Servindi, 9 de febrero, 2013.- Entregamos a nuestra audiencia un resumen semanal de noticias, edición Perú, con algunos de los hechos más destacados de la semana que hicieron noticia en el ámbito indígena y ambiental del país. Se autoriza la libre reproducción y difusión. Todos los derechos están compartidos.
- Resumen Perú, 9 de febrero, 2013 (Archivo mp3, 8 minutos, 35 segundos. Descargar con un clic en el enlace y luego elegir guardar como).
Mundo Indígena Perú al 9 de febrero de 2013
Base oculta. Un reportaje difundido por el diario La República reveló los desencuentros dentro y fuera del gobierno para difundir la Base de Datos de Pueblos Indígenas que trabajó el Viceministerio de Interculturalidad y que serviría como referencia para los procesos de consulta previa.
Según el informe escrito por Marco Sifuentes, el Ministerio de Energía y Minas estaría especialmente interesado en que la información de la Base de Datos –lista desde junio del año pasado- no se conozca públicamente.
De este modo se mantendría a la sombra el número de proyectos mineros que se encuentran superpuestos a territorios indígenas sin haberse aplicado el proceso de consulta.
Entre las principales razones para que no se haga pública la información está el temor de que se revele la exclusión de comunidades –especialmente del área costa-andes–, lo que originaría un gran descontento y reclamo.
Cañaris. Los representantes de las comunidades de Lambayeque que se oponen a la realización del proyecto minero Cañariaco se declararon en “permanente movilización y resistencia” porque consideran que el Gobierno “obvió” sus demandas en la mesa de diálogo llevada a cabo en Ferreñafe.
La segunda reunión se llevó a cabo el sábado dos de febrero pero los funcionarios del gobierno se opusieron a debatir y colocar en el acta el principal pedido comunal: el rechazo al proyecto Cañariaco y el retiro de la empresa candente Cooper.
Ante la negativa oficial a los representantes de la parte comunal no les quedó otra opción que negarse a firmar el acta. “Yo no firmo pero no me corro” dijo Cristóbal Barrios Carrillo, presidente de la Comunidad San Juan de Cañaris.
Onamiap. Las mujeres indígenas del Perú agrupadas en la organización Onamiap demandaron a las autoridades no ignorar sus obligaciones y cumplir el estado democrático de derecho garantizando los derechos colectivos de la comunidad de Cañaris.
En un comunicado exigen respetar su derecho a un desarrollo sostenible con identidad, basado en actividades como la agricultura orgánica y la ganadería.
Esas actividades se realizan en armonía con la naturaleza, y para esto es imprescindible garantizar la intangibilidad de sus bosques húmedos, ecosistemas, cuencas de agua y cultura ancestral.
Onamiap recordó que el Estado peruano incurre en grave violación a los derechos fundamentales del pueblo Cañaris “al intentar imponer una actividad extractiva que causará importante afectación a su hábitat y modificará de manera sustancial e irreversible sus condiciones de vida”.
EIA. El abogado Juan Carlos Ruiz Molleda recordó que los estudios de impacto ambiental deben cumplir un conjunto de reglas obligatorias para tener validez.
Tales requisitos se encuentran en el Convenio sobre Pueblos Indígenas N° 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, recaídas en los Casos Saramaka vs. Suriname y Sarayacu vs Ecuador.
La finalidad del estudio de impacto ambiental es garantizar la subsistencia de los pueblos indígenas, las consultoras que lo elaboren deben ser independientes, indicó Ruiz Molleda.
Institucionalidad. “Los esfuerzos por construir una institucionalidad pública para pueblos indígenas se han visto defraudados durante los últimos gobiernos. Y lo poco alcanzado, ha sido desmontado y hecho trizas por el siguiente” expresó Jorge Agurto, director de Servindi, en un artículo de opinión.
“Por eso no sorprende que a pocos días de que venza el plazo del Grupo de Trabajo sobre Institucionalidad Pública en Materia de Pueblos Indígenas creado por el gobierno de Ollanta Humala en octubre de 2012 no exista una propuesta bien trabajada y menos aún consensuada” indicó.
“Y es que los gobernantes acceden al poder empleando símbolos indígenas pero una vez en él no son capaces siquiera de dialogar en una mesa de alto nivel con sus representantes” expresó.
Deforestación. El Frente de Defensa y Desarrollo de Alto Amazonas (Fredesaa) denunció al Grupo Romero por deforestar bosques primarios en el distrito de Yurimaguas, en Loreto, a raíz de las operaciones de su proyecto de producción de agrocombustibles “Palmas del Shanusi”.
El mismo cubre un área de siete mil hectáreas adquiridas al Estado y otras dos mil hectáreas compradas a propietarios locales.
Torturadores. Una investigación del periodista Julio Vásquez Calle reveló la existencia de una red de empresas de fachada de la Transnacional Minera Canadiense Cóndor Resource Inc; ubicadas en la parte cajamarquina de la Cordillera del Cóndor.
Estas empresas operarían con personajes que torturaron a comuneros que se opusieron al proyecto Rio Blanco, en Piura, y que se habrían desplazado a la región cajamarquina.
Tomás Bazán Jempekit, presidente de la Organización Fronteriza Aguaruna de Cajamarca (ORFAC), cuya sede está en la Comunidad Supayacu, denunció estar amenazado de muerte por su oposición a la minería.
Sin ejecución. Pese a haber transcurrido seis meses desde que el Tribunal Constitucional (TC) emitió una sentencia favorable a la comunidad Tres Islas, en Madre de Dios, la autoridad correspondiente de ejecutar la misma aún no lo ha hecho.
Juana Payaba, expresidenta de la comunidad informó que pese a las acciones emprendidas por la propia comunidad en octubre -que incluyó la expulsión de terceros de la misma- mineros informales e ilegales y empresas de transportes que trasladan a estos continúan invadiendo sus territorios.
Intérpretes. El Ministerio de Cultura convocó a participar del cuarto y quinto curso de capacitación de intérpretes de lenguas indígenas para los procesos de consulta previa. La convocatoria está abierta desde el 30 de enero hasta el 6 de marzo.
Pueden participar hablantes de las siguientes lenguas: achuar, booraa, caquinte, ese eja, harakmbut, jaqaru, kakataibo, kichua, kukama-kukamiria, maijuna, matses, matsigenka, quechua de Lambayeque, secoya, uitoto, urarina, yagua y yaminahua.
Los cursos de capacitación buscan que los participantes desarrollen las destrezas necesarias para que se desempeñen como intérpretes en los procesos de consulta previa que realicen los diversos sectores del Estado.
Consulta previa. La congresista Verónika Mendoza sostuvo que la consulta a las comunidades indígenas se debe realizar antes de la licitación del lote 192 (ex 1AB) y no después, bajo el criterio de que las empresas que participen en la licitación conozcan las demandas indígenas desde el principio.
“De esta manera las reglas del juego estarán claras y habrá un criterio de estabilidad jurídica” afirmó durante una reunión de trabajo en el Congreso con representantes de Perupetro.
Los representantes de Perúpetro informaron que se ha identificado a diecinueve comunidades indígenas que serán consultadas, y que tenían pensado que el proceso de consulta se efectuaría “antes de la licitación o en paralelo a ésta”.
Salvaguarda. El Banco Mundial realizará un taller el 14 de febrero en Lima, como parte del proceso de revisión y actualización de sus políticas de salvaguarda social y ambiental, incluyendo su Política sobre Pueblos Indígenas.
El taller es de convocatoria abierta a representantes de la sociedad civil, sector privado, agencias de desarrollo, comunidades afectadas y agencias relevantes en Lima.
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