Servindi, 21 de enero, 2017.- Compartimos nuestro boletín semanal de noticias, edición Perú, con algunos de los hechos más destacados de la semana en el ámbito indígena y ambiental del país. Se autoriza la libre reproducción y difusión. Todos los derechos están compartidos.
El actual resumen de noticias de Servindi es locutado por Patricia Saavedra y Rafael Ponte.
Mundo Indígena al 21 de enero de 2017 (Puede descargar el audio con clic derecho en el botón "Reproducir" y luego en "Guardar audio como...").
Chinchero. Una mesa de diálogo intersectorial anunció la viceministra de Transportes para atender las demandas sociales de las comunidades afectadas por el aeropuerto de Chinchero, en el valle sagrado del Cusco.
El aviso se efectuó luego de una reunión con las comunidades quienes expresaron su malestar por los impactos que generará dicha obra sobre la identidad cultural y el modo de vida de las comunidades quechuas ancestrales del lugar.
El congresista cusqueño Wilber Rosas dijo que las comunidades no se oponen al aeropuerto pero buscan una justa retribución por las tierras que perderán para siempre.
Ruth Luque, ex directora de la organización Derechos Humanos Sin Fronteras, sostiene que el gobierno debe implementar la consulta previa en Chinchero, un gesto que le daría al gobierno la oportunidad histórica de garantizar los derechos de las comunidades afectadas.
De otro lado, el periodista Jesús Manya Salas, afirmó que se debe revisar el contrato con la empresa a cargo puesto que ésta no tendría liquidez financiera.
Censo poblacional. Organizaciones de rondas campesinas fueron informadas de la importancia de la autoidentidicación indígena en el próximo Censo Nacional de Población y Vivienda.
La capacitación estuvo a cargo de la Federación Agraria del Nor Oriente Peruano (FANORP) afiliada a la Confederación Nacional Agraria.
El censo se realizará este año e incluirá por primera vez en la historia del país una pregunta referida a la identificación étnica.
Ello será importante para reivindicar y exigir el cumplimiento de derechos colectivos como el derecho a la consulta previa y al territorio, entre otros.
Operación Cóndor. La defensa del exmandatario Francisco Morales Bermúdez afirma que el fallo emitido en Italia y que lo condena a cadena perpetua por crímenes durante la "Operación Cóndor" no tendría efecto.
Sin embargo, la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh), recordó que existe un proceso pendiente en la Fiscalía peruana por el secuestro y deportación de 13 líderes de izquierda en Perú como parte de dicha operación.
La Operación Cóndor fue llevada a cabo por dictadores sudamericanos y organismos de Estados Unidos en décadas pasadas para eliminar opositores de izquierda.
Deforestación. El Perú tiene como uno de sus compromisos climáticos al 2021 lograr una deforestación cero.
Sin embargo, las políticas estatales e internacionales que promueven los monocultivos agroindustriales en la Amazonía alientan la tala y la deforestación.
Así lo explicó la especialista del Instituto de Estudios Forestales y Ambientales - Kené, Lucila Pautrat.
Indicó también que a todo ello se suma la corrupción en los procesos de concesión de tierras liderados desde el propio Estado en perjuicio de las comunidades originarias.
Demandan titulación. Precisamente, hablando de deforestación, en el año 2016 más de un proyecto de palma aceitera intentó invadir territorios indígenas en la región San Martín.
Así lo denunció Elí Tangoa Lancha, líder indígena del pueblo Shawi, quien explicó que ante dicha arremetida los pueblos han decidido priorizar la demanda de titulación de sus territorios.
Tangoa indicó que los gobiernos regionales entregan constancias de uso y posesión de territorios a terceros que luego las transfieren a empresas de palma aceitera como las del Grupo Romero.
Sin embargo, éstas constancias tienen un vicio de nulidad porque la norma que las regula no se aplica a territorios de comunidades, indicó Tangoa.
Justicia intercultural. Las rondas campesinas de Piura y dos cortes superiores firmaron un convenio para instalar la Escuela de Justicia de Paz e Interculturalidad en Sullana.
Según el acuerdo, las rondas campesinas aprenderán sobre los límites entre la justicia ordinaria y la ronderil, y reconocerán el rol que tienen dentro de sus jurisdicciones.
Igualmente, se promoverá la capacitación a los jueces de paz y actores que intervengan en la administración de justicia.
Campaña contra la igualdad. Los avances en igualdad de género logrados a través de años podrían sufrir un retroceso por la campaña desatada por sectores conservadores.
Así lo advirtió el colectivo Únete en referencia a la campaña “Con mis hijos no te metas”, que pretende que se omita en el currículo educativo el enfoque de género.
Dicho enfoque busca promover la igualdad de oportunidades entre mujeres y varones y el respeto a las diferencias.
Adiós a la transparencia. El Instituto IDLADS cuestionó la creación de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Consideró que el organismo no resolverá la necesidad de transparentar el sector público para rendir cuentas a la ciudadanía.
Indicó que se trata de una dirección de línea del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, carente de personería jurídica y autonomía presupuestal.
Dicho organismo no tiene la "capacidad de poner en vereda a los sectores amantes del secretismo en la información pública", afirmó IDLADS.
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