Servindi, 29 de abril, 2010.- La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó que se libere de inmediato a las pobladora indígenas de la etnia Otomí Alberta Alcántara y Teresa González, quienes estuvieron presas por 4 años acusadas “sin pruebas” del presunto secuestro de 6 policías.
La Suprema Corte determinó que en ningún momento se acreditaron los delitos que la Procuraduría General de la República (PGR) les imputó a las pobladoras del Estado de Querétaro.
En ese sentido, la ministra Olga Sánchez, a cargo de la elaboración del dictamen aprobado por el pleno, manifestó que el proceso se observó “graves irregularidades” contra las indígenas. “Desde la fabricación de testimonios hasta el uso de pruebas ilícitas”.
El dictamen de Sánchez concluyó que había suficientes elementos para revocar la sentencia del juzgado cuarto de distrito de procesos penales en Querétaro.
Cabe recordar que las dos indígenas, declaradas presas de conciencia por Amnistía Internacional, fueron sentenciadas a 21 años de cárcel por el supuesto secuestro de seis policías de la Agencia Federal de Investigación (AFI) durante un operativo contra la piratería en Santiago Mexquititlán, Querétaro, en marzo de 2006.
El Senado de la República, a cargo de su presidente Carlos Navarrete del Partido de la Revolución Democrática (PRD), fue el ente encargado de solicitar a la Suprema Corte revocar la sentencia contra Alberta y Teresa.
“No es posible que en medio de todas las evidentes irregularidades Alberta y Teresa sigan purgando tras las rejas”, sostuvo Carlos Navarrete.
En julio de 2009 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) había emitió una recomendación contra la PGR por considerar que las mujeres otomíes fueron detenidas y sentenciadas con falsos testimonios. La Procuraduría General en ningún momento aceptó revisar el caso.
Uno de los abogados de las procesadas, Leopoldo Maldonado, exigió al gobierno federal una disculpa pública, además de un castigo para los responsables de su encierro por casi 4 años. Agregó que se promoverá un juicio para pedir la reparación del daño, aunque admitió que “se ve difícil” que se consiga.
Anteriormente, Jacinta Francisco Marcial, la otra indígena otomí detenida junto con Alberta y Teresa, abandonó el 16 de septiembre pasado el penal de San José el Alto, Querétaro, donde pasó 3 años presa.
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