Servindi, 4 de noviembre, 2014.- Ocho indígenas otomíes del poblado de San Francisco Xochicuautla, Estado de México, fueron detenidos ayer por un gran número de policías, cuando protestaban contra la construcción de una carretera que afectará centros ceremoniales de un bosque "sagrado".
El espacio lleva por nombre Bosque Otomí-Mexica y se ubica en la serranía que circunda el Valle de México. Es en este lugar donde la empresa “Autovan”, del empresario Armando Hinojosa Cantú, amigo y frecuente contratista del gobierno de Peña Nieto, pretende construir la autopista Toluca-Naucalpan.
De acuerdo a testigos, cerca a las 13:00 horas, centenares de policías ingresaron, acompañados de algunos trabajadores de Autovan, a la zona del bosque donde se habían talado árboles con el fin de aplanar el terreno.
Enterados de la llegada de estas personas, la población acudió al lugar para pedir que se retiren. Sin embargo, al no obtener respuesta, y luego de comprobar que los trabajadores no contaban con ninguna autorización, los comuneros formaron un cordón humano para obstruir las labores.
Según los testimonios, en seguida los efectivos empezaron a empujar y detener a algunos comuneros.
"A tres agarraron primero, los jalaron…Ya nos estábamos retirando y jalaron a los demás y al doctor Armando. Yo pienso que era el indicado (al que) que querían agarrar”, afirmó un testigo al portal noticioso Masde131.
Por otra parte, un comunicado emitido el mismo día de los hechos por el Frente de Pueblos Indígenas en Defensa de la Madre Tierra informó que las detenciones se dieron por “exigir que presenten con qué documentación están destruyendo el bosque comunal”.
De acuerdo a esta versión, desde el 10 de octubre, la población viene exigiendo tales autorizaciones, ya que la zona fue “invadida” por trabajadores resguardados por policías “granaderos”, para continuar con las obras de la vía a través del bosque.
El comunicado afirma que la construcción de la autopista avanza “a pesar de los juicios agrarios que decretaron la invalidez de sus asambleas tramposas y corrompidas por la empresa, la policía y el gobierno del Estado de México”.
Según el representante de la comunidad ante el Congreso Nacional Indígena, Armando García, el descontento de la población se origina porque la vía atravesará los centros ceremoniales de La Cruz y La Piedra, asimismo, por el daño ambiental en el bosque considerado sagrado por los otomíes.
El líder -que también fue detenido en el operativo- indicó que la empresa no ha presentado una propuesta que beneficie a las comunidades por el costo ambiental. “Sólo quieren pagarles 230 pesos por el metro cuadrado de tierra”, afirmó.
Cabe destacar que Armando García ha representado a los opositores a la autopista ante organizaciones sociales e indígenas.
Asambleas invalidadas
El 2 de mayo de este año, los indígenas ganaron el Amparo Directo número 48/2014 contra la construcción de la vía que invalidaron las cuestionadas asambleas llevadas a cabo desde 2011, en las que supuestamente se permitió el desmonte para la carretera.
Algunos meses después, el 27 de octubre, los comuneros demandaron a la empresa Autovan y a la Secretaría de Seguridad Pública por desacato al amparo y por daño ambiental.
Senador se solidariza
El violento incidente fue lamentado por el senador del PRD y ex candidato a gobernador, Alejandro Encinas, quien demandó, en un pronunciamiento, que los hechos sean esclarecidos y que se brinde protección y seguridad a los pobladores.
"De lo contrario serán responsables de los conflictos sociales que se generen en esta comunidad", aseguró.
Estrategia de expropiaciones
La abogada de las comunidades de San Francisco Xochicuautla y Santa Cruz Ayotuxco, Esther Goujón, explicó las estrategias del Gobierno de Peña Nieto para dar luz verde a la construcción de la carretera por las comunidades que se oponen.
Se trata de decretos expropiatorios que se hacen viables mediante convenios de ocupación aprobados en asambleas realizadas por comisariados de bienes comunales y las autoridades agrarias.
“Dentro del capítulo de expropiaciones dice que no se admite un convenio dentro de un procedimiento de expropiación si no es autorizado por la asamblea general de comuneros”, explicó la abogada.
Sin embargo, denunció que las asambleas realizadas “han sido hechas de manera amañada y sin cumplir los requisitos de ley de mayoría ni convocatorias”.
Señaló la existencia de un “contubernio entre autoridades, desde quienes elaboran el acta, quienes convocan. El registro agrario legaliza actas no legales y con esto empiezan a hacer las negociaciones para imponer los intereses de las empresas.”
Pese a ello, los pueblos como San Francisco Xochicuautla han echado abajo esta estrategia de expropiación gracias a los amparos, indicó.
La citada comunidad, desde hace siete años ha denunciado este caso, y lo ha llevado por diversos foros del país.
Comentarios
Carreteras, parques eólicos, gasoductos, aeropuertos y acueductos que pasan por territorios indígenas pasando por alto el derecho a la consulta. Empresas nacionales y trasnacionales que pactan con comisariados ejidales corruptos o que manipulan asambleas, y cuyos trabajadores necesitan el resguardo de la policía que encarcela a líderes indígenas y comunitarios, y desaparece estudiantes de la mano del narco. Así está la triste realidad de nuestro querido país...
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