Servindi, 20 de febrero, 2018.- Hasta la fecha, por lo menos 822 personas, entre ellas 461 adultos y 361 niños/as y adolescentes de los pueblos indígenas y comunidades campesinas de las zonas rurales del municipio antioqueño de Cáceres, fueron víctimas del desplazamiento forzado.
Así lo dieron a conocer la oficina en Colombia del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU Derechos Humanos) y la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR).
De acuerdo a un comunicado emitido por dichos organismos, al 19 de febrero de 2018, los hechos reiterados de desplazamiento afectan a las comunidades de Anará, San Francisco, Bejuquillo, que se suman a las ya afectadas en El Tigre, Ponciano, Alto Tamaná, Campanario y El Calvario.
Además, las organizaciones expresaron su preocupación por el incremento de homicidios en el Bajo Cauca que, entre el 1 de enero al 14 de febrero, la cifra oficial del presente año, superó en más del 255 por ciento al año anterior en el mismo periodo.
Entre las violaciones de derechos humanos identificadas por las organizaciones se encuentran las amenazas y atentados en contra de la vida e integridad de personas civiles.
Asimismo, denunciaron las violaciones relacionadas con los derechos económicos, sociales y culturales, así como afectaciones a principios y prácticas ancestrales del pueblo indígena Senú en su territorio.
Medidas insuficientes
También recordaron que la situación de riesgo de las comunidades del Bajo Cauca fueron advertidas por la Defensoría del Pueblo en enero último, pero la situación continúa empeorando.
“Reconocemos el esfuerzo que la institucionalidad ha realizado hasta la fecha para responder a las recomendaciones de la Defensoría del Pueblo. No obstante, observamos que la situación continúa empeorando”, advierte el comunicado.
En tal sentido, ONU Derechos Humanos y ACNUR piden al Estado colombiano evaluar la efectividad en la implementación de la política de prevención y protección de las personas, ya que las medidas adoptadas hasta hoy no son suficientes para prevenir nuevos hechos de violencia.
De igual modo, piden garantizar que “los recursos humanos y económicos sean suficientes para atender la emergencia humanitaria actual y para generar condiciones de respeto por los derechos humanos y de seguridad humana”.
Por ello, las organizaciones recomiendan que las próximas estrategias incluyan análisis de factores como la corrupción, la pobreza, la falta de participación política y la falta de acceso a servicios básicos en la zona, las mismas deben garantizar su sostenibilidad a largo plazo.
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