SER, 07 de Julio, 2017.- La minería es la metáfora del tesoro escondido en el imaginario y el sentido común de la promesa de desarrollo del país. Sobre él se cree que una vez encontrado traerá riqueza y progreso, y así como despierta ilusión también genera ambición. Se trata de una de las principales actividades económicas, que traerá calidad de vida, salud, educación, infraestructura, y ciudadanía. Sin embargo, en la práctica su discurso aún no supera la precariedad de su realidad, hecho reflejado en las condiciones laborales en este sector productivo y en la vida de las comunidades —directa e indirectamente impactadas— en los territorios donde se asientan los proyectos mineros.
Haciendo un ejercicio de futurología, Diego Macera, en un artículo de El Comercio, se proyecta al 2020 hablando de las bondades que ha dado la minería a Apurímac, imaginando el máximo aprovechamiento de un gran proyecto de Panoro Metals en Cotabambas, al que le siguen otros como Haquira, Hierro Apurímac, con altos estándares sociales y ambientales; así como ingresos elevados que permitan el bienestar de la población. La escena surrealista se complementa además con una gran inversión para la construcción de un tren hacia la costa, y el aprovechamiento del canon en las universidades para la investigación geológica y minera; al que se agrega la imagen de autoridades que se capacitan para gestionar las riquezas del distrito que se reparte entre pocos, que trabajan con la minería y no contra ella. Finalmente, como contraejemplo se menciona la pérdida de oportunidades en Cajamarca.
Si bien, la población de Cotabambas no está en contra de la minería, su realidad también está lejos del escenario imaginado por Macera, ya que aún no se resuelven los índices de pobreza, y tampoco se consideran mineros, sino que mantienen y defienden su identidad como campesinos, quechuas, yanahuaras. Además falta lograr una institucionalidad para resolver los conflictos que generan las expectativas de la minería, incluso hay autoridades denunciadas por malos manejos y no habidas, y aun cuando se ha declarado zona de interés nacional por la influencia del proyecto Las Bambas, ese ansiado desarrollo local se ve lejano.
Ello, además, guarda relación con las condiciones precarias y hasta abusivas a las que se quiere exponer a los trabajadores mineros del país con las recientes propuestas de reforma laboral que profundizan la precarización, tercerización y flexibilización de la normativa sobre las condiciones de trabajo y derechos laborales que pretende implantar el actual gobierno de PPK, que además tiene en puestos del Ministerio de Trabajo a ex funcionarios del sector minero. Estos vaivenes reflejan además la profundización de un modelo económico, agresivo, que busca adecuarse a la caída del precio de los metales, y la crisis de la economía nacional.
Cabe recordar que el Perú es el segundo mayor productor mundial de cobre, zinc y plata y es el sexto de oro. La minería es motor de la economía local porque sus exportaciones representan casi el 60% de todos los envíos del país. En nuestro país operan mineras de talla mundial como Southern Copper del Grupo México y Cerro Verde, cuyos sindicatos realizaron una huelga en abril en demanda de mejoras laborales, y se sumarán a la próxima huelga. El secretario general de Federación Nacional de Trabajadores Mineros Metalúrgico y Siderúrgicos del Perú (FNTMMSP), Ricardo Juárez, manifestó que en su asamblea del 7 y 8 de junio, aprobaron iniciar una huelga nacional indefinida el 19 de julio en rechazo a las “normas antilaborales” del gobierno. La FNTMMP está conformado por 110 sindicatos y agrupa a más de 40,000 trabajadores del sector minería.
En el Perú faltan inspectores de trabajo para asegurar que las condiciones laborales y de seguridad sean las adecuadas. Según información de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), actualmente en huelga indefinida por incumplimiento del gobierno con sus derechos laborales, no cuenta con inspectores en 14 regiones del país, lo cual fue condición para suscribir el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. SUNAFIL actualmente no cuenta con ningún inspector de trabajo en regiones mineras como Tacna, Apurímac, Puno, Moquegua, Pasco, Huancavelica, y Madre de Dios.
Una de las demandas de la FTNMMP para realizar el paro nacional del 19 de julio, fecha fundante en recuerdo del histórico paro nacional del 19 de julio de 1977, es la de crecimiento con justa distribución de la riqueza como condición del desarrollo sostenible. Sobre esta base deben considerarse los derechos de los trabajadores y de la población afectada por la presencia de los proyectos mineros. La actual reforma laboral en curso, implica un retroceso en cuanto a las condiciones laborales, empleo precario, mal pagado, insalubre y con los derechos recortados: tercerización, falta de negociación colectiva, despidos masivos, y recortes de los derechos a la salud, descansos médicos, eliminar la CTS, reparto de utilidades, así como las facultades de organización y restricciones en el derecho a la defensa de abogados con experiencia en el sector. Este es el escenario de la minería en el país según la preocupante situación del sector trabajador, el gobierno se aleja de la representación de los derechos ciudadanos, y la precarización ya dejó varios muertos en las Malvinas, ¿la minería podrá ser un ejemplo para no cometer los mismos errores?
Añadir nuevo comentario