era vicepresidente de la República del gobierno de Ollanta Humala, se vio envuelto en un caso de corrupción que lo obligó a renunciar.

En octubre de ese año, el portal de investigación IDL-Reporteros reveló una reunión secreta que entre los generales Guillermo Arteta, Raúl Salazar, Abel Gamarra, Omar Chehade y su hermano, Miguel Chehade.

Hace nueve años el actual congresista Omar Chehade, se vio envuelto en el caso de corrupción Brujas de Cachiche. Foto: Andina.

La reunión, según se reveló, tuvo lugar en el restaurante Las Brujas de Cachiche a inicios de ese mes y fue promovida por el entonces vicepresidente Chehade.

En la reunión, Miguel Chehade le ofreció “incentivos” a los jefes policiales para que realicen el desalojo de la azucarera Andahuasi, una operación que beneficiaba al grupo Wong.

Los hechos fueron tan escandalosos que Omar Chehade se vio obligado a renunciar a la vicepresidencia y fue suspendido 120 días en el Congreso.

Sin embargo, la propuesta de denuncia constitucional por patrocinio ilegal en su contra, fue rechazada en la Comisión Permanente por 13 votos en contra frente a 12 votos a favor. Es decir, por un pelo.

La misma suerte no corrió su hermano Miguel Chehade, quien, en agosto del 2013, fue condenado por este caso a 4 años de prisión preventiva, por el delito de cohecho activo en agravio del Estado.

José Luna Morales, hijo de un político investigado

Un tercer personaje que llevó las riendas de la vacancia presidencial es el parlamentario José Luna Morales, de Podemos Perú (PP), partido fundado por su padre, el excongresista José Luna Gálvez.

Sobre Luna Gálvez, pesan varias investigaciones. Una de ellas, relacionada al caso Lava Jato, es por presuntamente haber recibido coimas de Odebrecht y OAS para la campaña del exalcalde de Lima, Luis Castañeda Lossio.

Luna Gálvez, dueño de la Universidad Privada Telesup, que no recibió el licenciamiento de la Sunedu, es sindicado por la fiscalía de haber utilizado este centro de estudios como fachada para lavar activos cuando era secretario general de Solidaridad Nacional, partido fundado por Castañeda.  

Según el colaborador eficaz Martín Bustamante Castro, quien fue brazo derecho de Castañeda Lossio, Luna Gálvez administró al menos $600.000 del millón de dólares entregado al burgomaestre por las empresas que, a cambio, se adjudicaban megaobras en la Municipalidad de Lima.

Aunque por el caso Lava Jato ya cumplía comparecencia restringida, el último 7 de noviembre Luna Gálvez fue detenido preliminarmente, junto a otras cinco personas, por otro caso.

José Luna Gálvez, investigado por corrupción y lavado de activos, es padre del actual congresista, José Luna Morales, del partido Podemos Perú. Foto: G&B

Se trata de otra investigación que se sigue contra Luna Gálvez por captar a miembros del desactivado Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) para intervenir en la elección del jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Esto, según la fiscalía, con la finalidad de lograr la inscripción política de su partido, Podemos Perú, que actualmente tiene una bancada en el Congreso, liderada precisamente por su hijo José Luna Morales y el parlamentario Daniel Urresti.

Los presuntos delitos por lo que se acusa a Luna Gálvez y los demás miembros de esta organización criminal denominada Los Gánsteres de la Política, son contra la administración pública, en la modalidad de corrupción de funcionarios.

Y, contra la fe pública, en la modalidad de falsificación de documentos y otros afines.

A pesar de estas investigaciones, días antes de ser detenido, se conoció que Luna Gálvez postulará nuevamente al Congreso de la República el próximo año, por el partido Podemos Perú.

De llegar al cargo, uno de los beneficios que podría obtener el ahora investigado por corrupción, Luna Gálvez, sería la inmunidad parlamentaria, protección que ampara a los congresistas para que no puedan ser procesados judicialmente, ni apresados sin la autorización previa del Congreso.

Con ustedes, estimados lectores, los promotores de la consumada vacancia presidencial.

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