El sector hidrocarburos, hoy manchado por el desastre ecológico, ha operado para debilitar la institucionalidad ambiental del país desde hace años. Aquí se lo recordamos.
Servindi, 31 de enero, 2022.- Entre 2014 y 2017, una ley impulsada por el Ejecutivo redujo la facultad sancionadora del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) y permitió perdonar y recortar multas a las empresas extractivas por faltas ambientales probadas.
La Ley 30230, conocida como “paquetazo ambiental”, logró aprobarse pese a los cuestionamientos y debido a la presión ejercida por la industria extractiva, entre ellas, del sector hidrocarburos.
Sí: el sector hoy manchado por el desastre ecológico es el mismo que desde hace años ha operado para debilitar la institucionalidad ambiental del país y aquí se lo recordamos.
Paquetazo ambiental
La cuestionada norma fue promulgada por el Congreso en julio de 2014, luego de ser enviada por el Ejecutivo de Ollanta Humala, que lo aprobó abruptamente en Consejo de Ministros.
Se hizo conocida como “paquetazo ambiental” debido a que el artículo 19 de dicha ley permitía reducir y perdonar multas por infracciones ambientales a empresas de la industria extractiva.
En la práctica, lo que se había gestado era la reducción de la facultad sancionadora del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), tan incómoda para cierto sector.
Así, según la ley, en caso se determinara la existencia de una infracción ambiental, en adelante OEFA debía dictar preferentemente medidas correctivas o preventivas antes que la imposición de multas.
Además de que las multas solo podían imponerse en casos excepcionales y hasta por un 50 % del tope máximo normal durante los 3 años que durara el “régimen de excepción” de la ley.
Quienes defendían la norma señalaban que esta “favorecía una fiscalización correctiva antes que punitiva”, privilegiando la remediación ambiental “con enfoque proteccionista del ambiente”.
Ley 30230 redujo facultad sancionadora del OEFA. Foto: OEFA
Efectos nocivos
En los hechos, la Ley 30230 fue lo que cada cara de lo moneda quiso ver: un negocio redondo para los infractores ambientales y un desastre para la institucionalidad ambiental.
Investigaciones periodísticas del portal Convoca.pe revelaron que la ley benefició a las industrias extractivas por más de 55 millones de soles en los primeros ochos meses de su implementación.
El monto comprendía los 30 millones de soles que el Gobierno dejó de cobrar en multas mineras y otros 25 millones de soles perdidos en multas por infracciones graves vinculadas al sector hidrocarburo.
El escándalo fue de tal magnitud que la propia presidenta del OEFA para 2016, Tessy Torres, tuvo que admitir ante el Congreso que la ley había sido un fracaso total para la institución.
La norma no había disuadido a las compañías en el incumplimiento reiterado de las leyes ambientales y, por el contrario, las había animado a cometer mayores infracciones por la reducción de las multas.
Las empresas del sector hidrocarburos pasaron de registrar 24 % de incumplimientos a un 76 % con la ley 30230; mientras que las de pesca pasaron del 2 % al 76 %, según Convoca.pe.
Tessy Torres, presidenta de OEFA, tuvo que admitir ante el Congreso en 2016 que la Ley 30230 no había cumplido su objetivo. Foto: OEFA
Presión empresarial
Aunque la vigencia del régimen de excepción que redujo la facultad sancionadora del OEFA culminó el 14 de julio de 2017, los responsables de este despropósito quedaron registrados en investigaciones periodísticas.
Allí figuran, por ejemplo, el entonces ministro de Economía, Luis Miguel Castilla; su entonces asesor principal, Alonso Segura; y la otrora funcionaria de este sector, Fiorella Molinelli.
También se identificó, según una investigación de Convoca.pe, la fuerte presión de la Sociedad Peruana de Hidrocarburos, dirigida entonces por la exdefensora del Pueblo, Beatriz Merino.
No está demás mencionar que, meses después de que se aprobara la cuestionada Ley 30230, Molinelli dejó el MEF para convertirse en consultora de la Sociedad Peruana de Hidrocarburos.
Recordando este acontecimiento, debería extrañar menos el por qué la imponente compañía Repsol actúa como actúa frente al derrame petrolero en las playas de Ventanilla, el mayor desastre ecológico de nuestra historia reciente.
Luis Miguel Castilla (izquierda) y Alonso Segura (derecha). Foto: Andina.
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