Servindi, 29 de enero, 2022.- A pesar del desastre ambiental provocado por el derrame de petróleo el Estado no cuenta con un marco legal fuerte para obligar a la empresa Repsol a remediar los impactos en una magnitud equivalente al daño causado.
Y es que en el Perú, la multa máxima que podría imponer el Estado es 30 mil Unidades Impositivas Tributarias (UIT), lo que equivale a unos S/ 138 millones que es una suma irrisoria frente a los daños.
Así lo destaca Beatríz Salazar, del Centro Peruano de Estudios Sociales (Cepes), quién remarca que el derrame en la refinería La Pampilla afecta cientos de kilómetros del ecosistema marino-costero.
Una alternativa puede ser que el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) ordene medidas correctivas de restauración para retornar a la situación anterior.
También, medidas de compensación ambiental para sustituir el bien ambiental afectado que no puede ser restaurado. También evaluar la posibilidad de entablar demandas en tribunales internacionales para obtener una indemnización.
A continuación el artículo completo:
Derrame de petróleo revela debilidad de nuestra institucionalidad ambiental
Por Beatriz Salazar, Coordinadora del área de cambio climático y agricultura sustentable del CEPES
En las últimas semanas, los peruanos hemos vuelto a sufrir las nefastas consecuencias de la escasa prioridad que otorgamos a la protección de nuestro derecho constitucional a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de la vida. Cientos de kilómetros del ecosistema marino-costero han sido seriamente dañados por el derrame de petróleo en la Refinería La Pampilla, a cargo de la empresa española Repsol. La empresa ha intentado evadir su responsabilidad e incluso ha provocado un segundo derrame que niega, y el Estado peruano no cuenta con un marco legal lo suficientemente fuerte para obligar a Repsol a hacerse cargo de la contención e iniciar la remediación en una magnitud equivalente al daño causado.
Si se hubiera producido el derrame en las costas españolas, se obligaría a la empresa responsable a devolver a su estado natural el hábitat contaminado y si no está en posibilidad de hacerlo, a pagar por la contaminación o bien por usar servicios de recuperación de terceros. En el Perú, la multa máxima que podría imponer el Estado es 30 mil Unidades Impositivas Tributarias (UIT) equivalente a unos S/ 138 millones que es una suma irrisoria frente a los daños causados. Además. la empresa podría judicializar el cobro de la multa, con juicios que pueden demorar varios años. Una alternativa puede ser que el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) ordene medidas correctivas de restauración con la finalidad de retornar al estado de cosas existente con anterioridad a la afectación, o de no ser posible, medidas de compensación ambiental para sustituir el bien ambiental afectado que no puede ser restaurado. También evaluar la posibilidad de entablar demandas en tribunales internacionales para obtener una indemnización.
Los daños no se limitan al océano y las playas. La agricultura también podría ser perjudicada. La desembocadura del río Chancay, con campos de cultivos en sus cercanías, habría sido afectada por el petróleo. El bajo caudal del río habría provocado a que se mezclen las aguas fluviales con las corrientes del mar contaminadas con restos de hidrocarburos. Vinculado al problema de la contaminación de suelos y ríos está el método que se usará para disponer del petróleo recuperado. Un artículo reciente en la Revista de la Escuela Superior de Guerra Naval advierte que, en las operaciones de limpieza, recuperación y restauración ambiental, el Perú no realiza adecuadamente la disposición final de los hidrocarburos recuperados.
Indirectamente, muchos más agricultores podrían ser perjudicados por el daño producido a las aves guaneras en la reserva nacional Sistema de Islas, Islotes y Puntas Guaneras, zona de refugio de aves marinas que producen guano, un abono natural que actualmente es muy demandado por los agricultores debido al alza en el precio de los fertilizantes importados.
Esperamos que esta crisis nos haga tomar conciencia de que la institucionalidad ambiental debe ser fortalecida para evitar que se repitan desastres como este.
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* Beatriz Salazar es coordinadora del área de cambio climático y agricultura sustentable del Centro Peruano de Estudios Sociales (CEPES).
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