La ex viceminsitra de Interculturalidad, Patricia Balbuena, analiza el trasfondo de la problemática que se viene acrecentando en la selva tras los derrames del Oleoducto Norperuano. Demandas acumuladas de parte de las comunidades y carencias estructurales, son solo algunos de los tópicos que salen a flote tras la catástrofe ambiental.
La Mula, 13 de octubre, 2016.- "42 comunidades están en paro desde el 1 de setiembre en protesta por los derrames ocurrido en el oleoeducto Nor-peruano. En los últimos años 5 años se han producido 22 accidentes de este tipo que han afectado a la población de las comunidades nativas. Hay consenso en señalar que la causa de estos accidentes es la falta de mantenimiento de un oleoducto que fue inaugurado en 1976.
Es por ello que una de las demandas de las comunidades tiene que ver con el mantenimiento del oleducto, a la que se suma la aprobación de una ley que regule el monitoreo ambiental comunitario y el pago de compensación por las afectaciones a su salud y medio ambiente. Que Petroperú señale que los últimos derrames se deben a la acción de terceros no quita que el Ministerio de Energía y Minas deba responder de acuerdo al plan de contingencia definido por el propio sector.
El principio que guía la acción ante un derrame es que “quien contamina, paga”. Ante ello, el Estado ha concentrado su rol en vigilar que la empresa cumpla de acuerdo a lo establecido en los instrumentos aprobados. Las acciones de fiscalización están a cargo de OSINERGIMIN y OEFA y se centran en la afectación a la infraestructura y al medio ambiente. Pero ¿quién vigila la atención que se brinda a la población afectada?, y en ese caso ¿cuáles son los estándares que deben cumplirse?
Cuando en febrero de 2016 ocurrieron los derrames de petróleo que afectaron a las comunidades de Chiriaco en Amazonas y el Morona en Loreto, el Ejecutivo intervino e identificó que uno de los problemas era la falta de una entidad que garantice a las familias afectadas reciban de manera oportuna agua, alimentos, atención médica y otras acciones necesarias frente a la grave afectación que habían sufrido.
Pero hay algo que parece no tomarse en cuenta a la hora de responder al justo reclamo de las comunidades. Y es que existe un escenario previo de alta vulnerabilidad. Frente al escenario de un derrame, las comunidades ven una posibilidad de llamar la atención del Ejecutivo para expresar sus demandas acumuladas. Esto hace más compleja la intervención privada, pues las demandas comunales se canalizan hacia lo que estas puedan cubrir o pagar. Cuando el derrame en Chiriaco, la empresa contrató personas de la comunidad para la limpieza pagando jornales diarios de 150 nuevos soles, algo que en economías de subsistencia son sumamente atractivas. Con ello provocó que los trabajadores del Programa Nacional de Saneamiento Rural en la zona renunciaron a sus puestos de trabajo para dedicarse a las labores de limpieza y remediación. Los pobladores indígenas también se movilizan por una lógica económica. Pero ello no aminora la desconfianza, pero las respuestas estatales han llevado a acciones que sólo resuelven la coyuntura y no el fondo.
No se puede pretender que la empresa privada resuelva situaciones que tienen un trasfondo de carencias estructurales mientras que el Estado asume solo un papel fiscalizador de problemas de contaminación ambiental en escenarios de emergencia
No se puede pretender que la empresa privada resuelva situaciones que tienen un trasfondo de carencias estructurales mientras que el Estado asume solo un papel fiscalizador de problemas de contaminación ambiental en escenarios de emergencia. Llevamos más de 40 días de protesta y esto es solo el anuncio de una crisis mayor. Las comunidades y los asentamientos ribereños dependen de la actividad petrolera. Muchas empresas comunales empezaron a sentir la crisis con la caída del precio del petróleo, puesto que ello hizo caer drásticamente sus ingresos. El fondo de beneficios creado con el acuerdo del lote 192 para las comunidades de las 4 cuencas con el cierre del oleoducto en un año apenas tiene un acumulado de 200,000 dólares. A esto se suman los viejos problemas de cobertura y acceso a servicios básicos principalmente en salud y el inicio de la remediación en la zona.
El anuncio por el presidente de Petroperú de un programa de apoyo a la zona es una buena noticia que, junto a otras iniciativas como las intervenciones del MIDIS a través de la Estrategia de Acción Social con Sostenibilidad para comunidades nativas, pueden lograr que los más vulnerables –pienso en las mujeres y niños indígenas- no empeoren su situación.
Finalmente el diálogo con buena fe de ambas partes debe ser canalizado en un espacio institucional que reúna a los líderes y lideresas de todas las cuencas y no privilegien el acceso de algunos dirigentes con las más altas autoridades. También es importante establecer con los dirigentes los límites de su protesta y que acciones como retener a pobladores contra su voluntad, entre ellos niños o personas enfermas, no está avalado por ningún derecho colectivo establecido el convenio 169 de la OIT."
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