Sin cuestión de confianza, Gobierno va camino a la vacancia

El Congreso deja al Ejecutivo en estado de indefensión, quedando prestos a aprovechar cualquier excusa contra Pedro Castillo para vacarlo.

Servindi, 21 de octubre, 2021.- La aprobación por insistencia del proyecto de ley que regula la cuestión de confianza es la estocada que el Congreso necesitaba dar para allanar el camino a la vacancia presidencial.

En el Congreso lo sabían muy bien y por eso se negaron a regular, junto a la cuestión de confianza, la vacancia por incapacidad moral, como lo solicitaba el Poder Ejecutivo.

Con la limitación de la cuestión de confianza, el Congreso deja al Ejecutivo en estado de indefensión, quedando prestos a aprovechar cualquier excusa contra Pedro Castillo para vacarlo.

Sectores de la ultraderecha como Fuerza Popular y Renovación Popular, nunca aceptaron su derrota electoral y buscan censurar ministros y crear las condiciones para vacar al presidente Pedro Castillo.

Una norma cuestionada

La aprobación por insistencia de la cuestionada norma se dio el martes 19 de octubre por mayoría en el Congreso: 79 congresistas votaron a favor, 43 en contra y 3 se abstuvieron.

Las bancadas que votaron a favor de reducir las facultades del gobierno fueron Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Avanza País, Renovación Popular y Podemos Perú.

Esto, pese a que la autógrafa había sido observada a inicios de mes por el Ejecutivo porque “vulnera el principio de separación de poderes y las competencias del Poder Ejecutivo”.

El proyecto de ley en cuestión propone regular la aplicación de la cuestión de confianza, un recurso que utilizaba sin restricciones el Ejecutivo como contrapeso político frente al Congreso.

Gracias a este mecanismo, por ejemplo, el gobierno de Martín Vizcarra pudo evitar que el Congreso continue con la elección sumamente cuestionada de magistrados al Tribunal Constitucional (TC) en 2019.

Congreso, con los votos de bancadas de derecha, aprobó proyecto de ley que recorta el uso de la cuestión de confianza. Foto: Andina

La Constitución señala que, si el Congreso censura o niega el voto de confianza a dos gabinetes de un mismo gobierno, el presidente de la República puede disolver el Parlamento.

No obstante, con la aprobación del reciente proyecto de ley, la situación cambia en perjuicio del Ejecutivo.

Esto, debido a que la norma aprobada exige que la cuestión de confianza solo pueda ser utilizada en materias que son competencia del Poder Ejecutivo.

“[…] no encontrándose, entre ellas, las relativas a la aprobación o no de reformas constitucionales ni las que afecten los procedimientos y las competencias exclusivas y excluyentes del Congreso”.

En otras palabras, si el proyecto se convierte en ley, el gobierno de Castillo no podría plantear cuestión de confianza en caso de que el Congreso busque censurar a un ministro de Estado.

Asimismo, tampoco podría utilizar este recurso si el Parlamento pretende elegir a magistrados cuestionados para el TC, como ya lo ha intentado hacer en varias ocasiones.

Futuro en manos del TC

Ante esta decisión del Parlamento, el Ejecutivo salió a responder el miércoles 20 de octubre, de la mano de la premier Mirtha Vásquez y el ministro de Justicia, Aníbal Torres.

Vásquez calificó como una “interferencia” la aprobación del cuestionado proyecto de ley, mientras que Torres dijo que con esto el Congreso ha generado un “tremendo desequilibrio” entre poderes.

“El Congreso mantiene la capacidad de ir [a vacar al presidente] por la incapacidad moral en donde entra de todo, mientras que el Ejecutivo queda desprotegido”, dijo Torres.

La propuesta del Ejecutivo, recordó, era que se regule tanto la cuestión de confianza como la vacancia presidencial, para que esta última procediera únicamente por incapacidad mental o física.

Frente a la situación actual, anunciaron que desde el Ejecutivo presentarán ante el TC una demanda de inconstitucionalidad contra las modificaciones aprobadas a la cuestión de confianza.

Para lograr su propósito, el Ejecutivo necesita que 5 de los 6 magistrados del TC —eran siete, pero el magistrado Carlos Ramos falleció hace unas semanas— vote a su favor.

Sin embargo, aunque existen razones sólidas para frenar la estocada del Congreso, lo cierto es que el Ejecutivo tiene muy pocas posibilidades de obtener un resultado favorable en el TC.

Diversos especialistas como Pedro Grández, docente de Derecho de la Universidad San Marcos y Antony Martínez, experto en derecho parlamentario, han advertido el factor político en los miembros del TC.

Al menos dos de los magistrados del TC, Jose Luis Sardón y Augusto Ferrero, tienen una vinculación pasada con el partido Fuerza Popular, uno de los impulsores del reciente proyecto aprobado.

¿Podrá el Ejecutivo salir ileso de este nuevo embate del Congreso? No es posible saberlo aún, pero lo que sí está claro es que el Congreso solo tiene un objetivo desde hace rato: vacar al presidente.

O sino, escuchen nada más a la congresista de Avanza País, Adriana Tudela —hija del excanciller fujimorista Francisco Tudela— lo que para ella es motivo de una causal de vacancia.

“[…] yo creo que el Presidente incurre, desde el nombramiento del primer gabinete, en causal de incapacidad moral permanente", dijo la otra vez en entrevista con RPP Noticias.

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