Servindi, 27 de julio, 2020.- Compartimos nuestro boletín semanal de noticias, edición Perú, con algunos de los hechos más destacados de la semana en el ámbito indígena y ambiental del país. Se autoriza la libre reproducción y difusión. Todos los derechos están compartidos.
El actual resumen de noticias de Servindi es locutado por Janeth Apari y Renzo Anselmo
Mundo Indígena al 27 de julio de 2020
Reactivan a maderera investigada. La empresa Inversiones La Oroza investigada por tráfico ilegal de productos forestales maderables recibió más de un millón de soles de Reactiva Perú, programa del Estado para la emergencia del COVID-19.
En 2015 intervinieron a esta y otras madereras al intentar exportar más de 1300 metros cúbicos de madera presuntamente ilegal explicó Alberto Caraza de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Loreto.
Pese a sus antecedentes, el Gobierno Regional de Loreto anunció la reactivación del sector forestal desde las instalaciones Inversiones La Oroza, según reportó el portal ambiental Mongabay.
Confiep al ataque. Recurriendo a argumentos sin fundamento diversos sectores encabezados por el gremio empresarial Confiep, intentan desinformar a la población para evitar que el Congreso de la República ratifique el Acuerdo de Escazú.
Confiep argumenta que con la ratificación del acuerdo nuestro país estaría “exponiendo a más del 60% del territorio nacional que es la Amazonía peruana” creando alarma y temor.
Escazú busca garantizar plenamente tres derechos ambientales: acceso a la información, participación ciudadana en la toma de decisiones y acceso a la justicia.
El Congreso debe ratificar el Acuerdo de Escazú. El Congreso de la República está en la obligación de ratificar el tratado internacional de derechos humanos en materia ambiental denominado Acuerdo de Escazú.
Así lo sostiene la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos que recuerda que dicho acuerdo fue suscrito en 2018 por el Estado peruano para proteger el medio ambiente y a sus defensores.
El pedido la Cancillería para que el Congreso se abstenga de ratificar el acuerdo es una interferencia del Ejecutivo «en una competencia del Congreso» indica el Instituto de Defensa Legal.
Reactivación forestal amenaza a pueblos en aislamiento. El reinicio de las actividades en las concesiones forestales promovidas por el Gobierno Regional de Loreto amenaza la vida, salud e integridad de los pueblos en aislamiento, advierte el portal Wayka.
Para la organización indígena ORPIO, la reactivación forestal del Gobierno Regional implica otorgar o reactivar concesiones forestales superpuestas a cuatro reservas indígenas.
Así lo indica una demanda de amparo presentada por ORPIO que busca que el Gobierno Regional se abstengan de dicha reactivación en las reservas indígenas en proceso de reconocimiento.
Espinar exige presencia de Premier. Autoridades locales y líderes sociales de Espinar esperarán a una comisión de alto nivel conformada por el Premier Pedro Cateriano y Ministros de Estado para iniciar el diálogo.
La reunión multisectorial ratificó los seis puntos de la agenda: la reformulación del convenio marco, atención médica la población afectada por metales pesados y la contaminación en el corredor minero.
También, el desembolso de los 50 millones del Comité de Gestión, rechazar el proyecto minero Corccohuayco y la reestructuración del Poder Judicial y la Fiscalía en la provincia.
Exigen acción de amparo. Un amplio colectivo social demandó ante la Defensoría del Pueblo interponer una acción de amparo ante el incremento de casos de COVID-19, presuntamente producidos por el reparto de bonos.
El pedido presenta un conjunto de evidencias que reforzarían la existencia de una relación entre la entrega de bonos y el aumento de contagios de COVID-19 en las comunidades awajún y wampís, de Amazonas.
Entre los firmantes de la demanda están el alcalde de Condorcanqui, Héctor Requejo, el Comando Covid Indígena Awajún y Wampis, especialistas en salud, organizaciones de la sociedad civil, entre otros.
Pueblo Awajún en emergencia. La acelerada propagación del COVID-19 afecta severamente al pueblo Awajún y pone en riesgo su existencia, sostiene la analista Marlene Castillo Fernández.
Al menos 2800 personas con COVID-19 confirmado pertenecen a indígenas en según reportes de las Direcciones Regionales de Salud de Loreto, Ucayali y Amazonas que incluyen la variable étnica.
A dos meses de creada la Comisión Multisectorial el Ministerio de Salud no incluye dicha variable en su reporte para hacer visible el contagio en los pueblos indígenas observó Marlene Castillo.
Muerte en Condorcanqui. “Día a día mueren indígenas porque no hay una atención oportuna” en Condorcanqui y “el poco personal de salud se encuentra concentrado en las capitales de distritos”.
Así lo afirmó Víctor Atausupa Molina, periodista de Radio Kampagkis, quien explicó que el retorno humanitario de lugareños que se encontraban en otras regiones trajo la COVID-19.
Desde Santa María de Nieva, en Amazonas, el comunicador señala que otro factor de contagio fue el desplazamiento de comuneros hacia los lugares asignados para cobrar los bonos del Estado.
Medicamentos no llegan a las comunidades. Edwin Montenegro Dávila, dirigente nacional de la organización indígena Aidesep, denunció que, pese a los anuncios del Estado, los medicamentos no llegan a las comunidades indígenas amazónicas.
Desde Amazonas, el dirigente awajún refirió que Aidesep viene exigiendo que el Estado atienda de manera urgente la emergencia en las poblaciones indígenas.
Señaló también que, por la falta de medicamentos, las madres indígenas recurren a las plantas tradicionales en busca de alivio y que el oxígeno es escaso en el área.
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