Servindi, 8 de mayo, 2019.- Birgit Gerstenberg, representante para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) saludó la aprobación del Protocolo para garantizar la protección de personas defensoras de derechos humanos”.
El protocolo fue establecido mediante la Resolución Ministerial No 0159-2019-JUS y Gerstenberg sostuvo que “es un paso decisivo para mejorar la protección de las personas defensoras de derechos humanos, quienes suelen enfrentar serios riesgos en el ejercicio de su labor”.
“Este protocolo pone de manifiesto la voluntad del Estado peruano para cumplir con su deber de adoptar las medidas legislativas, administrativas y otras que sean necesarias para asegurar la protección de las personas defensoras de derechos humanos, según las normas internacionales y recomendaciones realizadas a Perú por varios mecanismos especializados de las Naciones Unidas”, aseveró Gerstenberg.
La Representante reconoció en especial la forma participativa en que se elaboró la norma, incluyendo diálogos significativos entre el Estado y organizaciones de la sociedad civil, los que contaron con el acompañamiento de la Oficina para América del Sur del ACNUDH.
“Nuestra Oficina reafirma su compromiso de seguir acompañando estos procesos, de acuerdo a su mandato y a los términos del propio protocolo”, señaló, destacando que el documento contempla el apoyo técnico y especializado del ACNUDH en la materia.
“El Estado y la sociedad en su conjunto deben reconocer y valorar el rol imprescindible de las personas defensoras de derechos humanos, quienes muchas veces ponen en peligro su propia integridad y seguridad, o enfrentan ataques, intimidación y amenazas al abogar por los derechos de todas las personas”, afirmó la representante.
Finalmente, Gerstenberg resaltó que la situación de las y los defensores de derechos humanos es un asunto de máxima relevancia para la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, e hizo un llamado a los Estados de la región a redoblar sus esfuerzos para proteger de forma efectiva a quienes ejercen activamente su derecho a defender los derechos humanos.
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