Servindi, 11 de julio, 2020.- En esta edición de la Ronda Informativa Nacional escuche a: Roy Jijada Nonato, secretario de FECONAPU-Ucayali; Julio Cusurichi, presidente de FENAMAD-Madre de Dios; Ely Tangoa, presidente de CODEPISAM-San Martín y Antonio Peña Jumpa, catedrático de la PUCP:
- Ronda informativa indígena al 11 de julio de 2020 (Puede descargar el audio con clic derecho en el botón "Reproducir" y luego en "Guardar audio como")
Roy Jijada Nonato, secretario de actas de la Federación de Comunidades Nativas de la Provincia de Purús (FECONAPU)-Ucayali
Peligro de propagación
En la provincia de Purús, en Ucayali, el contagio de seis comuneros sharanahuas con COVID-19 ha creado temor en la población por el riesgo de una propagación mayor debido a que los infectados no guardan el aislamiento social obligatorio.
En diálogo con Servindi, Roy Jijida Nonato, secretario de actas de la Federación de Comunidades Nativas de la Provincia de Purús (FECONAPU), alerta que los integrantes de las familias transitan libremente entre poblaciones nativas.
Cunde la desesperación en las comunidades porque en el centro de salud no existe ninguna Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), el oxígeno es limitado y el personal de salud es reducido.
Roy Jijida Nonato informa que en Pucallpa están -desde hace cinco meses- 480 comuneros esperando regresar a Purús, pero que no pueden por falta de recursos económicos y pruebas rápidas.
Julio Cusurichi, presidente de la Federación Nativa del Río Madre de Dios y Afluentes (FENAMAD)-Madre de Dios
Ley PIACI
Urge aprobar el proyecto Ley N° 4044 que declara la intangibilidad de los territorios de los pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial para salvaguardar la vida e integridad de estas poblaciones.
Así lo demanda Julio Cusurichi, presidente de la Federación Nativa del Río Madre de Dios y Afluentes (FENAMAD) quien exhorta a la sesión plenaria del Congreso aprobar el dictamen de la Comisión de Pueblos en sesión plenaria.
Cusurichi explica que la Reserva Territorial Madre de Dios no es suficiente para garantizar la vida de los pueblos en aislamiento porque no se está respetando.
En este sentido, rechaza que una actividad económica puede estar por encima de los pueblos indígenas en referencia a la empresa maderera Catahua que opera desde junio en territorio de los Mashco Piro.
Esto ocurre a pesar de una medida cautelar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para garantizar la vida e integridad de los Mashco Piro y otros pueblos en aislamiento.
Ely Tangoa, presidente de la Coordinadora de Desarrollo de los Pueblos Indígenas de San Martín (CODEPISAM)-San Martín
En pie de lucha
Han pasado más de 15 días desde que el gobierno central desembolsó 74 millones de soles para reducir los efectos del COVID-19 en las dos mil comunidades nativas. Sin embargo, los puestos de salud en las comunidades continúan en abandono y el virus se propaga sin pausa.
Ely Tangoa, presidente de Coordinadora de Desarrollo de los Pueblos Indígenas de San Martín (Codepisam) advierte que el pueblo amazónico se movilizará como una primera señal de estar cansados ante la inoperancia del Estado.
En la región de San Martín se estima mil sospechosos con coronavirus entre los pueblos indígenas Shawi, Awajún y kichwa que no pueden ser confirmados por falta de pruebas médicas.
El presidente de la Codepisam pide al presidente Martín Vizcarra enviar a sus ministros hasta las comunidades olvidadas para que el Estado asuma la responsabilidad de velar por la salud de todos los peruanos.
Antonio Peña Jumpa, catedrático de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP)
Autoridades insensibles
La agonía sanitaria de las comunidades de los pueblos Kandozi y Shapras en la provincia Datem del Marañón, región Loreto, no ha cambiado por la insensibilidad de las autoridades regionales, a pesar de existir una sentencia judicial que les ordena cumplir sus obligaciones.
Así lo explica Antonio Peña Jumpa, profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú y de la Universidad Nacional de San Marcos, quien afirma que se debe denunciar este incumplimiento de las autoridades.
El profesor Antonio Peña Jumpa conoce de cerca la discriminación por la condición indígena que atraviesan los kandozis.
Peña Jumpa sostiene que las autoridades deben promover y fortalecer en el presupuesto nacional la autonomía de los kandozi para resolver sus problemas ya que el Estado peruano tiene fallas estructurales para atenderlos.
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